La reforma que estableció el Gobierno obliga a realizar modificaciones tanto en la administración como en la gestión de los recursos
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La frase “tiranía del estatus quo” se refiere a la dificultad de cambiar una situación existente, aun cuando los beneficios del cambio exceden largamente los costos. Las razones por las cuales existen estas “tiranías” son varias. Por de pronto, todo cambio implica ganadores y perdedores.
Con frecuencia, los ganadores están dispersos y enfrentan altos costos para organizarse. A su vez, los perdedores están concentrados y pueden ejercer poder de presión. El economista Mancur Olson trató este tema en su magistral obra La Lógica de la Acción Colectiva. Podemos aplicar los conceptos anteriores al caso de la reforma propuesta por el Gobierno para el INTA en el marco del Decreto 462/2025. En este caso los ganadores de una reforma bien diseñada son el sector agropecuario y el país en su conjunto. Y los perdedores son aquellos que pueden quedar desplazados, o cuyo poder quedará recortado.
La reforma tiene múltiples dimensiones. La más cuestionable es la de venta de tierras (según algunas fuentes, entre 34.000 y 42.000 hectáreas). Postergar este sensible tema hasta tener en claro el rumbo futuro y estructura organizativa del INTA hubiera sido recomendable. Pero otros puntos del proyecto apuntan a un INTA más efectivo. Entre éstos, la reducción de 30/35 por ciento en la planta de empleados del organismo, el cierre de un número importante de agencias de extensión, y una reducción en el número de Centros Regionales. Como es de esperar, estas medidas son resistidas por aquellos que perciben que pueden ser apartados. Este cambio implica, por que negarlo, costos personales para muchos. Y debe enfatizarse que de ninguna manera corresponde acusar de “ñoquis” a la mayor parte de los que eventualmente son separados, solo reconocer la necesidad de reorganización y cambio.
La productividad de INTA depende menos del tamaño de su planta de empleados o del número de unidades (“unidades en el organigrama”) que de factores asociados a gestión de recursos humanos (selección, incentivos, perspectivas de carrera, integración de equipos y liderazgo). Esta productividad depende también de la disponibilidad de medios como laboratorios, computadoras, vehículos y recursos financieros. Hacer ciencia puede ser caro.

La reorganización es especialmente urgente en lo relativo a los programas de extensión rural. Al respecto, un trabajo que realizamos en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 muestra que un 40% de las empresas menores a 200 hectáreas tenían contacto con asesores agronómicos privados, versus solo 5-10% con extensionistas del sector público. Para las empresas mayores a 2000 hectáreas el contacto con asesores privados era de 80%, contra solo 10% con los de una institución pública. La pregunta entonces es: ¿se justifica que INTA asigne la mitad de su presupuesto de anual de US$200 millones anuales a actividades de extensión?
En relación con investigación: ¿Qué debe hacer el INTA, y cómo generar las condiciones para que lo haga con eficiencia? La institución ha producido importantes logros en materia de tecnología agrícola. En la década de 1960, Norman Borlaug, futuro premio Nobel, trabajó con técnicos INTA en el desarrollo de variedades de trigo de alta respuesta a la fertilización. Los trabajos de cartografía de suelos (EEA Pergamino), el desarrollo de pasturas para climas semi-áridos (EEA Anguil) y los de sistemas ganaderos intensivos (EEA Balcarce) son algunos ejemplos. Mas recientemente, el grupo de eco-fisiología de la EEA Pergamino ha realizado importantes aportes, como así también los equipos de trabajo sobre modelado, agroecosistemas y napa freática realizados desde la EEA San Luis. Y en materia de análisis económico, merecen destacarse los trabajos de productividad, adopción de tecnología y retornos a la investigación realizados por equipos de economía de INTA.
Pero una parte importante de los recursos asignados en INTA a investigación tienen poca relevancia. Mayor claridad en la definición de objetivos, mejoras en la selección del personal, sistemas de incentivos, y sistemas de evaluación más rigurosos son necesarios a fin de lograr revertir la actual situación. Y, lo que es muy importante, aumentar la proporción de recursos asignados tanto a gastos corrientes como inversión en equipos, pasando del modesto 10%, a una cifra de tal vez del 20 o 30 por ciento.

El INTA enfrenta la necesidad de un cambio organizacional. Y esto requiere reemplazar el actual sistema colegiado de decisiones con actores de veto, por uno de mayor ejecutividad y con menores problemas de conflictos de interés. Se debe separar lo relativo a planificación estratégica y asignación de recursos, por un lado, de ejecución por otro. Lo primero debe estar a cargo del presidente de INTA y lo segundo del director general, una función netamente ejecutiva. Además, el actual Consejo Directivo debe tener carácter sólo consultivo. No respetar estos principios es una receta segura para serios problemas en lo relativo al uso eficiente de recursos.
El autor es docente de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
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