Salta. Una familia productora denuncia la usurpación de 150 hectáreas
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LA NACION Belkis Martínez
En 2009, la familia Manero, productora de naranjas y limones en Colonia Santa Rosa, Salta, sufrió una primera expropiación de un lote destinado a la construcción de una estación de ómnibus en el centro de la ciudad. En ese entonces, un grupo de personas se instaló en el lugar, llamado Sagrado Corazón, y hasta la fecha las autoridades no pudieron desalojarlas. Esa toma no quedó ahí y se repitieron otras que afectó a la misma familia.
Seis años después de que la familia Manero fuera víctima de la primera violación a la propiedad privada, llegó una segunda usurpación. Esta vez los ocupantes se instalaron en un lote de 10 hectáreas en las cercanías a la ciudad, cuyo asentamiento hoy lleva el nombre de Gauchito Gil, en donde una persona habría vendido lotes por 15.000 y 30.000 pesos sin ningún documento que certifique la legalidad de la transacción más que un recibo común de compra-venta.
Los propietarios interpusieron la denuncia de la usurpación de los terrenos ante la policía de la ciudad, pero no tuvieron mucha suerte, ya que hasta el momento no consiguieron resolver la situación. Por el contrario, con el correr de los años se ha ido agravando y la familia ya lleva usurpadas más de 150 hectáreas en total.
Según fuentes cercanas a la familia, además de la denuncia por usurpación, pesa una sobre quien vendió los terrenos.
Tras once años de pedidos a la Justicia para desalojar a la gente que se instaló ilegalmente en los terrenos, hace cuatro días también se encontraron con que un grupo de 90 personas se instaló en un campo de 100 hectáreas también perteneciente a la familia.
Luego de efectuar la denuncia correspondiente por la nueva "violación a la propiedad privada", un fiscal de Colonia dio la orden de desalojo. Sin embargo, llegó más gente al lugar de la ocupación.
En rigor, un grupo de 300 personas se aglomeró en las afueras del campo usurpado intentando meterse al terreno que ya tenía 90 personas adentro. La familia dueña cree que las usurpaciones que hasta ahora continúan presentándose "son meramente políticas".
Según la familia, esos terrenos no son aptos para la siembra y cultivo por encontrarse en una superficie baja, pero sí podrían destinarse para otros fines, como la construcción.
Hasta el momento, la familia se hizo cargo de pagar todos los impuestos de los terrenos usurpados. La policía recibió una orden judicial para "evitar la invasión y resguardar la propiedad privada", pero en la familia no saben si se cumplirá.
Los propietarios asocian este acto a motivaciones políticas, ya que la persona que había vendido los terrenos antes también habría incitado a las tomas de los últimos días registradas.
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