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Retenciones: la Argentina quedó última en un ranking mundial de apoyo al campo y revelan cuánto pierde por los impuestos
Un informe de la OCDE reveló que el país tuvo el peor resultado entre 56 naciones analizadas; los derechos de exportación son la principal causa; el estudio no contempla las últimas rebajas del tributo
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LA NACIONPilar Vazquez
La Argentina ocupa el último lugar en un ranking internacional de apoyo a los productores agropecuarios. Según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las políticas públicas le restaron al sector alrededor del 15% de sus ingresos brutos en 2025, el peor resultado entre los 56 países analizados. El relevamiento muestra que la Argentina, la India y Vietnam son los únicos tres países donde las políticas tienen un efecto negativo sobre los ingresos de los productores. En el caso argentino, la principal causa son las retenciones, que mantienen los precios internos por debajo de los internacionales. El informe registra las rebajas que aplicó el gobierno de Javier Milei durante 2025, aunque el indicador de ese año, todavía preliminar, casi no mostró cambios respecto de 2024 (-15,1%). El estudio no contempla las nuevas reducciones de 2026 ni las previstas para 2027 y 2028.
Los datos surgen del informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026, que utiliza un indicador denominado Estimado de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) para medir cuánto reciben o pierden los productores por los impuestos, las restricciones comerciales, los subsidios y otras medidas de los gobiernos.
“El apoyo total de la Argentina a la agricultura ha sido negativo desde principios de la década de 2000, en gran medida debido a los impuestos a las exportaciones que reducen los precios internos que reciben los productores”, señala el informe.
El informe precisa que entre 2023 y 2025 el apoyo negativo a los productores argentinos promedió US$8600 millones anuales, equivalentes al 13,5% de sus ingresos brutos agropecuarios. El indicador llegó a -15,1% en 2024 y a -15% en 2025. Entre 2000 y 2002 había sido del -8,6%, mientras que en 2014 alcanzó el -38,6%.
“Mientras en prácticamente todos los países del mundo se apoya y se subsidia la producción agropecuaria, en Argentina se le ponen impuestos excesivos. Es una cancha claramente inclinada en contra de nuestros productores”, sostuvo el economista David Miazzo, al analizar los datos en diálogo con LA NACION.
Las retenciones explican buena parte de esta situación. La OCDE advierte que estos impuestos reducen los incentivos para invertir e incorporar nuevas tecnologías. Miazzo coincidió con ese diagnóstico. “Esto, claramente lo hemos dicho muchas veces, reduce la capacidad de reinversión, de adopción de tecnología y de crecimiento de la producción”, afirmó.
En la comparación internacional, la Argentina presenta un resultado más negativo que la India, donde el apoyo a los productores promedió el -9,2% entre 2023 y 2025. Brasil, en cambio, registró un apoyo positivo del 2,6%.
La OCDE también registró las reducciones de retenciones que el Gobierno aplicó durante 2025. En septiembre hubo una suspensión temporal para la soja y sus derivados, con un tope de US$7000 millones, y en diciembre de ese año se establecieron nuevas bajas permanentes. Así, esa vez, en la soja, la alícuota pasó del 26% al 24%, mientras que en sus derivados se redujo del 24,5% al 22,5%. Para el trigo y la cebada bajó del 9,5% al 7,5%; para el maíz y el sorgo, del 9,5% al 8,5%; para el girasol, del 5,5% al 4,5%, y para la carne, del 6,75% al 5%.
El organismo también mencionó la eliminación de retenciones para distintas economías regionales, entre ellas el azúcar, el algodón, el arroz, el tabaco y los productos forestales. El indicador de 2025 todavía no refleja completamente las bajas dispuestas a fin de año.
Como el informe toma los datos de 2025, cabe aclarar que tampoco contempla las nuevas reducciones de retenciones aplicadas durante 2026. En junio, el Gobierno bajó las alícuotas para el trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% y estableció un cronograma de reducción gradual para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol entre enero de 2027 y diciembre de 2028. Según ese esquema, la soja pasará del 24% al 15% y el maíz, del 8,5% al 5,5%, hacia fines de 2028.
Sobre estos cambios, Miazzo reconoció una mejora respecto de años anteriores. “Se redujeron los derechos de exportación en productos clave, se eliminaron en varios otros de las economías regionales, desaparecieron las restricciones cuantitativas a las exportaciones, ya no hay cierres de exportaciones, cuotas ni prohibiciones de cortes”, destacó. Sin embargo, advirtió que las retenciones siguen siendo el principal factor detrás del resultado negativo, especialmente por el peso de la soja en las exportaciones.
Otro dato del informe es que el apoyo total al sector agropecuario fue negativo en US$9200 millones durante 2025, una cifra equivalente al 1,36% del producto bruto interno (PBI). Este cálculo también incluye el gasto público en servicios para el agro, que llegó a US$316 millones. A su vez, los consumidores recibieron un beneficio estimado de US$2400 millones por los menores precios internos de determinados productos.
Frente a este escenario, la OCDE recomendó “reducir gradualmente los impuestos a las exportaciones y evitar las restricciones comerciales ad hoc como parte de una reforma tributaria más amplia y previsible”. El organismo advirtió que “los cambios frecuentes en las medidas de exportación, los impuestos y las condiciones macroeconómicas generan incertidumbre y desalientan la inversión”.
En la misma línea, Miazzo planteó revisar impuestos en los tres niveles de gobierno. A nivel municipal mencionó las tasas viales y de inspección; en las provincias, Ingresos Brutos, y a nivel nacional, la continuidad de la reducción de las retenciones. También reclamó mejoras en infraestructura, crédito, apertura de mercados y fortalecimiento del Senasa.
Miazzo también remarcó que el sector agropecuario no logra beneficiarse de dos de los regímenes de incentivos a las inversiones. Mencionó “el RIMI, que quedó muy lejos para las PyMEs agropecuarias, especialmente las de las medianas, y el RIGI que excluye completamente a la agroindustria”. Según su opinión, ambos instrumentos quedaron mal diseñados desde la perspectiva del sector.
La OCDE también recomendó “reorientar el gasto público hacia los servicios generales, en particular la innovación agropecuaria, la extensión y la infraestructura”. Además, propuso fortalecer las herramientas para enfrentar los riesgos climáticos y mejorar el acceso de los pequeños productores a los mercados.
El organismo reconoció el potencial del agro argentino, al que describió como “altamente competitivo y fuertemente orientado a la exportación”. En ese sentido, Miazzo consideró que “el agro argentino es competitivo a pesar de las políticas y no gracias a ellas”.
Por Pilar Vazquez
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