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Un sistema que obliga a perder el tiempo en lo que no se sabe hacer
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LA NACIONCristian Mira
Contaba por estos días el dueño de una empresa semillera de carácter familiar: “Tenemos tantos empleados administrativos como breeders”. La razón del desfase, explicaba, es que para exportar tienen que dedicar buena parte del tiempo a peregrinar con trámites frente al Senasa y la AFIP, entre otros organismos públicos. En otras palabras, le quitan recursos al corazón de lo que debería ser una empresa dedicada al mejoramiento genético que, como muchas otras en la Argentina, son competitivas a nivel global, pero tienen que luchar cotidianamente contra un sistema que los lleva a dejar de hacer lo que hacen.
Si hay trabas burocráticas para exportar, las dificultades para importar aún son mayores. Las empresas de fitosanitarios, aunque no se pronuncien públicamente, advierten que tienen serias dificultades para importar principios activos. Mientras tanto, el oficialismo, en caso de que gane el balotaje mañana, incorpora a sus proyecciones económicas del 2024 la recuperación de la cosecha de granos gruesos respecto de la pésima campaña 2022/23, afectada por la sequía. Lo que no se pregunta es si el paquete tecnológico para proteger a los cultivos será el adecuado por las restricciones a las importaciones, en un ciclo con mayores lluvias.
Otra faceta del cepo al comercio exterior quedó al descubierto en los últimos días tras la decisión de productores de banana de Paraguay y Bolivia de dejar exportar la fruta a la Argentina por una deuda de US$23 millones, entre los dos países, generada por el freno del Banco Central (BCRA) y las autoridades económicas a la compra de divisas para importar.
Ese sistema de controles e intervenciones en los mercados tiene su correlato en la vocación por aumentar la presión impositiva sobre los sectores productivos, que se extiende a las jurisdicciones municipales. En la provincia de Buenos Aires hay dos casos recientes. Por un lado, en el partido de Azul el intendente saliente, Hernán Bertellys, de Juntos por el Cambio, propuso la creación de una “tasa de impuestos esenciales municipales”, equivalente al precio de un litro de gasoil por hectárea al mes. En un curioso caso de concordancia política, los productores de Azul explican que la idea de crear un impuesto nuevo fue del intendente electo, Néstor Sombra, de Unión por la Patria.
Según un cálculo de Carbap, la nueva tasa implicaría para el agro la extracción de $5000 millones al año de su capital de trabajo. Para la entidad, la tasa propuesta en el Consejo Deliberante “no tiene una contraprestación clara, y no deja de ser un claro abuso de poder manifiesto de las autoridades constituidas en busca de revertir una mala administración del erario público”.
Por otra parte, en Laprida, se hizo magia con el almanaque. Los ediles aprobaron una séptima cuota extraordinaria de la tasa vial, con vencimiento en diciembre. Según explicó Carbap, esa tasa tiene un monto escalonado según la superficie que “oscila entre $1376 por hectárea a campos de 200 hectáreas o menos a $2439 por hectárea a campos de más de 1400 hectáreas”.
En la entidad ruralista, consideran que esas imposiciones tributarias “lindan con lo confiscatorio” y que “promoverán una gran litigiosidad al no tener una contraprestación clara y manifiesta”. En otras palabras, de no revertirse esos aumentos, los productores, en vez de dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es crear riqueza para que se generen más oportunidades de inversión y trabajo, deberán ocupar su tiempo en los laberintos de la Justicia.
Hay otras agendas que trascienden lo local para seguir con atención. Una de ellas es la ambiental. Esta semana, la Comisión Europea, al no alcanzar una mayoría calificada, decidió prolongar por diez años la autorización del uso del herbicida glifosato que algunos países de la Unión Europea procuraban prohibir. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa, en sus siglas en inglés) había expresado que en su evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente no había “identificado áreas de preocupación críticas”. También había destacado la necesidad de recabar más datos sobre el herbicida.
Aunque la CE adelantó que habrá limitaciones en la aplicación, con la aprobación prevaleció el criterio científico y no el político, que podría haber golpeado aún más a la agricultura europea, amenazada por el “Pacto Verde”, y haber provocado consecuencias negativas para los países del Mercosur que exportan a la UE.
