Eduardo Barcesat: de defender al kirchnerismo a asesor del Ministerio de Agricultura

"Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2020 como asesor de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al abogado Don Eduardo Salvador Barcesat…"

Así, escueta en su artículo 1°, la resolución 213 del Ministerio de Agricultura de la Nación, que conduce Luis Basterra, nombró a este abogado que siguió desde la defensa causas que involucraron a actores ligados al kirchnerismo (defendió, por ejemplo, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el supuesto desvío de fondos en Sueños Compartidos y al empresario Gerardo Ferreyra en la causa de los cuadernos), empezó en política afiliado al Partido Comunista y es referente del Foro para la Libertad de los Presos Políticos. Además, referente constitucional para el kirchnerismo.

Pese a consultas que hizo LA NACION, desde el Ministerio de Agricultura no respondieron qué funciones en particular llevará adelante Barcesat como asesor. Tampoco respondió el abogado.

La resolución sobre su designación consigna que se le asignarán 3424 Unidades Retributivas mensuales. Hoy cada unidad equivale a unos $54,2, con lo cual su remuneración rondaría los $185.580 pesos por mes.

No es al único lugar del Estado al que aparece ligado el abogado. En Santa Cruz, según el decreto Nº 0151 del 23 de diciembre pasado, a Barcesat el gobierno de Alicia Kirchner le renovó un contrato hasta fin de 2020 como "Consultor Jurídico y Procurador Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependiente de Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz." Ya había tenido otros contratos por eso para 2016, 2017 y 2019.

Barcesat también trabó una buena relación con el exministro de Agricultura Julián Domínguez, que estuvo entre 2009 y 2011 en ese cargo hasta que luego asumió como diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, hasta 2015.

Con el trasfondo del buen vínculo con Domínguez, el ahora asesor del Ministerio de Basterra colaboró en la redacción del texto de la ley de extranjerización de tierras sancionada en diciembre de 2011.

Esa ley la impulsó el gobierno de Cristina Kirchner suponiendo que en la Argentina había una fuerte cantidad de hectáreas en manos extranjeras. Sin embargo, de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades, cuando se reglamentó la ley había un 6,09% de extranjerización. En los últimos años hubo extranjeros que salieron de la actividad y cayó a 5,01% la tenencia.

La ley impuso que no podía haber más de un 15% de las tierras en manos extranjeras y que en la zona agrícola núcleo un extranjero de manera individual no podía tener más de 1000 hectáreas.

En septiembre de 2011, Barcesat, en el marco de una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) por este tema, había señalado: "Estamos recuperando ley y jurisdicción argentina en algo tan trascendental como la soberanía territorial. La tierra es un recurso de titularidad del pueblo argentino. No por una definición política sino porque está contemplado así en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales de la constitución nacional". Una misión, no precisada, lo espera ahora en la cartera de Agricultura.