Lo que viene: políticas de manta corta que no aprovechan todo el potencial

La confirmación del nuevo tipo de cambio diferencial para la soja y un conjunto de productos de las economías regionales a $300 por dólar continúa sin resolver dos problemas centrales que afectan al agro y a la economía en general: la incertidumbre y la falta de previsibilidad.

La mejora temporal del valor al cual se puede vender la oleaginosa tiene fecha de vencimiento: el 31 de mayo. Capta una parte del carry de la campaña pasada y toma parte de la actual. Los exportadores del complejo oleaginoso calculan que podrán ingresar divisas por US$5000 millones, lo que para las escuálidas reservas del Banco Central representa un maná caído del cielo.

A diferencia de lo que ocurrió en los dos primeros programas, que tienen como nombre de fantasía de “Incremento Exportador”, el tipo de cambio diferencial llega en medio de la peor campaña agrícola que se recuerde como consecuencia de la sequía y de las heladas. Si hubo un dólar soja I y luego la segunda y la tercera versión, el mensaje que envían las autoridades económicas es que no conviene vender porque en algún momento va a llegar el supuesto beneficio.

Hay daños colaterales de estos mecanismos que tienen como objetivo buscar dólares de donde sea. Por ejemplo, en los arrendamientos. También, nuevamente, en los consumos internos que necesitan soja. La definición de “parche” a estas políticas le cabe a la perfección.

El dólar a $300 para las economías regionales puede representar alguna mejora relativa respecto del dólar oficial, pero la medida tiene vigencia hasta el 31 de agosto próximo. Al cierre de esta edición no se había definido la lista de las que ingresarán en el beneficio. El ministro de Economía, Sergio Massa, en el anuncio de las medidas, adelantó algunos como el maní, los cítricos y la yerba. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, informó que, además, ingresaban la cebada, el girasol y el sorgo.

Según Massa, ingresan quienes se comprometen a acordar precios y volúmenes para el mercado interno. En algunos casos como el arroz y el vino ya venían comprendidos en los diferentes programas de compromisos de precios. No obstante, hay sectores como lácteos y carnes que estarán excluidos de la modalidad cambiaria.

Además del tipo de cambio diferencial, el ministro de Economía confirmó que habrá autorización automática para acceder a las reducciones impositivas, postergación de embargos y otras disposiciones a quienes estaban comprendidos en zonas declaradas en emergencia agropecuaria. Según Massa serán unos 69.000 productores.

La dirigencia rural no quedó satisfecha. La Federación Agraria Argentina anunció que el martes próximo hará una protesta frente al Ministerio de Economía y a la Casa Rosada para expresar el descontento por las medidas frente a la sequía, que, según interpreta la entidad, no son efectivas. Se verá que hace el resto de la Mesa de Enlace. Por lo pronto, la Sociedad Rural Argentina prepara para el 12 de este mes una jornada con los principales precandidatos a las elecciones presidenciales.

Hay otros descontentos que no se expresan públicamente. Uno de ellos es el que arrojó la última encuesta de los grupos CREA y de SEA. “Un 62% de los encuestados consideró que la situación económica del país podría desmejorar dentro de un año, mientras que otro 40% estimó que en ese mismo lapso los indicadores económicos y financieros de las empresas que gestionan experimentarían un deterioro”, señaló la entidad.

La consulta realizada entre los miembros CREA también refleja que el 53% “manifestó que no está considerando realizar inversiones en el presente año, mientras que otro 28% planificó obras de mantenimiento y/o reposición de infraestructura que resultan críticas para el desarrollo de la actividad. Apenas un 19% dijo que proyecta para 2023 la concreción de inversiones destinadas a mejorar la producción o la eficiencia de procesos”.

El contexto de la sequía y de la incertidumbre económica están en el fondo de las respuestas negativas. Pero también afectan las perspectivas de mediano plazo medidas como el adelanto del pago de impuestos para las importaciones, que afecta a los fertilizantes y agroquímicos. Esto, además, sucede mientras las importaciones están cuotificadas. En esa política de “manta corta”, lo que cubre por un lado lo destapa por otro, es la que despliega el Gobierno y la que padecen la producción que requiere certezas y certidumbre para desarrollar todo su potencial.