La agroindustria tiene un plan

En un país nada acostumbrado a hacer planes y cumplirlos, desde el sector agroindustrial creen que puede haber una sorpresa y romper con esa pésima tradición. El objetivo es ambicioso, aunque el camino para llegar a él está lleno de obstáculos porque hay que superar barreras de todo tipo, desde políticas hasta psicológicas. En los próximos meses se verá si es una plataforma para el despegue del país o formará parte de la larga lista de proyectos con buenas intenciones que se quedaron en el camino.

Se trata del plan que más de 40 entidades de la agroindustria, que representan a la producción, el comercio, la industria y la exportación, elaboraron para lograr un proyecto de ley que otorgue estabilidad fiscal por diez años para aumentar las exportaciones en todos los rubros. La intención, dicen sus impulsores, es crear no menos de 700.000 puestos de trabajo en todo el país y desconcentrar las grandes urbes. Darle un sentido federal.

La idea ya comenzó a trascender, pero sus impulsores cuentan que nació de un malentendido. Fue cuando parecía que el Gobierno promovía el retiro de las negociaciones del Mercosur por la postergación de las negociaciones para firmar nuevos tratados de libre comercio.

El canciller Felipe Solá y su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, se reunieron con dirigentes de la agroindustria y les aclararon que no había intenciones de abandonar el bloque regional. A partir de allí se habló de fomentar las exportaciones agroindustriales y, en el sector privado, surgió la idea de llevar adelante un programa.

"Nos dimos cuenta que no tiene sentido conseguir una medida puntual para un sector específico sino que hay que dar una respuesta para todos y salir de la crisis estructural", explica Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De allí es que se busca darle un marco legal que otorgue estabilidad fiscal y condiciones crediticias favorables para la producción. ¿Cómo lograrán bajar la elevada presión impositiva que pesa sobre la actividad? Por lo que trascendió, mediante incentivos, como facilidades para importar bienes de capital, amortización de inversiones y otros mecanismos.

Los detalles del plan ya lo conocen varios ministros del Gobierno y llegó a oídos del presidente Alberto Fernández, que está necesitado de insumos para enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país. También lo conocen gobernadores como el de Santa Fe, Omar Perotti, y el jefe de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que, rápido de reflejos y como informó LA NACION en su momento, lo tomó el para convertirlo en un proyecto de ley.

En este sector del arco oficialista, el plan fue bien recibido, dicen sus impulsores. Falta conocer una opinión no poco importante en el universo de la coalición gobernante: la de Cristina Kirchner. Ya le pidieron una reunión. Un antecedente de su gestión podría usarse como argumento para convencerla. Aquel plan estratégico agroindustrial elaborado en los tiempos de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura.

Pero en la cadena quieren convencer también a la oposición porque buscan el mayor consenso posible. A los seguidores del expresidente Mauricio Macri también se les puede recordar un antecedente: las más de 30 mesas de competitividad que funcionaron para gran parte de la cadena.

En otras palabras, en la agroindustria están convencidos de que pueden abarcar a los dos polos que hoy separan al espectro político argentino. Pero ese convencimiento también los hace ir con pies de plomo. El nombre de la estructura de entidades que están detrás de ella es Consejo Agroindustrial Argentino. Solo decidieron tener un funcionamiento horizontal con una coordinación ejecutiva. Es el mejor antídoto para frenar la pelea por los cargos, una vieja tradición argentina.

Además del impulso a las exportaciones agroindustriales, el plan hace hincapié en desarrollar la bioeconomía y las nuevas tecnologías de AgTech. Algunos hablan de apoyar la "vaca viva", en contraposición con el respaldo político que tiene el yacimiento no convencional de gas y petróleo Vaca Muerta. Como alegoría es interesante, pero es mejor sumar que restar.

Una iniciativa de este tipo puede resultar utópica cuando todavía se está cuestionando el derecho de propiedad, como sucedió con el intento de expropiar Vicentin, o se atenta contra la seguridad, como la oleada de ataques a silobolsas y ahora incendio de campos. Sin embargo, la Argentina tiene en el agro al sector de la economía que más rápidamente puede aportar, con unos pocos incentivos, para la recuperación en el período pospandemia. Y con un plan, todavía debatible, que trascienda al gobierno de turno, la agroindustria tiene una posibilidad única, que no puede dejar escapar.