Revés judicial en EE.UU.: se mantendrán aranceles en contra del biodiésel argentino

WASHINGTON.- El objetivo de aumentar las exportaciones y nutrir de dólares al país sufrió un duro traspié en la Justicia de Estados Unidos, donde un tribunal falló en contra de un intento del Gobierno y la empresa Louis Dreyfus Company (LCD) Argentina por liberar las exportaciones de biodiésel. La decisión incluyó una novedad: uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal para mantener vedado al biocombustible argentino del mercado norteamericano fue la política impositiva del presidente Alberto Fernández.

La Argentina busca desde hace más de cuatro años abrir el mercado norteamericano al biodiésel, antaño el principal producto exportado a Estados Unidos. En 2016, el último año completo de ventas a la primera economía global, la industria facturó más de 1200 millones de dólares. Un año más tarde, ese mercado se cerró luego de que el gobierno de Donald Trump avaló un reclamo de los productores locales, y fijó aranceles antidumping y antisubsidios y bloqueó el acceso al biocombustible argentino, una movida que cayó dentro de su estrategia proteccionista, ampliamente mantenida por Joe Biden.

Detrás de la pelea por el ingreso del biodiésel a Estados Unidos aparece una de las principales herramientas de recaudación del gobierno nacional: las retenciones a la soja. Para Estados Unidos, ese tributo le otorga una ventaja competitiva injusta al biodiésel, al reducir el costo doméstico del principal insumo, el aceite de soja. La Argentina ha rechazado este argumento, aunque el gobierno de Mauricio Macri acercó la tasa de retenciones de la soja y del biodiésel para intentar abrir el mercado norteamericano. En 2018, el gobierno de Macri pidió una “revisión por cambio de circunstancias”, o CCR, al gobierno de Trump para rever el arancel.

A la par de las gestiones oficiales con el Departamento de Comercio –primero, con el gobierno de Trump, y ahora con el de Joe Biden– que se desplegaron desde entonces, el Gobierno y LCD se embarcaron en una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. El objetivo: buscar que se reviertan aranceles antisubsidios del 72,28%.

En un fallo de 27 páginas, el juez Gary S. Katzmann consideró que la política del Departamento de Comercio era “razonable”, y las medidas aplicadas a la Argentina estaban respaldadas por “pruebas sustanciales”, a contramano de lo que argumentaron el Gobierno y LDC. Uno de los argumentos esgrimidos por el Departamento de Comercio, que quedaron plasmados en el fallo de Katzmann, fueron los cambios que sufrió el régimen impositivo argentino.

“Comercio se basó en la evidencia de que, desde 2016, el régimen fiscal había cambiado al menos siete veces”, escribió el juez, detallando luego las modificaciones en las retenciones a la soja y el biodiésel en los últimos años.

Más aún, Katzmann citó el decreto 230/2020 de modificación de retenciones, firmado por el presidente Alberto Fernández, como un argumento válido a favor del planteo del Departamento de Comercio para mantener vedado el ingreso del biodiésel argentino a Estados Unidos. Esa norma dice que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.

Comercio también encontró que el nuevo Gobierno de Argentina mostró “signos de recurrir una vez más al uso de impuestos diferenciales a la exportación como una herramienta de desarrollo para industrias específicas, y potencialmente abandonar la política de neutralidad subyacente al inicio de este CCR”.

“Los demandantes dependen demasiado del diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel. Si bien el diferencial constante de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel puede restar valor a la determinación final negativa del CCR, los numerosos cambios en el régimen de impuestos a la exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para los bienes que agregan valor a través de su producción restan valor a una conclusión de que las subvenciones sujetas a medidas compensatorias constatadas en la investigación subyacente ya no estaban en vigor”, escribió el juez.

Katzmann concluyó que el Departamento de Comercio “respaldó sus resultados finales con pruebas sustanciales”.

En la industria exportadora de biodiésel consideraron una “mala noticia” el fallo adverso al producto argentino. Anticiparon que evaluarán una apelación para tratar de conseguir el acceso al mercado.

“Consideramos que el fallo no es justo, estamos analizando la posibilidad de apelarlo trabajando juntos con la Cancillería para defender los intereses de la Argentina. Para la Argentina, es muy importante tener los mercados abiertos, diversificar sus exportaciones y los destinos de las mismas”, señaló Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).

“Vamos a seguir insistiendo en buscar algún tipo de arreglo justo y razonable para mantener ese mercado abierto”, agregó.

Hoy la Argentina solo tiene disponible en plenitud el mercado de la Unión Europea. Hasta allí, tras un acuerdo con el bloque de parte del sector privado puede enviar un volumen de unos 1,25 millones de toneladas por año, aunque viene colocando por debajo de ese nivel. El año pasado hubo ventas por debajo en medio de la pandemia que paralizó actividades.

Vale recordar que ese mercado estuvo cerrado cuatro años desde 2013 también por restricciones que se le habían impuesto a la Argentina. La reapertura vino luego de un panel ganado a Europa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una rebaja de aranceles que aplicó el bloque europeo.

Además de EE.UU., la Argentina hoy tiene dificultades para acceder al mercado de Perú, que también tiene restricciones al producto argentino.

Con la colaboración de Fernando Bertello

Por Rafael Mathus Ruiz

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