“Estamos hartos”: revuelo en una provincia por la creación de un registro de infractores ambientales

POSADAS, Misiones.- Una medida del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones puso en pie de rebelión a un amplio abanico de empresarios y productores que acusan a ese organismo de “poner palos en la rueda” de la producción. “Estamos hartos, queremos que nos dejen trabajar”, dijo a LA NACION Alfredo Gruber, un reconocido empresario forestal de Eldorado, que inició el reclamo a partir de la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia) y luego fue apoyado por distintas cámaras empresarias de la provincia.

En el Repia, creado por la Resolución 182/26, el Ministerio de Ecología pretende incluir a cualquier productor, empresario o particular que tenga una infracción o simplemente un sumario por cualquier causa que el organismo -considere-, viola o podría llegar a violar las normas ambientales de Misiones.

Misiones es una provincia con una fuerte política orientada a la conservación de los bosques nativos y el manejo de áreas verdes, y con reglas tan estrictas para los privados sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer en sus propiedades, que los empresarios sienten que ahora Ecología tendrá una herramienta para ponerles aún más trabas de las que ya tienen.

“Esto va a funcionar de esta manera, por cualquier pavada que ellos consideren que vos infringís alguna cuestión de sus regulaciones, te van a meter en este registro y hasta que no vayas a arreglar con ellos esa infracción vas a figurar como infractor y no te permiten hacer ningún trámite más en Ecología hasta que no arregles, básicamente con multas, son juez y parte”, indicó Rafael Scherer, de la empresa Pindó, de Puerto Esperanza, y otro de los empresarios que impulsó el reclamo.

Anteayer Amayadap (Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná), una de las dos cámaras forestoindustriales más importantes de Misiones, salió a pedir en una carta que se suprima el Repia, al cual considera inconstitucional. También se reservó el derecho de ir a la Justicia Federal para pedir la suspensión, en caso de que el Ministerio de Ecología no escuche los reclamos. Horas después, Apicofom (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes), la otra cámara del sector, salió a respaldar el pedido.

En cuestión de pocas horas, se sumó la estratégica Confederación Económica de Misiones (que aglutina a 27 cámaras en toda la provincia) y otra media docena de entidades. La rebelión rápidamente escaló, fue el catalizador de un malestar que ya existía de antes, y en Misiones todos lo comparan con lo que sucedió cuando hace tres años la Legislatura de Misiones prohibió la utilización del glifosato con una ley redactada sin consultar al sector productivo.

En Misiones, la forestoindustria, la yerba, el tabaco o el té, sencillamente no puede prescindir de ese insumo para producir, y su eliminación inconsulta terminó uniendo a todos en un reclamo común.

Al final, en ese caso del glifosato, el gobernador Hugo Passalacqua optó por conceder una prórroga por unos años, a la prohibición del herbicida, ante el férreo frente común que armó el arco productivo.

Empresarios y productores consultados por LA NACION coincidieron en lo mismo: sienten una falta de empatía de funcionarios que arman reglamentos y normas de conservación sin consultar a la producción, dificultando cada vez más el trabajo en chacras, campos e industrias.

“Consideramos necesario un urgente cambio de actitud hacia el sector productivo porque creemos firmemente que el único camino para el crecimiento de Misiones es el desarrollo productivo e industrial”, explicó Apicofom, cuyo presidente es Guillermo Fachinello, un empresario dialoguista, que a menudo tiene que trabajar para contener el malestar de las bases con el Gobierno provincial por motivos similares a estos.

“Instamos al gobierno provincial a mantener canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos, evitando demoras burocráticas en temas críticos que necesitan soluciones inmediatas para seguir generando empleo genuino”, completó Apicofom.

La carta de Amayadap y las otras cámaras llegó días después de una reunión encabezada por Gruber, Scherer y otros empresarios y productores, acompañados por dirigentes de la oposición como Miguel Núñez, Ramón Amarilla y Martín Arjol, tras la cual pidieron al gobierno provincial “deje de poner palos en la rueda con sus normas burocráticas”.

El malestar no solo apunta al recién creado Repia, sino también porque Ecología viene demorando permisos de cambio en el uso del suelo, vital para que, por ejemplo, un productor forestal pueda poner un rozado y utilizarlo para otro cultivo. “Nos impiden disponer de nuestra propia tierra”, dijeron en la reunión celebrada en la sede de Amayadap, en Eldorado.

Además, afirmaron que el gobierno provincial está forzando a los dueños de bosques nativos y tierras aptas para certificar créditos de carbono a entrar al programa REDD+, en el cual el reparto de recursos generados para los privados es considerado muy desfavorable. El gobierno local también es “juez y parte” en ese programa oficial, porque, por un lado, fomenta que todos entren al programa REDD+, pero al mismo tiempo, cierra los caminos al no permitir los cambios en el uso del suelo.

Con esos permisos, cada privado puede realizar su propia gestión ambiental y acceder a los créditos de carbono si certifica por su cuenta, cumpliendo todos los requisitos que acrediten que sus políticas de manejo sirvieron para capturar carbono y mitigar el cambio climático.

Por Martín Boerr

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