
Un estudio de Mujeres de la Ruralidad Argentina reveló las dificultades que enfrentan para acceder a la propiedad de la tierra, el crédito y el trabajo registrado; el trabajo también advirtió que el 31% de las mujeres que habitan establecimientos agropecuarios supera los 65 años
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En el campo argentino, las mujeres participan de la producción de alimentos, trabajan en los establecimientos, administran emprendimientos y contribuyen al sostenimiento de las economías rurales. Sin embargo, su presencia al frente de las explotaciones agropecuarias continúa siendo minoritaria: apenas dos de cada diez establecimientos del país están gestionados por mujeres. La diferencia se profundiza cuando se analiza el acceso a la propiedad de la tierra, el financiamiento y el empleo formal.
Según un informe presentado en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de la Nación este lunes, solo seis de cada 100 personas registradas como trabajadoras agrarias permanentes son mujeres, mientras que la falta de titularidad de los recursos productivos limita las posibilidades de acceder a créditos, incorporar tecnología y ampliar la escala de producción.
Los datos forman parte del informe El colectivo de las mujeres de la ruralidad argentina: con los pies en la tierra y el futuro entre las manos, elaborado por la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA). El documento, elaborado por Mariana Stegagnini, reúne estadísticas oficiales, investigaciones académicas y experiencias territoriales para describir las desigualdades que enfrentan las mujeres rurales.
Entre sus principales conclusiones, advierte que la falta de reconocimiento de su trabajo y las dificultades para acceder a recursos productivos no solo condicionan su autonomía económica, sino que también limitan el desarrollo de las comunidades y la producción agropecuaria.
La radiografía se apoya, entre otras fuentes, en el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 y en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el relevamiento presentado por MRA, “solo el 20% de las explotaciones agropecuarias está gestionado por mujeres, mientras que aquellas que figuran como propietarias se concentran mayoritariamente en pequeñas parcelas de menos de cinco hectáreas”. La organización identifica allí uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico femenino: sin tierra a su nombre ni activos suficientes para presentar como garantía, muchas productoras encuentran dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

El problema, según el documento, trasciende la propiedad de los campos. La falta de titularidad también se vincula con un menor acceso a animales, herramientas, maquinaria e insumos, recursos indispensables para desarrollar una actividad productiva. Esta situación condiciona las posibilidades de tecnificación y de aumento de escala, especialmente entre las pequeñas productoras y las mujeres que participan de emprendimientos familiares.
De acuerdo con los datos recopilados por MRA, “el 86% de las personas asalariadas agrarias registradas son varones”. La participación femenina resulta todavía menor cuando se considera exclusivamente el empleo permanente: “apenas el 6% de los puestos registrados corresponde a mujeres”.
Para la entidad, una parte de esta situación está vinculada con una práctica arraigada en el ámbito rural: “considerar que las tareas productivas realizadas por las mujeres constituyen una colaboración dentro de la economía familiar, en lugar de reconocerlas como trabajo”.
“En numerosos establecimientos, las actividades relacionadas con las huertas, la cría de animales menores, la elaboración de alimentos y la comercialización de excedentes se desarrollan junto con las tareas domésticas, sin una separación clara entre ambas responsabilidades”, precisó.
En esa línea, el informe señala que “esta superposición genera una doble falta de reconocimiento”. Por un lado, las tareas domésticas y de cuidado no son remuneradas; por otro, el trabajo productivo puede quedar registrado simplemente como una ayuda familiar. La consecuencia es una menor posibilidad de contar con ingresos propios, aportes previsionales, cobertura social y antecedentes laborales que permitan acreditar una actividad económica.
Las diferencias en el acceso a los recursos tienen consecuencias que van más allá de la representación femenina dentro del sector. Según investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), citadas en el informe, existe una brecha de productividad del 24% entre explotaciones gestionadas por mujeres y por varones del mismo tamaño. Se trata de una referencia internacional que MRA utiliza para explicar cómo las desigualdades en el acceso a herramientas, tecnología, asistencia técnica y financiamiento pueden traducirse en diferencias en los resultados productivos.

En esa misma línea, el documento señala que, “en América Latina y el Caribe, las mujeres rurales reciben solo el 10% de los créditos productivos y apenas el 5% de la asistencia técnica”, indican las cifras regionales que presenta a partir de fuentes de la FAO.
Otro de los aspectos que preocupa a la organización es la composición etaria de las mujeres que habitan las explotaciones agropecuarias. Según los datos censales recopilados, “el 83% tiene más de 40 años y el 31% supera los 65, un perfil que plantea interrogantes sobre el recambio generacional y las oportunidades de las jóvenes para desarrollar proyectos de vida vinculados con la producción”.
La entidad también advierte que las responsabilidades domésticas y de cuidado recaen sobre las mujeres. Relevamientos realizados en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, citados en el documento, muestran que las mujeres rurales dedican en promedio ocho horas y 16 minutos diarios al trabajo no remunerado. Estas tareas incluyen el cuidado de niños, personas mayores y familiares, además del mantenimiento cotidiano de los hogares.
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