Soja. La carga impositiva se lleva el 74,19% del margen bruto del negocio

Hace mucho tiempo que la pesada carga tributaria que soporta el cultivo de soja es un tema de debate constante que aún no ha logrado zanjarse en forma definitiva. Según un reciente estudio elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la carga tributaria consolidada sobre la cadena de valor de la soja representa actualmente un 74,19% del margen bruto del negocio.

De esa cifra, las dos terceras partes (66%) están representadas por los derechos de exportación. "Sin dudas la soja es el producto que soporta la mayor carga tributaria del país. Muchos bienes exportables del país pagan retenciones, pero la soja está en primer lugar lidera con una alícuota del 33%, mientras los que le siguen en importancia son otros cultivos como trigo y maíz que pagan un 12%. Esto significa un obstáculo para el desarrollo de toda la cadena", dice David Miazzo, economista jefe de FADA y quien llevó adelante este trabajo tras un pedido de Acsoja.

Luego de los derechos de exportación, el tributo que más incide en la fórmula es el impuesto a las ganancias (21%). A continuación, en niveles muy cercanos, se ubican el impuesto a los créditos y débitos bancarios (3%) y el inmobiliario rural (3%). Por último, un poco más abajo se encuentran el impuesto a los sellos (2%), las tasas municipales (1%) e ingresos brutos (1%).

"Es tan importante el porcentaje que se llevan los derechos de exportación que la participación del resto de los impuestos, aun siendo también elevada, se ve muy reducida en comparación", considera el economista, quien agrega que las retenciones terminan impactando además en el volumen de recaudación de los demás tributos. "Por ejemplo, si vendemos una tonelada de soja, el ingreso bruto se cobra sobre esa tonelada. Pero si esa tonelada vale un 33% menos por los derechos de exportación, la renta que se percibirá por ingresos brutos también va a ser un 33% menor", agrega.

Esta ecuación se traslada además a otros tributos, como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o el impuesto a los sellos, que terminan viéndose reducidos en términos proporcionales. Pero además, este esquema de gran presión tributaria le resta rentabilidad tanto a la producción primaria como a los demás eslabones comerciales e industriales.

"De esta manera se disminuye el nivel de inversión y las posibilidades de mayor producción. De hecho, con los valores actuales se complica la rentabilidad de la soja en zonas como el NOA o en campos alquilados del sur de Córdoba", confirma Miazzo.

Pero el informe desarrollado por FADA no se limita a tomar una radiografía de la carga tributaria que soporta la cadena de la soja, sino también se aventura a elaborar algunas propuestas para tratar de revertir la actual situación. Estas son las propuestas principales:

• Baja en los derechos de exportación. El primer punto, y el objetivo central de la propuesta, recae sobre las retenciones, por lo distorsivo y la magnitud del impuesto. El sendero propuesto implica una reducción progresiva hasta el 2027. Del 33% actual, se bajaría 1,5% cada año hasta llegar a una alícuota del 30% en el 2022. A partir de allí, el descenso pasaría a 2 puntos por año, lo que llevaría el porcentaje a un nivel de 20% en el 2027. "De esta manera, no quitamos financiamiento al Estado en el corto plazo, y a la vez generamos expectativas positivas en el mediano y largo plazo para toda la cadena de la soja", explica el economista de FADA.
• Impuesto a los créditos y débitos bancarios. El denominado impuesto al cheque es una demanda y queja de todos los sectores económicos. En ese sentido, la propuesta reside en una solución intermedia: bajar la alícuota en la medida que lo permita el aumento de la producción por la baja de las retenciones. "El cálculo nuestro es que se puede llevar la alícuota del 1,2% al 0,8%, suponiendo alcanzar las metas productivas que se plantean con la reducción de los derechos de exportación. De esta forma, el Estado no pierde un solo dólar de recaudación y ayuda a bajar la presión tributaria", afirma Miazzo.
• Ingresos Brutos. En este capítulo, la proposición se divide en dos apartados. En la producción primaria, la idea es que se cumpla con el pacto fiscal, ahora suspendido, que llamaba a eliminar los ingresos brutos en un plazo de cuatro años. "Este tributo, al cobrarse desde la producción primaria, se empieza a escalonar a lo largo de distintas cadenas", explica el economista. En tanto, en el eslabón comercial, donde este impuesto tiene un mayor peso, se propone una reducción del 50% a las alícuotas. "Es el principal impuesto pagado por el acopio, por lo que cualquier cambio puede generar mejoras en los márgenes del sector y también mayores inversiones", agrega.

• Inmobiliario Rural y tasas municipales. La propuesta se orienta a un ordenamiento de esos impuestos y que se apliquen a mejoras en la infraestructura utilizada por los distintos actores de la cadena, también como beneficios para la población y trabajadores locales. "Es que hay muchas divergencias entre las distintas zonas. Por eso pretendemos una unificación y mayor homogeneidad en términos de la productividad de cada una de las regiones", concluye el economista de FADA.

La contraprestación a esta serie de modificaciones es un incremento de la producción de soja que derive también en mayores recursos para el Estado. "Si se cumple todo esto podríamos aumentar la producción en 15 millones de toneladas y alcanzar una meta de 78,5 millones de toneladas, un número que no está muy lejos de lo que se ha logrado en el pasado. Eso significa 4000 millones de dólares producto de exportaciones", se esperanza Miazzo.