Retenciones: una entidad del campo pidió que el Gobierno respete un fallo judicial

La Sociedad Rural de Rosario reclamó al Gobierno que respete el fallo de primera instancia de Héctor Plou, juez federal de Junín, provincia de Buenos Aires, que declaró inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación (DEX) en vigencia y fijadas por el decreto 851/2021. Además, pidió que “arbitre los mecanismos de ajuste a la ilegalidad actual”.

La sentencia en cuestión fue luego de una presentación de productores rurales de Junín, patrocinados por Alejandro Barbieri, expresidente de la Sociedad Rural local, y Luis Panetta. Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apeló dicho fallo.

Vale recordar que en febrero pasado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) hizo lo propio y en Córdoba presentó un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector agropecuario, en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María. Plantearon ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro que, desde el 1° de enero de 2022, el cobro de las retenciones ya no tiene sustento legal por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 ya que el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de la facultad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los DEX.

En este contexto, la entidad rosarina instó a la población, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto nacional como provincial, para “que tomen conciencia de la necesidad del respeto de las leyes y de la Constitución Nacional para beneficio de la sociedad argentina en su conjunto”.

“Los tiempos que vivimos nos demandan reclamar lo que parece obvio: el cumplimiento de la ley. En un Estado donde el Gobierno incumple y no respeta el sistema republicano; la ley madre es la Constitución Nacional”, dijo en un comunicado.

Según indicaron, hace veinte años que el campo comenzó con “un aporte extraordinario, las retenciones, para auxiliar al Estado y la sociedad ante una crisis como la del 2001″ y que desde ese momento a la fecha, ha aportado “no menos de US$190.000.000.000 millones; mal utilizados, generando un Estado cada día mayor, empobreciendo a la población, quitando su dignidad”.

“El cobro legítimo de las retenciones finalizó el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el Gobierno, decidió mediante el Decreto 851/2021 del 14 de diciembre pasado y, sin tener facultad legal alguna para tal accionar, continuar recaudando por ese concepto. Es decir, ha sido una medida de clara desobediencia de la ley”, remarcaron.