Las entidades del agro sostienen que lo que se decida sobre inmuebles y el personal se aborde en el Consejo Directivo del cual forman parte
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La Mesa de Enlace quiere tener participación sobre cualquier decisión que tome el Gobierno en torno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ayer, en la sede de Coninagro, los ruralistas de, además esa entidad, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) se reunieron para hablar sobre el futuro del organismo y la conclusión fue que quieren ser escuchados por las autoridades sobre cualquier definición. Aportar ideas es la consigna.
Según pudo reconstruir LA NACION tras el encuentro entre Elbio Laucirica (Coninagro), Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA) y Claudio Angeleri, vicepresidente segundo de FAA, no hay a priori un rechazo total a iniciativas como la venta de un edificio del organismo ubicado en Cerviño 3101, con una ubicación estratégica en el barrio porteño de Palermo, la ya conocida cesión de 41 hectáreas del INTA en Salta para la construcción de viviendas o un eventual plan sobre el personal.
Pero los ruralistas, que tienen delegados en el Consejo Directivo del organismo, quieren hacer valer su peso, no para oponerse por que sí, pero sí para aportar propuestas y opiniones. Alguien del agro dijo sobre las acciones del Gobierno en el INTA: “Que no sea solo un tema de excel”. Y otro agregó: “Hay mucha gente preparada, con estudios y doctorados, gente que se capacitó”.
En rigor, el Consejo Directivo del INTA es el máximo nivel de decisión del ente y posee cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. Están el presidente y vicepresidente del INTA, un representante de la Secretaría de Agricultura, otro de las facultades de veterinaria a nivel nacional y otro de las casas de estudio de agronomía. Luego aparecen FAA, CRA, SRA, Coninagro y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea).
“El pedido es poder participar de las medidas que quiera tomar el Gobierno. Nosotros queremos escuchar cada propuesta, creo que es nuestra tarea, ayudar con ideas”, dijo a LA NACION Castagnani. El presidente de CRA profundizó: “Tratamos que lo que se realiza se haga con consenso, que sea con consensos para poder opinar”. El dirigente señaló que los delegados de las entidades en el organismo “conocen bien” lo que pasa en el INTA.
Castagnani indicó que “no hay un rechazo” como tal a lo que se ha planteado desde el Gobierno, pero remarcó que debe ser el Consejo Directivo donde se hable y se llegue a un consenso.
Otra fuente ruralista consultada tras la cumbre de la Mesa de Enlace ejemplificó: “No necesitamos a lo mejor un campo de 300 a 400 hectáreas y sí un laboratorio”. Insistió que no hubo un rechazo a medidas ya anunciadas, pero subrayó “no parece ser la solución”.
En este marco, opinaron que cualquier cosa que se haga tiene que ser en el contexto de un “plan de mejoras”. Laucirica afirmó: “Entre los temas que tratamos en la reunión fue el INTA, un organismo de ciencia y tecnología que ha hecho importantes aportes a la innovación tecnológica, a que tengamos sistemas de producción de avanzada y sustentables socioeconómico y ambiental, y que ha estado siempre cerca del productor”.
Y remarcó “que se pueda hacer un plan de mejoras del mismo al efecto de potenciar sus capacidades, hacerlo más eficiente aún en beneficio a los aportes que puede llevar adelante al desarrollo económico del país”.
Autárquico
Para Laucirica, el INTA “es un organismo autárquico que ha tenido una gestión público-privada en donde los destinatarios de la tecnología que genera, participan en la definición de los planes de trabajo, incluso en la designación de sus directivos, los que se realizan mediante concursos en donde participan no solo consejeros nacionales, sino también consejeros regionales, haciendo efectiva una gestión federal donde los propios productores de las diferentes zonas participan en el mismo”.
El presidente de Coninagro indicó que no se tomó una posición sobre no vender inmuebles. “Creemos que debe ser parte de un programa de mejoras y que al ser gestión pública-privada legalmente hay una responsabilidad patrimonial a tener en cuenta”, dijo.
Según trascendió, en el INTA, que tiene unos 6900 empleados, hoy habría 300 becarios y 200 personas en lista para jubilarse. “Gran parte se preparó, se capacitó, tiene doctorados”, dijeron desde el agro sobre el nivel profesional.
En tanto, Andrea Sarnari, presidenta de FAA, indicó a LA NACION tras la reunión de la Mesa de Enlace: “Convenimos ponernos a disposición y conversar con el secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] y con las autoridades de INTA para fortalecer su funcionamiento y mejorar todo lo que sea beneficioso para acercar la tecnología a nuestros productores”.
Hace dos semanas, Juan Cruz Molina Hafford se fue de la presidencia de INTA por diferencias con el Ministerio de Economía sobre cómo llevar adelante los tiempos de la gestión. En rigor, según fuentes consultadas, la velocidad de un ajuste que alcanzaría a un 10% del personal. A Molina Hafford lo reemplazó Nicolás Bronzovich, presidente del ente con quien aguarda reunirse la Mesa de Enlace.
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