Capitalismo a la chilena: el Gobierno usa lo que odia para llegar a donde quiere
Milei le saca provecho a la táctica de usar lo público para forzar a los privados a competir; el factor Mindlin, la liquidación de una herencia kirchnerista y la posibilidad de hacer una gran acrobacia jurídica para que la Corte Suprema convalide sin rodeos una de las grandes ambiciones presidenciales
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Javier Milei le dio una sola orden a Darío Wasserman cuando asumió la conducción del Banco Nación, a fines del año pasado: debía hacer todo lo que dijera el ministro de Economía, Luis Caputo. Este especialista en finanzas, muy cercano a la cúpula del poder porque su esposa, Pilar Ramírez, es una de las personas de mayor confianza de Karina Milei, cumple todos los días con la orden presidencial.
Caputo está más preocupado por el presente que por los días que vienen. Lo inquieta encontrar alternativas que permitan transmitir las mejoras de la normalización económica a la gente y a la parte del sector privado que acepta las reglas de juego de Milei.
Esta semana, la entidad que maneja Wasserman lanzó créditos para las pequeñas y medianas empresas a una tasa sensiblemente menor a la del resto del mercado. Hizo lo mismo con los préstamos para comprar electrodomésticos para levantar el consumo, uno de los flancos débiles del modelo libertario.
El Banco Nación se convirtió así en una espada para llamar la atención del sistema financiero y hacer que la banca privada imite a la pública. Wasserman, con el aval de Caputo y de Santiago Bausili (Banco Central) busca mostrarles el camino a los demás.
Es una muestra elocuente de pragmatismo táctico libertario bajo presión para sostener la promesa de un futuro que todavía no llegó. Ese en el que los bancos presten más y más barato.
La experiencia del Nación deja otras evidencias. Aunque preferiría que estuviese en manos privadas, el Gobierno usa a una de sus empresas para señalarle al resto por dónde debe ir. El mercado es bueno, pero si se lo ayuda, puede ser mejor, diría Milei parafraseando inesperadamente a Perón.
Hay más ejemplos. YPF, bajo control estatal, subió los precios de los combustibles por la guerra de Medio Oriente, pero no tanto como le indicaba el Excel. Fue una decisión compleja de su presidente, Horacio Marín, que terminó conteniendo las pizarras de todas las estaciones de servicio.
La petrolera es la joya más grande de las empresas públicas. Sin embargo, nadie en el Gobierno habla de privatizarla. El Gobierno que predica el retiro del Estado lo está usando como herramienta central. Quizá sea el nacimiento de un capitalismo a la chilena, que atravesó procesos neoliberales, pero el Estado nunca se desprendió por completo del negocio del cobre.
Hay una regla de oro del modelo que ningún ejecutivo de empresas públicas puede violar. Al igual que Marín, Wasserman se impuso un límite: el banco tiene que ganar plata. Cuando llegó Milei al poder, el Nación tenía el 10% del mercado de créditos. Ahora, se lleva el 19,3%. Es el banco con menos mora y que gana, proporcionalmente, más dinero.
Son cifras que muestran que el Estado empresario también funciona, aunque la idea va en contra de la creencia de Milei. Incluso para los funcionarios de este Gobierno que se beneficiaron con sus créditos.
Una herencia kirchnerista le servirá al Gobierno en los próximos meses. Será en respuesta a otra indicación clara del ministro de Economía. “Es ahora; este es el momento”, dijo. El mensaje le llegó a Diego Chaher, el funcionario detrás de las privatizaciones que está en su Secretaría por decisión del asesor Santiago Caputo, pero que en la práctica le responde al ministro.
Chaher puso a rodar todo lo que pudo en las últimas semanas para sacar a la venta este año al menos una decena de activos públicos. Es el inicio de un largo viaje de regreso a una Argentina anterior a Néstor Kirchner, cuando no había empresas en manos del Estado. Hay mucha expectativa puesta alrededor de ese trabajo, de distinto tipo.
Caputo ministro, por caso, espera que la venta de las alhajas de la abuela (las joyas cambiaron de dueño en los años 90) le reporte ingresos por unos US$2000 millones. Es otro ejemplo de un movimiento táctico bajo presión. El Gobierno necesita del ingreso de divisas para pagar deuda porque el mercado internacional está cerrado y debe vivir con lo propio.
Caputo asesor busca un premio distinto. Está transitando la pendiente política a la que lo empujó Karina Milei tras las elecciones de medio término. Con su influencia en retroceso, según reconoce su equipo, cada éxito se celebra mucho más que cuando las cosas eran más fáciles.
El último ejemplo es la reciente valoración pública de María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica, a quien se le reconoce un lugar preponderante en la estrategia que condujo al fallo a favor de la Argentina en el juicio por la estatización de YPF.
Un caso resume el punto de intersección entre los intereses de los Caputo. En enero pasado, el Gobierno transfirió las centrales del Comahue a grupos privados, por las que recibió más de US$700 millones. Esos fondos, gestionados por Economía, se usaron para afrontar vencimientos de deuda soberana por US$4300 millones.
Las mayores expectativas están puestas en Enarsa. La empresa nació por una sugerencia de Guillermo Moreno a Néstor Kirchner, se transformó en la nave insignia de los subsidios energéticos, el principal lastre de las cuentas públicas en la última década, y hoy aparece como una pieza relevante en el intento oficial por conseguir dólares.
Enarsa es una mamushka. Dentro de su estructura están contenidos algunos de los negocios más interesantes que tiene el Estado para ofrecerle al sector privado, como centrales eléctricas, gasoductos y empresas que manejan líneas de alta tensión.
La guerra le dio un nuevo ímpetu al negocio energético. Es por eso que Caputo está convencido de que es un momento ideal para sacarle el mayor provecho a esa herencia kirchnerista. La Argentina tiene el plus de que entre los países que pueden producir petróleo y gas es el que está más lejos de los misiles.
Mientras transita la interna, Santiago Caputo tendrá otra oportunidad de mostrar que sus gestores son capaces para resolver algunos de los problemas que más fastidian al Presidente, porque el pragmatismo no se limita a la economía, sino que también se juega en los tribunales.
Sebastián Amerio, persona de confianza del asesor, debió dejar el cargo de viceministro de Justicia para hacerle lugar en la conducción de esa cartera a Juan Bautista Mahiques y a los elegidos de Karina Milei. Recaló en la Procuración del Tesoro (PTN), donde ya trabaja para dar vuelta el fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió a principios de la semana la aplicación de 82 artículos de la ley de Reforma Laboral.
Amerio está dispuesto a dar un golpe de efecto. Está pensando en presentar un per saltum a la Corte Suprema para que el máximo tribunal defina sobre el futuro de la legislación del trabajo en el país sin perder el tiempo en instancias intermedias. Lo apuntalan dos de los preferidos de Milei: Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Petovello (Capital Humano).
Para el Gobierno, el problema es el corto plazo, porque cree que el futuro estará resuelto. Algo así como el éxito al que estaba “condenada” la Argentina tras la crisis de 2001, según Eduardo Duhalde. Ya sabe cuáles serán las palancas.
Milei está convencido de que a la explosión del petróleo y el gas en Vaca Muerta le seguirá el crecimiento industrial liderado por empresas con escasa representación en la Unión Industrial Argentina (UIA). Ponen de ejemplo a Marcelo Mindlin, el creador de Pampa Energía, que está definiendo si hacer una inversión de US$1500 millones en fertilizantes en Bahía Blanca, como se esperaba, o en Río Cuarto. Sus técnicos no descartan que resulte mejor llevar el gas hasta Córdoba para luego repartir el producto más cerca de los productores agropecuarios.
En ocasiones, el éxito puede resultar incómodo. Cada vez más ministros ponen a Mindlin como ejemplo del nuevo capitalismo en contraposición con Paolo Rocca (Techint), su socio en distintos proyectos de infraestructura. Ni quienes defienden al grupo industrial en el Gobierno aceptaron las explicaciones que les dieron sus enviados tras el episodio por los caños de la India.
En el Gabinete circuló un comentario polémico y lapidario. Recordaron el caso de Park Chung-hee, un dictador surcoreano que gobernó con mano de hierro desde 1961 hasta 1979 tras un golpe de Estado. Es considerado el principal arquitecto del rápido desarrollo económico de Corea del Sur, que transformó a ese país agrícola empobrecido en una potencia industrial. Arrancó su período encarcelando a empresarios.
Chung-hee es considerado el padre del capitalismo de su país. En la misma línea, pero bajo un gobierno democrático, se menciona a Felipe González, que aplicó cambios drásticos en España a principios de los años 80. Milei se considera en la misma línea refundacional: la que despide a un capitalismo para abrirle paso a otro que baje los costos para toda la cadena.
Hay una convicción evangelizadora en el Gobierno de que, tarde o temprano, todos se aferrarán al nuevo credo, incluso los apologistas. Un caso extremo es el de Alberto Pierri, dueño de Telecentro, expresidente de la Cámara de Diputados durante el menemismo y cultor de un vínculo cercano con sus excompañeros. Está exultante con el hecho de que el Gobierno eliminó una regulación que ahora le permite vender en el país Starlink, la internet satelital de Elon Musk. Postales de la reconversión capitalista extrema.
Federico Sturzenegger jugará varias cartas importantes en pocos meses con el objetivo de contribuir, según su mirada, al futuro que espera Milei en la Argentina renovada. Reglamentará la ley de semillas, que divide las aguas en el campo. El ministro dice que se podría multiplicar la producción gracias a un mayor rendimiento del suelo. Y espera la sanción de una nueva ley de tierras que elimine la restricción para comprar más de 1000 hectáreas a extranjeros que no sean un estado.
Son noticias explosivas para el campo. Sturzenegger hizo un cálculo que muestra cómo cayó el valor de la tierra en la Argentina tras la aplicación de los límites a la propiedad. El Gobierno espera desandar ese camino con la nueva legislación. Hay espacio para que el precio de la tierra suba hasta 25%, calculan. La Casa Rosada, además, espera que se destraben US$5000 millones de potencial inversión.
La recomendación general a los ministros es que apuren todos los proyectos que deban pasar por el Congreso para que se traten antes de octubre. Luego, consideran en Casa Rosada, los legisladores serán arrastrados por la dinámica electoral de 2027. Es por eso que en mayo habrá un nuevo avance sobre la motosierra. Se habla menos de ella, pero sigue funcionando.
El Gobierno avanzará con una ley de Reforma del Estado que contemplará todo lo que estaba en el DNU que frenó el Congreso el año pasado (como la eliminación de Vialidad). Aquello era un decreto y esto, una ley. Sturzenegger aprovechará el mal trago del pasado para volver recargado.
El Gobierno predica el retiro del Estado, pero en los hechos lo usa como herramienta para influir en el mercado. No es una contradicción: es una necesidad para atravesar un presente complejo mientras da los pasos para llegar al futuro en el que cree el Presidente. En el tiempo que demore recorrer ese camino se juega el éxito de la gestión libertaria.
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