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Cayeron en la trampa: iban a renovar su pensión por invalidez, pero la Justicia los detuvo
Según datos oficiales, en el país hay al menos 330 prófugos que cobran esta asignación mensual y la gestión de Javier Milei evalúa si hubo irregularidades en sus pagos; a los que detuvieron, los capturaron luego de convocarlos para que presenten los datos necesarios que exige la renovación de la prestación
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Luego del capítulo de la radiografía de un perro para certificar una condición médica humana y así percibir una pensión por invalidez, la auditoría sobre estas asignaciones ofrece una nueva entrega. El Gobierno convocó a más de cien beneficiaros con el pretexto de renovarles la prestación, pero 14 de ellos terminaron presos. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encontraban prófugos de la Justicia y el incentivo para seguir cobrando este dinero del Estado fue la trampa utilizada para localizarlos y capturarlos.
Tal cual informaron fuentes oficiales, entre los detenidos había acusados por “robo agravado, intento de violación y otros delitos graves”. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual estas personas accedieron a cobrar una pensión por invalidez. Pese a eso, para el Gobierno se trató de un “uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”.
Los 14 detenidos representan apenas una porción del total de prófugos de la Justicia que perciben una pensión por invalidez. Según el entrecruzamiento de datos entre el Ministerio de Salud, el de Seguridad y el de Justicia, que tiene el objetivo de identificar quiénes resultan beneficiarios de esta prestación, 131 personas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires poseen una orden de detención en su contra al mismo tiempo que cobran la asignación. Las autoridades estiman que en las otras provincias el número asciende a 200.
En el caso del operativo realizado en la capital y en territorio bonaerense, funcionarios a cargo de él narraron que utilizaron una trampa “cazabobos”, tal cual la definieron. “Fue algo así como lo que ocurre en las elecciones cuando los policías esperan a los prófugos en las escuelas donde deberían votar”, compararon. Pero a diferencia de lo que puede ocurrir durante las jornadas cívicas, las autoridades utilizaron como carnada al premio de seguir recibiendo una prestación que actualmente representa el 70% de una jubilación mínima. Es decir, $171.024,39 mensuales.
“Los citamos para verificar sus datos y estudios y así convaliden las condiciones necesarias para tener la pensión, y a los que se presentaron, los detuvieron”, explicó un funcionario al tanto de la estrategia de las autoridades. El Decreto 432/1997, que reglamenta cómo el Gobierno debe otorgar estas asignaciones, estipula que la prestación puede suspenderse por “incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación”. Por lo tanto, si continuaran las convocatorias a los prófugos que no se presentaron, y estos persistieran en su ausencia, el Estado tendría argumentos legales para suspenderles la transferencia mensual.
Pero más allá de la ocurrente detención de estos prófugos, una incógnita que plantea el caso es si resultaba pertinente que estas personas recibieran ese dinero. El mismo decreto citado indica que esta asignación caducará cuando la persona tenga “condena a prisión o reclusión por más de tres años a partir de la fecha de la sentencia”. Según detallaron fuentes oficiales, “se detectó que hay casos de personas detenidas que acumulan hasta ocho causas”. Entonces, la evaluación sobre presuntos pagos irregulares de estas pensiones variará según el caso y dependerá del status judicial de cada persona prófuga.
A su vez, el decreto en cuestión también contempla la suspensión de la prestación “por encontrarse el beneficiario detenido a disposición de la Justicia”. De esta legislación se valió el Gobierno para cortar el pago a los 14 que logró detener.
A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría de las 1.215.548 personas que perciben esta asignación. “Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto”, detallaron. De acuerdo a los valores de la prestación en octubre, demandan $207.888 millones al mes. Una primera muestra de la auditoría comenzada hace siete meses y que se realizó sobre un universo de 3000, arrojó que el 80% no reunía las condiciones necesarias para recibir la asignación.
Entre 2003 y 2007, durante la gestión de Néstor Kirchner, la cifra de beneficiarios pasó de 79.581 a 225.411. Es decir, se multiplicó por 2,8. En 2011, el número ascendió hasta 707.068. Esto implica que durante el primer mandato de Cristina Kirchner se triplicó la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez. La evolución del indicador muestra que hasta 2015 se agregaron más de 300.000 nuevos pensionados y el universo total beneficiarios pasó a 1.045.954. Al finalizar el período presidencial de Mauricio Macri, dicho número bajó y la administración de Alberto Fernández volvió a elevarlo hasta 1.215.548.
Fuentes vinculadas a la gestión de Néstor Kirchner dijeron a LA NACION que el aumento durante su mandato tuvo que ver a “un retraso enorme en expedientes pendientes”. Además, desde el kirchnerismo indicaron: “Si quieren sacar la pensión por invalidez, que se hagan cargo y que no inventen mentiras”.
Una mirada territorial de la cantidad de beneficiarios los ubica según su provincia. Si bien Buenos Aires es la que mayor cantidad de pensionados por invalidez concentra, con 302.794, en Chaco la proporción entre su población y los que perciben esta asignación es del 8,8%. Esto significa que en dicha provincia cerca de uno de cada 10 recibe esta pensión.
Las cifras del Gobierno también indican que en Santiago del Estero el 7,9% de su población es pensionada por invalidez y en Formosa, el 6,7%.
