Tras una denuncia de Etchevehere: en Entre Ríos productores dicen que van a "sacar" a quienes usurparon un campo

Productores de Entre Ríos realizarán hoy una marcha con la cual, según aseguran, buscarán "desalojar" a las personas que se instalaron en un campo de Las Margaritas SA la semana pasada. El exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, de la familia propietaria, dijo que la usurpación fue realizada en nombre del dirigente social Juan Grabois.

La convocatoria la organizan productores de esa provincia. Marcharán a las 12 con jinetes, vehículos y tractores en el acceso a Santa Elena, a 1500 metros de la entrada del campo usurpado. Pretenden sumar a la sociedad entrerriana. En un folleto dicen: "Entre Ríos unido para sacar a los usurpadores".

Mariela Gallinger, presidenta de la Federación Agraria de Crespo, señaló a LA NACION: "Es una situación insólita que hoy por hoy un grupo de organizaciones crean que en Entre Ríos pueden usurpar a alguien que tiene la titularidad y todos los documentos en regla. Vamos a manifestarnos por la defensa de la propiedad privada; no creemos en estos valores que porque vos tenés, tenés que dar. Todo lo que tenemos, lo tenemos es por mérito nuestro, sacrificio".

La productora se quejó de que el gobierno provincial no se manifestó contra la usurpación. "Las organizaciones saben que esto hay que pararlo, pero estamos a la buena de Dios. Estamos esperando que el juez de la orden de desalojo, pero como miramos que miran para otro lado, salimos a manifestarnos. Tanto el gobernador de Entre Ríos (Gustavo Eduardo Bordet) como el ministro de la Producción (Juan José Bahillo) no salen a manifestarse, ni siquiera dijeron que les parece una barbaridad", apuntó.

"Si hay un déficit habitacional es un problema del Estado. Lo que han hecho por años es tener personas que dependan del Estado y los que trabajan que tienen algo, tienen que darle a todos lo que no tienen. La convocatoria de mañana va a ser masiva no solo del campo, sino empresarios, profesionales y la sociedad que entiende que a estas organizaciones hay que sacarlas de la provincia", añadió.

Según el fiscal de la causa, Oscar Sobko, en el transcurso de la tarde de hoy la Justicia estará en condiciones de determinar si existe delito o no. "Nos estamos haciendo de los elementos objetivos, entre ellos, documental que están en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná para avanzar y establecer la existencia de delitos", respondió en una consulta de LA NACION. "Se ha solicitado audiencia al Juez de Garantías para tratar los derechos que tienen las partes y, en su caso, el desalojo", amplió.

En uno de los comunicados, la FAA de Crespo indicó: "No se puede hablar del cumplimiento de la Constitución Nacional cuando vemos que la usurpación a la propiedad privada está en manos de una Justicia sorda y en la convivencia ideológica de funcionarios del Gobierno tanto nacional como provincial. Ante las acciones de la organización de Grabois en el departamento La Paz en Entre Ríos, los productores de la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina expresamos con vos fuerte que no vamos a aprobar que la usurpación sea permitida en Entre Ríos. El desalojo que el fiscal de turno debe solicitar al juez es seriamente vista como una complicidad silenciosa teniendo ya las pruebas que fundamenten el pedido".

La Sociedad Rural La Paz sostuvo que en línea con la posición sostenida por la Mesa de Enlace de Entre Ríos y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), condena todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones. Además, expresó su preocupación respecto de "que no se rechace enfáticamente y con la celeridad requerida, por parte la Política y la Justicia, la usurpación como modo de resolver las falencias del estado por las deudas sociales".

"La violación de la propiedad privada y por ende la Constitución Nacional es un límite que debemos sostener como infranqueable, por lo que sin entrar en los casos concretos ni en las cuestiones judiciales de cada uno de ellos, es que expresamos nuestra postura y exigimos que se extremen desde el Estados todas las acciones y medidas que lleven tranquilidad a la sociedad, donde se garantice la seguridad jurídica y protección de la vida de las personas y sus propiedades, dentro del respeto a la ley y del Estado de Derecho", agregó.

Por otro lado, la diputada entrerriana Alicia Fregonose (Juntos por el Cambio) criticó la toma de tierras y habló de una "asombrosa pasividad" gubernamental.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, expresó: "Cuando la Justicia es lenta y el mensaje político no está atado a la Constitución y al Estado de Derecho, los resultados quedan a la vista. Frente a un nuevo atropello a la propiedad privada en un campo de público conocimiento, peticionamos a las autoridades judiciales que tomen pronta intervención y resolución. El hecho de que una de las partes en conflicto apueste, por un lado, a denuncias en las redes sociales, mientras la otra parte lo haga en sede judicial, aumenta nuestra convicción de que la Justicia debe actuar de inmediato".

"Está resolución de la Justicia no solo debería estar en línea con la condena a quienes hayan cometido un delito, sino también con la necesidad de preservar los bienes usurpados, además de evitar que se alcancen situaciones aún más conflictivas. A la vez, pedimos a las autoridades políticas un claro mensaje de apego a la Constitución y las leyes vigentes. Esto significa un respeto irrestricto a la propiedad privada. Y, a la vez, este mensaje de las autoridades políticas debería dejar en claro quiénes son sus interlocutores. En esta Argentina ya no debe haber lugar para los Grabois y todos aquellos que se sienten parte del Gobierno y que permanentemente dan mensajes atentando contra la Constitución y el Estado de Derecho", indicaron.

En esa misma línea, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), a través de un comunicado también expresó la "profunda intranquilidad que generan en los productores los intentos de usurpación que se han venido materializando en diversos puntos del país, con recientes capítulos en varios departamentos de la provincia de Entre Ríos".

"Rechazamos y repudiamos cualquier intento usurpatorio, sin importar la dimensión de los inmuebles ni de quienes sean los damnificados, ya que en todos los casos despojar por efecto de la violencia los bienes a sus propietarios presupone un delito tipificado en nuestro Código Penal. La propiedad privada merece ser respetada y honrada desde todos los ámbitos de la sociedad, máxime desde el Estado; pero justamente allí no advertimos en estos tiempos un discurso contundente y tranquilizador en la búsqueda de condenar y evitar que ese flagelo, azuzado con intereses de desintegración social por parte de sectores inescrupulosos, sea detenido", subrayaron.