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“Gran paso”: el campo celebró la media sanción de una ley que busca endurecer las penas por daños a la producción
Tras la aprobación en Diputados, en el sector consideraron que la iniciativa de vandalismo rural protegerá a quienes viven y trabajan en el sector; el proyecto incorpora al Código Penal el ingreso sin autorización a establecimientos rurales y establece condenas de hasta 10 años de prisión para los casos más graves
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LA NACIONMariana Reinke
La media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca incorporar el vandalismo rural al Código Penal fue recibida como un “gran paso” por el sector agropecuario, que desde hace tiempo reclama herramientas legales para prevenir los ataques contra la producción y mejorar la protección de las personas que viven y trabajan en el campo. La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
“Esta ley es un gran, gran paso”, afirmó el diputado nacional por La Pampa (PRO), Martín Ardohain, impulsor de la propuesta. Según explicó, la legislación penal vigente no contempla de manera adecuada algunas situaciones que ocurren en los establecimientos agropecuarios, desde el ingreso sin permiso hasta los daños a instalaciones y bienes vinculados con la actividad productiva.
En la misma línea se expresó Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que también tuvo mucho que ver con la iniciativa. “Es una satisfacción institucional porque este proyecto lo llevó adelante CRA. Pero era algo que le debíamos al productor, a la gente que trabaja y vive en el campo”, sostuvo a LA NACION.
La iniciativa busca incorporar al Código Penal dos figuras específicas: el ingreso sin autorización a un establecimiento rural y los daños a bienes e instalaciones que afecten directamente la producción agropecuaria. El objetivo es que esas conductas dejen de quedar encuadradas, en determinados casos, como simples contravenciones o daños menores y puedan ser investigadas y sancionadas penalmente.
“En el campo decimos que la ley llega hasta la última columna de luz del pueblo. Cuando uno agarra un camino vecinal hacia el campo, la ley no llega. Se terminan las luces y se termina la ley”, graficó Ardohain al describir lo que considera una diferencia entre la protección legal en las ciudades y en las zonas rurales.
El diputado señaló que, hasta ahora, ingresar a un predio rural sin autorización, incluso en determinadas circunstancias con perros o armas, podía no configurar un delito si no se producían daños ni robos. “Es solamente una contravención”, afirmó.
Con la modificación propuesta, el ingreso a un establecimiento rural contra la voluntad de quien tiene derecho a excluir a terceros quedará tipificado como delito. El proyecto contempla una pena de un mes a un año de prisión para esa conducta, con agravantes que pueden elevarla a dos años cuando la intrusión obstaculice la actividad productiva o ponga en riesgo a las personas, los animales o los cultivos.
Castagnani destacó que la iniciativa también busca dar mayor respaldo a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para intervenir ante estos hechos. “Hoy no estaba tipificado el delito en el campo, a diferencia de lo que sucede cuando uno entra a un departamento o casas en una ciudad, donde el solo hecho de entrar ya es un delito pero si entran a un campo sin permiso no es delito y es una propiedad privada como un departamento”, señaló.
El segundo eje del proyecto apunta a los daños contra bienes vinculados con la producción. La ley establece penas de dos a ocho años de prisión, además de multas, para quienes afecten de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
Entre los bienes contemplados figuran los cultivos sin cosechar, los granos almacenados en silobolsas, parvas o tolvas, el ganado, los alambrados, las tranqueras, los silos, los corrales y las reservas de agua. También se incluyen las instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua, como los equipos utilizados en los sistemas productivos.
Ardohain explicó que la legislación vigente había dejado un vacío frente a las transformaciones tecnológicas del agro. “Es lógico que el Código Penal no lo contemplara porque es de 1921 y en esa época no existían los silobolsas, los paneles solares, los equipos de riego, las bombas sumergibles, todo lo que hoy el sector productivo está utilizando”, dijo.
El texto también prevé penas más severas en determinadas circunstancias. La sanción máxima puede elevarse de ocho a 10 años de prisión si el hecho es cometido por tres o más personas de manera coordinada, provoca la pérdida total de la producción, interrumpe el ciclo productivo o incluye violencia. Además, la pena mínima se duplica cuando el autor o instigador es un funcionario público o una persona que se desempeña en la producción agropecuaria.
Para el presidente de CRA, la nueva legislación podría contribuir a que los productores denuncien más los delitos rurales y a que las causas tengan un tratamiento adecuado. “El productor está como cansado de ir y que sus causas no avancen nunca. Esto va a equiparar los delitos y va a frenar muchísimo los delitos, sobre todo los que atacan a las personas que viven en el campo; hay mucha violencia y esto va a poner un freno porque ahora hay una condena”, sostuvo.
Castagnani también consideró que la norma puede dar mayor respaldo a la actuación policial. “Es muy importante para la Justicia y la policía rural porque también ahora se van a sentir más respaldados y saben que si tienen que actuar hay una ley que lo va a avalar”, afirmó. De todos modos, recordó que el proyecto todavía debe completar el trámite legislativo y pasar por el Senado, “pero es un gran paso”.
El dirigente rural anticipó que CRA recomendará a los productores realizar las denuncias y reforzar la señalización de sus establecimientos como propiedad privada. “Todos tenemos la responsabilidad de que esta ley se cumpla”, concluyó.
Por Mariana Reinke
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