Opinión. Agricultura en peligro: el desafío del cambio climático y la lucha por un futuro sostenible
Para el sector agropecuario es imperativo adoptar estrategias que mitiguen los efectos y aseguren la sostenibilidad y seguridad alimentaria
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Para LA NACION
Términos como cambio climático y calentamiento global se han vuelto ampliamente conocidos. Sin embargo, la atención prestada a estos términos suele ser superficial, y solo cuando enfrentamos los crecientes desafíos de sus efectos, como el aumento de las temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y la intensificación y frecuencia de eventos climáticos extremos, nos percatamos de la gravedad y persistencia de esta crisis. Estos fenómenos no solo nos recuerdan la urgencia del problema, sino que también subrayan la necesidad de acciones inmediatas y sostenidas para mitigar sus efectos y adaptarnos a sus inevitables consecuencias. En el sector agropecuario, altamente vulnerable, estos cambios podrían afectar gravemente los rendimientos y la seguridad alimentaria. A pesar de la evidente amenaza, muchos tomadores de decisiones eligen ignorar el tema, relegándolo a un segundo plano y convirtiéndolo en un objetivo de baja prioridad. Esta falta de acción no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sector agropecuario, sino que también compromete el bienestar de comunidades enteras que dependen de él para su sustento y desarrollo económico.
En este contexto, uno de los puntos cruciales en la toma de decisiones y ejecución de planes para la reducción de los efectos del cambio climático es el tema de la asunción de responsabilidades y financiación, como también comprender las diferencias existentes entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Las brechas entre países desarrollados y en vías de desarrollo continúan siendo evidentes en la implementación de medidas para abordar el cambio climático. Mientras que países desarrollados cuentan con mayores recursos financieros y tecnológicos para enfrentar este desafío, aquellos en vías de desarrollo se enfrentan a obstáculos significativos, como la falta de financiamiento y tecnología adecuada. Esta disparidad, no solo perpetúa la inequidad global, sino que también dificulta la colaboración efectiva entre naciones para encontrar soluciones sostenibles y equitativas. Por lo tanto, es fundamental que se reconozcan estas diferencias y se adopten enfoques flexibles y colaborativos que tengan en cuenta las necesidades y capacidades específicas de cada país, garantizando así un camino hacia un futuro más justo y sostenible para todos.
El primer hito en este aspecto fue el Protocolo de Kioto. En el mismo, los países en desarrollo defendieron su derecho a un desarrollo industrial para su crecimiento económico. Esto obligó a los países industrializados a comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con metas específicas basadas en el principio de “responsabilidad compartida y acorde a las capacidades respectivas”.
Protocolo
El Protocolo de Kioto fue seguido por el Acuerdo de París (2015), en respuesta a las dificultades y objeciones planteadas. Este acuerdo histórico, estableció un marco global para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 ºC, aspirando a 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales. Allí 190 países se comprometieron a reducir las emisiones de carbono para 2030, incluyendo las provenientes de los combustibles fósiles, para mitigar los efectos del aumento de la temperatura global.
Recientes análisis sobre la situación climática en relación con el cumplimiento del Acuerdo de París revelan un panorama alarmante. El daño económico causado por el cambio climático es seis veces peor de lo que se pensaba anteriormente. El mundo ya se ha calentado más de 1°C desde los tiempos preindustriales.
Una estimación inicial sugiere que un aumento de 1°C en la temperatura global lleva a una disminución del 12% en el producto interno bruto (PIB) mundial. Se espera que los ingresos promedio disminuyan casi un 20% en los próximos 26 años debido a la crisis climática. Esto causará pérdidas graves en casi todos los países, afectando más a aquellos menos responsables de la crisis, aumentando la desigualdad.
Durante la última conferencia de las Partes, COP 28, se alcanzó por primera vez un documento conjunto en el que se menciona a los “combustibles fósiles” como el principal causante de la acumulación de GEI, reconociendo, además, la necesidad de acelerar la transición energética y reducir las emisiones contaminantes de todas las actividades de manera eficaz y sostenida.
Es importante no obviar el papel de la agricultura como factor que incide de manera importante en el problema del cambio climático. En la actualidad más de una quinta parte de emisiones de GEI procede de este sector. En América Latina y el Caribe (ALC), donde la actividad agropecuaria es un motor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representa entre el 5 y el 18% del PIB en 20 países de la región, y una proporción aún mayor si se tiene en cuenta la contribución más amplia de todos los sistemas alimentarios. Paralelamente el impacto del cambio climático es particularmente preocupante. Según el Banco Mundial, este sector produce, en promedio, el 24% de las emisiones de GEI.
Modelos de producción que incorporaran los efectos del cambio climático, muestran una reducción significativa en el crecimiento promedio de los rendimientos agrícolas, el área total cultivada, la producción de cultivos y un déficit comercial en productos básicos como maíz, frijol, soja y trigo.
La inclusión del cambio climático amplifica los efectos negativos sobre los precios y niveles de producción, sugiriendo una mayor exposición a la inseguridad alimentaria en la mayoría de los países de la región. Esto, tiene un costo que deberá ser saldado. En un artículo recientemente publicado en Nature, se estima que, a mediados de siglo, los dramáticos efectos del cambio climático a nivel mundial podrán causar daños valorados en US$38 billones por año, lo que subraya la magnitud del problema y la urgencia de encontrar soluciones efectivas y justas desde el punto de vista económico.
Uno de los primeros pasos hacia este objetivo, fue el lanzamiento y puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños durante la conferencia de las partes realizada en 2023 en Dubái. Su objetivo es el de proporcionar el financiamiento necesario para que los países más expuestos al cambio climático, sean o no grandes emisores.
A pesar del anuncio celebrado, el compromiso de desembolso de los países desarrollados al fondo fue considerado insuficiente por muchos delegados (solo US$700 millones), especialmente considerando estimaciones recientemente publicadas por Adrien Bilal, reconocido economista de Harvard (mayo, 2024). Él estimó como probable un aumento de temperatura de 3°C hasta final de siglo, que provocará una caída superior al 50% en producción, capital y consumo para 2100. Incluso si el calentamiento global hasta el 2030, se mantiene ligeramente por encima de 1.5°C, un objetivo mundial que parece inalcanzable, las pérdidas del PIB serían alrededor del 15%.
La urgencia de enfrentar el cambio climático es clara. Para el sector agropecuario, en particular, es imperativo adoptar estrategias que mitiguen estos efectos y aseguren la sostenibilidad y seguridad alimentaria en la región. Se deberá priorizar la crisis climática, implementando políticas y acciones concretas, como planes de adaptación que incorporen escenarios de cambio climático en la toma de decisiones, apoyar prácticas agrícolas basadas en cultivos tolerantes a sequía y calor, riego sostenible, evitar la deforestación y degradación de suelos, y no menos importante es alentar la adopción de prácticas y tecnologías inteligentes que aumenten la productividad, mejoren la adaptabilidad de las actividades agropecuarias a los desafíos que nos impone el cambio climático.
Debemos asumir definitivamente que el calentamiento global y el cambio climático no solo son dos términos a utilizar cuando se pretende ser políticamente correcto, sino que son dos desafíos centrales para el futuro de la humanidad.
El autor es ingeniero agrónomo, con una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue parte del Servicio de Extensión Rural perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel, actualmente ocupa el cargo de Director del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
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