El campo bonaerense está expectante ante la suba del Inmobiliario Rural para 2019

Después de que se frenara en la Cámara de Diputados de la Nación un intento para eliminar una exención en Bienes Personales para los inmuebles rurales a las personas físicas, el campo de Buenos Aires puso su atención sobre la próxima suba del Impuesto Inmobiliario Rural.

El año pasado, en la Legislatura bonaerense se votó para 2018 un aumento del 50% de este tributo (tras un alza del 38% en 2017). En ese momento, las entidades del agro se quejaron de que la suba duplicaba la inflación anual. Intentaron que se morigerara el impacto, pero igual la gobernadora María Eugenia Vidal consiguió que se aprobara sin cambios.

Ni siquiera la advertencia de posibles movilizaciones logró surtir efecto esa vez sobre el gobierno provincial. De todos modos, las autoridades bonaerenses se comprometieron a hablar cuando se tratara la suba para 2019.

Hace unos meses, desde el campo bonaerense comenzaron a conversar con funcionarios provinciales para intentar saber qué incremento podía esperarse precisamente para el próximo año. La respuesta venía siendo que había que ver qué pasaba con el presupuesto a nivel nacional.

Aprobado el presupuesto 2019 del gobierno nacional la semana pasada, es inminente que la provincia muestre sus números. Y para el caso del campo la expectativa está puesta sobre el Inmobiliario Rural.

Según pudo saber LA NACION, en las últimas semanas se intensificaron los contactos entre ruralistas y funcionarios provinciales, además de con legisladores. En el campo quieren evitar, dicen, "un exceso" en la suba tributaria. De acuerdo a fuentes consultadas, el alza podría ser del 30%, pero el número final es aún una incógnita.

"Dijeron que iba a ser según cómo saliera el presupuesto nacional. Lo planeado sería un 30%, pero con posibilidades de sorpresas", dijo una fuente del sector consultada.

Para la fuente ruralista consultada, si ese fuera finalmente el porcentaje de aumento para 2019, si bien quedaría por debajo de la inflación anual proyectada (superior al 40% este año), igual sería "mucho".

En el campo bonaerense no solo alertan por el impacto de la última suba a nivel nacional de las retenciones, sino que temen por un efecto contagio a partir del Inmobiliario Rural en las tasas viales que cobran los municipios, que el año pasado prácticamente copiar el aumento del tributo provincial.

En la provincia, el año pasado hubo polémica también porque la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) hizo unas 17.000 revisiones, según el número que manejan los ruralistas, sobre el denominado formulario 911.

Se trata precisamente de un formulario que toma en cuenta aptitudes de características de los campos y Arba hizo modificaciones que, de acuerdo a los productores, después terminaron impactando sobre la valuación fiscal y el Inmobiliario.

Pese a que el ruralismo bonaerense tiene contacto permanente con el gobierno provincial, que canaliza a través del ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís, la cuestión impositiva mantiene atento al sector.

Desde el gobierno provincial el año pasado destacaron que lo cobrado por impuestos volvía al sector en obras y rutas. En este contexto, hace unas semanas Sarquís y Roberto Gigante, ministro de Infraesctructura, ratificaron la continuidad de las obras del Plan Maestro del río Salado, que está en su tramo IV de obra. Son 212 kilómetros que demandan $14.430 millones.