“Remate de los recursos”: Kicillof se metió en una disputa con Milei por una resistida reforma

El gobernador bonaerense Axel Kicillof rechazó con dureza el capítulo de pesca que, contenido en el proyecto de la ley ómnibus, introduce fuertes modificaciones para la actividad. Kicillof se sumó así al malestar que la iniciativa del gobierno de Javier Milei generó en los mandatarios de la Patagonia, que fijaron su posición en un documento. La pesca representa exportaciones por unos US$2000 millones.

“La provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero. Rechazamos tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, dijo el gobernador.

Kicillof estuvo en Mar del Plata, uno de los lugares emblemáticos para el sector pesquero a nivel país, y se reunió con concejales, legisladores y representantes de sindicatos y cámaras de la actividad pesquera.

“Sabemos que hay mucho para mejorar, pero esta ley nos dejaría sin empleo y sin industria nacional, arruinándoles la vida a miles de bonaerenses”, expresó Kicillof, que estuvo acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense Javier Rodríguez.

La postura de Kicillof se conoce luego de las expresiones en un documento conjunto de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Rolando Figueroa (Neuquén); Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Rio Negro), e Ignacio Torres (Chubut).

Postura

“Los tres ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son: modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos”, mencionaron los gobernadores de la Patagonia.

“Vemos con preocupación la derogación del Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país, lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos”, dijeron como primer punto objetado.

“El segundo aspecto tiene que ver con el Artículo 27 también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación, ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”, relataron los mandatarios de la Patagonia.

Por otra parte, hicieron hincapié en la “eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”. 

“El artículo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no está alcanzado por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, argumentaron.

Además del rechazo a las modificaciones al régimen de la pesca, en la actividad hay enojo porque, de aprobarse la iniciativa en el Congreso, las retenciones pasarán al 15%.