Ley de semillas: el Gobierno busca consensos para una reforma y ratifica el compromiso de adherir a un tratado internacional

En medio de las negociaciones que el Gobierno mantiene con el agro para intentar consensuar un nuevo proyecto de “modificación de ley de semillas”, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, confirmó que el organismo trabaja con todos los actores en una propuesta de reforma. Por otra parte, recordó el compromiso asumido por la Argentina de presentar ante el Congreso la adhesión a la Upov-91 [un tratado internacional que mejora la protección intelectual para los semilleros] antes de fines de 2027, cuya normativa nacional vigente será adecuada a ese convenio internacional.

Como publicó LA NACION, el Gobierno se comprometió ante Estados Unidos a enviar al Congreso el proyecto de adhesión al convenio internacional de protección de obtenciones vegetales de la Upov-91. En paralelo, la Secretaría de Agricultura junto con las autoridades del organismo vienen encabezando una serie de reuniones con semilleros, obtentores, entidades agropecuarias y otros integrantes de la cadena para elaborar un proyecto de ley que logre consenso político y sectorial, una condición que en el oficialismo consideran indispensable para que la iniciativa nacional prospere en el Congreso.

Durante una reciente exposición en el Congreso de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), Famulari señaló que el Inase participa activamente en el diseño de la futura normativa para la ley. Además, se conoció que “en caso de que el Congreso apruebe la adhesión a Upov-91, la normativa argentina deberá ser acorde a la mencionada Acta”.

El funcionario insistió en que el objetivo es construir una modificación de la “ley de semillas” en consenso y reveló que el organismo continuará con las reuniones con todos los sectores para intentar cerrar un texto común.

Según pudo saber LA NACION, ese proceso continuará el martes 14 de julio, cuando está prevista una nueva reunión convocada por la Secretaría de Agricultura con representantes de la industria semillera y entidades gremiales de los productores. De acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones, una eventual adhesión a Upov-91 requerirá adecuar la normativa argentina a los requisitos del convenio, aunque todavía no está definido cuál será el instrumento jurídico mediante el cual se realizará esa adecuación.

La adhesión a Upov-91 implica que la Argentina pase a integrar la versión más reciente del convenio internacional que regula la protección de las obtenciones vegetales, con un régimen de propiedad intelectual más amplio para las nuevas variedades desarrolladas por los obtentores. El país ya forma parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, pero está adherido al Acta de 1978 (Upov-78). El debate sobre avanzar hacia el Acta de 1991 no es nuevo: distintos gobiernos impulsaron proyectos para actualizar la legislación sobre semillas y adecuarla a ese estándar internacional, aunque ninguno logró prosperar en el Congreso por las diferencias entre semilleros, obtentores y entidades de productores. En rigor, de acuerdo con el acta de la Upov-91, si un país adhiere al Acta necesita que su normativa esté acorde con Upov-91; de lo contrario, Upov-91 no acepta la adhesión. Por ahora y de acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, ese proceso transita por un carril diferente al de la reforma de la Ley de Semillas.

“Tenemos que hacer una mesa de la que todos nos levantemos no diez puntos conformes, pero sí siete puntos conformes. Si alguien se va muy en contra, después la idea no prospera”, sostuvo el funcionario.

Famulari evitó dar precisiones sobre el contenido del eventual proyecto por considerar que forma parte de las negociaciones en curso, aunque aseguró que la intención es avanzar hacia “una ley moderna”, alineada con la legislación vigente en los principales países que protegen la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.

Para que la adhesión pueda concretarse, la normativa argentina deberá adecuarse a los requisitos previstos en el Acta de 1991 de la Upov. Esa adecuación es una condición para que el país pueda incorporarse al convenio. Podría materializarse mediante modificaciones a la legislación vigente u otra herramienta jurídica, aunque por el momento el mecanismo no está definido.

Tampoco están cerrados los cambios que eventualmente podrían incorporarse. De acuerdo con las fuentes consultadas, el principal punto de debate continúa siendo el régimen de uso propio de las semillas, uno de los temas que hoy concentra las mayores diferencias entre los distintos sectores que participan de las negociaciones.

En ese contexto, el presidente del Inase también se refirió a las críticas que generó la decisión del organismo de establecer la fiscalización obligatoria del garbanzo. Aclaró que el organismo no cuestiona la necesidad de avanzar hacia ese esquema, sino la forma en que se implementó. “Está bien que el garbanzo sea fiscalizado. El error fue hacerlo intempestivamente, de una semana para otra o en muy poco tiempo. Son procesos”, afirmó en relación a un conflicto que se generó en el norte con productores.

El Inase considera, dijo, que es correcto que este cultivo se encuentre bajo el régimen de fiscalización obligatoria, pero entiende que la implementación de la fiscalización debió haber sido un proceso gradual. La intención del organismo es aplicar un esquema gradual para otros cultivos, como el poroto, con una transición antes de llegar a un régimen de fiscalización obligatoria, a modo de acompañar a toda la cadena y alcanzar consensos durante el proceso.

Por Belkis Martínez

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