Grandes empresas de consumo comenzaron a pedir un dato que puede disparar un ingreso extra en el campo

ROSARIO.- La demanda de alimentos producidos de manera más sustentable hizo que, en los últimos años, las grandes empresas de consumo comenzaran a pedir cada vez más información a sus proveedores. Pero, según coincidieron especialistas que participaron de un panel en el Congreso Aapresid, organizado con el impulso de Expoagro, esa tendencia entró en una nueva etapa. Ya no alcanza con presentar indicadores generales o una certificación: ahora buscan datos concretos de cada lote que permitan demostrar cómo se produjo ese alimento. Si esa información logra medirse, verificarse y responder a los estándares que exige la industria, puede traducirse en un diferencial económico, ya sea mediante un pago directo, mejores condiciones comerciales o el acceso a determinados mercados.

La pregunta que le dio nombre al panel, “La sustentabilidad también se paga”, fue si toda esa exigencia termina en un beneficio para el productor. La respuesta fue que en muchos casos sí, aunque no siempre aparece como un adicional sobre el precio del grano. También puede ser una tasa de crédito más baja, un acuerdo comercial o la posibilidad de ingresar a una cadena que exige determinadas prácticas.

Tomás Mata, representante de SAI Platform, explicó que el cambio ya forma parte de las reglas del negocio. “Antes veíamos qué certificación teníamos, cuánto podíamos producir, el precio y la calidad. Hoy importan atributos que tienen que ver con cómo fueron producidos los alimentos, si cuentan con datos verificables y qué prácticas se aplicaron. No es solo precio y calidad, también es evidencia”, dijo.

SAI Platform fue creada en 2002 por empresas de alimentos y bebidas para definir criterios comunes de sustentabilidad. Una de sus principales herramientas es Farm Sustainability Assessment (FSA), un sistema que permite verificar prácticas bajo un mismo esquema. Según los datos presentados, alcanza a más de 171.000 establecimientos, está presente en 61 países y comprende 189 cultivos.

Mata señaló que varias compañías habían desarrollado sus propios requisitos, lo que obligaba a los productores a responder a distintos sistemas según el comprador. FSA busca ordenar esos criterios y hacer que la información pueda ser reconocida por varias empresas.

“La gran pregunta es si se paga. En muchos casos sí se paga, en la mayoría. En otros no, porque es un acuerdo entre pares o a veces se trata del acceso a un mercado”, afirmó.

Inés Di Napoli, de Puma by ReGrow, explicó que la oportunidad aparece cuando la información del establecimiento puede transformarse en indicadores que las empresas necesitan. “Los activos más importantes de los productores son sus datos. Cuando esos datos están puestos en valor para generar indicadores, pueden generar negocios y agregar valor al producto”, sostuvo.

La plataforma monitorea siete millones de hectáreas en siete países, trabaja con más de 30 marcas globales y participa en proyectos sobre cambio de uso del suelo en cinco países. En marzo pasado, Puma se fusionó con ReGrow, una compañía con presencia en más de 17 países. Además, ya desarrolla programas que se extienden hasta 2029, en lugar de limitarse a una sola campaña.

“Todos sabemos el valor que aporta la siembra directa, pero tenemos que poder demostrarlo. Una vez que lo demostramos y lo ponemos en valor, podemos empezar a generar negocio”, dijo Di Napoli.

Yannick Delvaux, director de expansión internacional de Soil Capital, explicó por qué las empresas necesitan esos datos. Muchas todavía calculan las emisiones de sus productos mediante valores generales tomados de bases de datos y estudios, sin considerar qué ocurrió en el campo donde se produjo la materia prima.

“Las empresas tienen un valor por defecto para las emisiones de sus productos. Ese número no surge de lo que realmente está pasando en el lote”, indicó. El paso siguiente, agregó, es comparar ese valor con mediciones reales.

Para la Argentina, esa comparación podría mostrar mejores resultados que los promedios utilizados por las compañías. “Creo que acá el número por defecto es más alto que lo que se mediría en campos que ya están aplicando estas prácticas y protocolos. Solo por medir y ser más precisos ya se puede generar valor para las empresas”, afirmó.

Soil Capital nació en Bélgica y en 2019 lanzó un programa de carbono agrícola en Europa. En 2025 amplió la medición porque el carbono ya no resultaba suficiente para describir todo el sistema. Sumó indicadores sobre salud del suelo, calidad del agua, biodiversidad, clima y economía del establecimiento. “El pedido para ampliar la mirada no vino del sector agropecuario. Vino de las industrias”, destacó Delvaux.

Actualmente, el programa reúne a más de 1900 productores sobre unas 400.000 hectáreas. En seis años se removieron o evitaron más de un millón de toneladas de carbono y se distribuyeron más de 21 millones de euros aportados por compañías como Nestlé, Mars y PepsiCo.

Delvaux señaló que, para que una empresa pague, hacen falta modelos adaptados a cada región, protocolos reconocidos y una auditoría externa. También se necesita una organización que reúna a productores y conecte la información con las compañías interesadas.

Marcelo Torres, presidente de Aapresid, recordó que alrededor del 80% de la agricultura argentina se realiza bajo siembra directa, frente a menos del 10% a nivel mundial. La entidad reúne a cerca de 1000 productores con influencia sobre casi diez millones de hectáreas.

Para Torres, una dificultad es que los datos están repartidos entre planillas de Excel y distintas plataformas. “El desafío es conectar todo ese mundo para que el productor no tenga que cargar los datos en cada plataforma, sino una sola vez”, explicó. “Tenemos mucho valor en lo que hacemos, pero tenemos que mostrarlo y ponerlo en valor. Eso es lo que falta”, resumió.

Por Pilar Vazquez

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