Lo anunció luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitiera una queja en contra de la homologación de su concurso; se dilatarán los tiempos de una solución y la empresa dijo que ve “amenazada” su continuidad
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La cerealera Vicentin anunció que, por una medida de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que dilatará la salida definitiva y el pago a sus acreedores en el concurso que tiene desde febrero de 2019, “se ve forzada a iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que hasta ahora ha procurado evitar por todos los medios a su alcance”. Eso significa que podría avanzar en una reducción de salarios para unos 1500 trabajadores. La firma dijo que “la caja de la empresa no soporta más demoras en la definición final” y que se ve “amenazada” su continuidad.
Ayer, tras una queja interpuesta por la firma Commodities SA por “denegación del recurso de inconstitucionalidad” contra una resolución de homologación del concurso de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, cinco de seis magistrados del máximo tribunal provincial votaron en favor de admitir el recurso para hacer su estudio. A favor de ello se expresaron Rafael Francisco Gutiérrez (presidente) y los ministros Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Mario Luis Netri. En disidencia lo hizo María Angélica Gastaldi. La firma ya tenía las mayorías necesarias para terminar con el concurso y comenzar a pagar.
Al respecto, la cerealera criticó la medida judicial “por su temporalidad”. A “casi 8 meses desde la homologación dictada por la citada Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista”.
Apuntó a la “carencia de fundamentación de los cinco votos a favor de la apertura de la queja”. Dijo que hubo “un solo párrafo” y citó: “La postulación de la quejosa cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación”. En tanto, destacó “la precisa fundamentación del voto en disidencia: 10 páginas de argumentos”.
En este marco, la cerealera expresó su disconformidad “a dos semanas de las audiencias penales en las que (independientemente de la homologación) se esperaba debatir el levantamiento de las medidas cautelares dictadas hace 4 años en beneficio solamente a unos pocos querellantes y que hoy afectan directamente a 1400 acreedores”.
“Esta resolución es tomada a solicitud de un solo acreedor (que se encuentra querellado penalmente por la maniobra dirigida a adquirir Vicentin por medios distintos de los previstos en la ley de concursos) y que perjudica a los otros 1400″, señaló.
Para Vicentin, la medida “pone en riesgo la continuidad de la empresa, que ahora se encuentra obligada a reaccionar con medidas de protección frente a la amenaza de un nuevo período prolongado sin definición”.
“Responsablemente, ante una nueva medida dilatoria de desenlace incierto e impredecible en cuanto al período de tiempo que pudiera involucrar, la empresa se ve forzada a iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que hasta ahora ha procurado evitar por todos los medios a su alcance”, indicó.
Vale recordar que las firmas del agro Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ofrecieron ser inversores estratégicos de la cerealera. En rigor, hay un plan de pago a los acreedores a 12 años. La firma cayó tras una deuda de unos US$1500 millones.
“Ante la gravedad de los hechos descriptos que genera esta nueva e injustificada intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, Vicentin no puede ignorar el impacto que provoca esta medida en el giro de la sociedad, y se encuentra por lo tanto compelida a adoptar todas las medidas de emergencia necesarias para sostenerse hasta alcanzar el traspaso a los tres inversores estratégicos, única salida real, concreta y firmada con los avales y conformidades necesarias, para asegurar la completa continuidad de las operaciones y el pago a los acreedores”, apuntó.
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