Catástrofe climática e impuestos por las nubes

El riesgo climático en Argentina es una amenaza constante para quienes producen a cielo abierto productos agropecuarios. Involucramos en este concepto no solo la ganadería y la agricultura, sino también a otros animales que producen carne incluidos los avícolas, o la actividad frutícola.

No caben dudas que las rentas obtenidas por este sector de la economía son siempre cíclicas y nunca extraordinarias como se las pretende calificar para aplicar impuestos virulentos como las mal llamadas retenciones.

El Estado comienza por cercenar la producción de granos quitando al productor hasta un 33% de su precio y pretende justificar su accionar en la característica de renta extraordinaria, así como el supuesto efecto de estos derechos de exportación sobre los precios internos.

Ninguno de estos argumentos son ciertos, lo único verdadero es la voracidad fiscal, sin límites ni barrera alguna que la calme.

Además la brecha cambiaria cercana al 100% - entre el dólar oficial que se utiliza para liquidar los granos y el real valor intrínseco-, destruye su renta lícita con el artilugio de haber creado más de 10 tipos de cambio diferentes de la moneda extranjera. Se trata de un impuesto salvaje a la producción que no existe en ningún otro lugar del planeta.

Ante una magra producción -en épocas de emergencia o desastre -, el impacto sobre el resultado final se convierte en perdidas irreparables.

Dicho quebranto no está previsto su actualización por inflación, lo cual diluye su efectivo valor al momento de aplicarlo a rentas futuras.

La ley 26-509 que pretende proteger a los contribuyentes ante desastres en los rindes de granos y afectación de la actividad ganadera, es defectuosa y burocrática.

Cada provincia debe declarar la zona en Emergencia o Desastre, y el contribuyente obtener -ante un peregrinar kafkiano- el certificado para lograr adherirse a las “concesiones” otorgadas. Ante una pérdida de capacidad de producción demostrada entre el 50% y 80% -porcentuales rígidos cuya injusticia es evidente- , solo admite suspensión de ejecuciones fiscales y embargos.

La AFIP dispuso la suspensión de anticipos a cuenta, pero las consideradas grandes empresas quedan igual obligadas al ingreso del anticipo especial sin alternativa alguna (RG 5248) al fundarse irracionalmente en la guerra de Ucrania y la pandemia.

Dólar soja

Se inventó el dólar soja I , II y ahora el III para impulsar a liquidar granos, tentando con un valor cercano a los $ 300, sin reparar en las consecuencias económicas para quienes lo utilizan como insumo.

Quienes mantuvieron hasta el 5% de stock, se les incrementó la tasa de interés en los préstamos. Una trampa mortal y extorsión.

El impuesto a las Ganancias, que debería ser el más justo y razonable no funciona acorde. Sus distorsiones al medir la efectiva renta son manifiestas. Se grava la denominada ganancia por tenencia, es decir un aumento de cotizaciones nominales que adelantan la carga impositiva sin esperar su venta.

A pesar de la debacle económica con su fuerte desvalorización de la moneda en 2002, se prohibió contemplar la inflación al determinar el resultado de las empresas. Su renta impositiva mostrada era absolutamente ficticia. De 2016 en adelante su aplicación parcial también distorsionó la efectiva riqueza generada.

Los pagos a cuenta por anticipos, retenciones y percepciones acumulan saldos a favor, que se desvalorizan con el tiempo hasta su compensación y no se permite su actualización. A eso se agregan los créditos de IVA por compras, gastos e insumos, cuyo exceso prohíbe ser utilizado en otros tributos.

En definitiva, el capital de trabajo del productor queda atrapado en manos del Estado.

El agro aportó al Estado desde 2002 más de US$200.000 millones y ante esta catástrofe solo amaga aplicar normas cuya burocracia impide cualquier beneficio concreto a los contribuyentes afectados.

Toda la carga impositiva genera un daño inimaginable e irreparable a la economía y en definitiva a toda la población. Ante una confiscatoriedad evidente en la suma de todos los impuestos, el derecho de propiedad queda absolutamente avasallado.

Cualquier otra nación del mundo el gobierno subsidia al agro, aquí se lo vapulea constantemente y se destruye todo camino a la inversión.

El autor es socio fundador de SSV y Asociados