Ley ómnibus: la industria del vino juntó a una veintena de legisladores para intentar frenar las retenciones

Una veintena de legisladores nacionales se acercaron esta mañana a un hotel en las cercanías del Congreso donde la Corporación Vitivinícola Argentina [Coviar] expuso el estado en el que está en este momento la industria y la necesidad de un mejor tratamiento en el proyecto de la ley ómnibus que busca gravar la exportación con un 8% de retenciones. Los industriales advirtieron que de aprobarse la ley esta impactaría directamente sobre el pequeño productor, y las industrias que no tienen una fuerte estructura detrás, ya que estará, además, habilitada la importación. La idea es “revertir” el gravamen.

En la industria explicaron que el vino argentino tiene una buena imagen en el mundo por su calidad, pero además compiten con mercados potentes de calidad como España e Italia, que estarían habilitados a ingresar al país. Por eso, comenzaron a trabajar contrarreloj para que el 8% que llegó al Congreso a través del proyecto de ley se transforme en un 0%. Entre los argumentos expuestos ante los legisladores mencionaron que habían logrado mejores condiciones a la hora de salir al exterior, ya que en septiembre pasado consiguieron eliminar las retenciones con el Gobierno anterior.

“Somos la actividad que más mano de obra por hectárea generamos”, resumió Mario González, presidente de Coviar, quien antes de finalizar coincidió en que se logró el compromiso de los participantes en trabajar para que esto no suceda [el incremento de la alícuota]. En el debate, los legisladores dijeron que esta decisión que se tomó “sin mucho conocimiento” y va a impactar de lleno en el pequeño productor.

“Si se trata de cuánto impacta por litro de vino y por kilo de uva, hablamos de una retención del 50%, cuando lo llevemos al producto inicial, que es el kilo de uva, que está en manos de pequeños productores y de productores diseminados por toda la Argentina. El productor primario es al que tenemos que cuidar. La Argentina se caracteriza por tener una vitivinicultura desagregada, no concentrada, en manos de cooperativas, empresas medianas y chicas, donde el productor juega un rol importante que es producir la materia inicial para exportar un buen vino o pasa de uva. Si ese productor desaparece por no ser rentable, estamos avalando una concentración de la cadena que no queremos que se logre”, puntualizó.

Entre una veintena de legisladores de todos los signos políticos y provincias participaron Luis Picat, Unión Cívica Radical (UCR), por Córdoba; el diputado de la UCR, Pablo Cervi, por Neuquén. Además, los senadores de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, por Mendoza; José Mayans, por Formosa, Sergio Uñac, por San Juan; Oscar Parrilli, por Neuquén; Fernando Rejal, por La Rioja.

José Zuccardi, expresidente de Coviar y director de la Familia Zuccardi, aclaró que esta decisión de solicitar la eliminación de las retenciones, que pasó del 15 al 8% en el proyecto original, por la gestión de la industria, “no se trata de un tema de regateo”, sino expresar la situación en la que está el sector porque hay errores “conceptuales”. Según sostuvo, esto es de “un desconocimiento” y falta de comprensión del federalismo. “La vitivinicultura argentina es competitiva en costos y en calidad. En tanto sean importaciones que no vengan con subsidios de sus países de origen y que compitan para que nosotros no tengamos trabas arancelarias, estamos compitiendo de igual a igual en el mundo. Cada país trata de vender lo suyo y siempre hay un riesgo implícito. La UE pone dinero para subsidio y la exportación de sus productos. Tenemos que evitar que cualquier distorsión que venga de afuera nos dañe; el país debe defender la equidad en la competencia con las producciones locales. En calidad y costo somos competitivos si no tenemos este tipo de medidas”, explicó.

“El mercado de vinos se caracteriza por trabajos a largo plazo. Ganar un mercado internacional lleva tiempo y no te acepta cambios de precios, tenés que mantener el nivel en que entras. Necesitamos condiciones de estabilidad y de competencia”, puntualizó. Las consecuencias de esto las sufre inevitablemente el productor chico, reiteró, porque “es imposible negociarle a los del cartón, botellas, transporte”, los costos y que “aporten las retenciones”.

Si se aplica el 8% de los derechos de exportación para la industria, dijo Daniel Rada, del Observatorio Vitivinícola Argentino, se van a recaudar en 2024 US$65,7 millones de una industria que prevé ingresar US$821 millones. “Para la vitivinicultura es un montón, pero para el fisco son solo más de 60 millones que vendrían a complicar muchísimos pueblos del interior de Argentina y que no mueven la aguja”, precisó González.

En los últimos tres años la industria cayó un 35% en la exportación de vino fraccionado. Pasó de 219.542.953 litros en 2021, a 151.237.300 litros en 2023. En total hay 914 establecimientos, 17.000 productores primarios y se cultivan 200.000 hectáreas. Por eso, explicaron que la intención es evitar que avance en el Congreso esta medida: vienen de un año con un 25% de pérdidas en las exportaciones, por tipo de cambio y cuestiones climáticas.

En el salón también se expuso que “la vitivinicultura paga más por hectárea que la misma soja”, por el valor agregado que aporta. Sin embargo, Picat no coincidió con esta acepción, dado el nivel del valor agregado que se expone en cada actividad y la diferencia en la cantidad de divisas que ingresa la soja y el vino. “Los derechos de exportaciones son malos para todos los productos, para el que tiene mayor valor agregado, por supuesto, pero también para la economía en sí; genera distorsiones. Tenemos que combatir en conjunto la reducción de los derechos de exportación y llevarlas a cero en el mediano plazo”, acotó.

“No entiendo por qué el Gobierno decide aplicarlas. Por una cuestión de estrategia fiscal, se puso en una planilla Excel y metieron todo en una misma bolsa, sin ver el impacto contraproducente, de efecto boomerang, donde un impuesto hace que muchas economías regionales y no tan regionales dejen de exportar. Significa que ingresen menos divisas al país y se generen menos ingresos al Estado a través de los impuestos, ya sea mínimo de derechos de exportación o los fundamentales como el IVA e impuesto a las Ganancias”, especificó.

Mayans dijo que se tiene que analizar ley por ley y ver qué beneficios y el daño que se produce. “No se tiene que tomar una decisión dentro de las casi mil leyes, sin tener en cuenta cómo estas afectan al sector productivo y laboral. Las economías regionales nos interesan por lo que representan para el país, la producción, el empleo y el desarrollo de la información de los que los productores ven, con la comercialización de sus productos y el inconveniente que tienen de que les hayan vuelto a aplicar el 8%”, aseveró.

Sostuvo que tratarán de lograr la quita de la alícuota y que vaya a otros sectores, como el financiero: “Es el que tiene que hacer un esfuerzo mayor del que están haciendo”.