Controversia en torno de la aduana en factoría

El presidente Eduardo Duhalde dictó, el 26 de abril último, el decreto 688/02 que establece el régimen de aduana en factoría, destinado a grandes empresas, con el propósito de favorecer la recuperación de la actividad industrial.

El mecanismo viene a continuar el camino iniciado con las aduanas domiciliarias que le permitió a grandes operadores contar con personal aduanero en sus propios establecimientos fabriles para bajar costos logísticos y acelerar la liberación de los bienes.

Posibilita a estas empresas diferir el pago de impuestos de importación hasta tanto se decida comercializar en el mercado interno los bienes terminados. Al contrario, si las empresas deciden enviarlos al exterior, se reexportan los insumos ingresados originalmente, sin el pago de los tributos que gravan su ingreso en el país.

Aunque aún no fue puesto en marcha (se espera una reglamentación diferencial del decreto según distintos sectores), ya generó el rechazo de Pyme y de despachantes de aduana. "Este régimen favorece a algunas pocas empresas grandes y elimina de la competencia a las Pyme", expresó la despachante Anabel Pérez Bemporat.

En su opinión, las grandes empresas darían preferencias a proveedores extranjeros por sobre los nacionales porque si deciden comprar a estos últimos en lugar de traer la mercadería al país deberían pagar el IVAcon la compra del bien.

También las Pyme se verían en dificultades para poder competir en mercados externos con las firmas más grandes que cuenten con el sistema de aduana en factoría.

Desigualdad

"Cuando las empresas importan tienen un débito de IVAy cuando exportan tienen un crédito. El régimen de aduana en factoría les permitiría compensar los saldos a las empresas incluidas mientras los demás tienen que hacer un trámite burocrático para esperar la devolución del IVA", se quejó el despachante Carlos Flamini.

Además, no se estaría observando el artículo 99 inciso 3º de la Constitución, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas en materia impositiva y también se soslayaría el artículo 75 del cuerpo legal que incluye entre las atribuciones del Congreso la de legislar en materia aduanera, aseguró el director de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (Aiera, que agrupa a operadores Pyme del comercio exterior), Roque Russo.

Pérez, por su parte, opinó que el régimen también contraviene la ley Nº 22.415/81 del Código Aduanero "porque se lo quiere incluir dentro de las destinaciones suspensivas".

Para realizar estas operaciones de importación (que suponen dejar en suspenso el pago de tributos hasta la nacionalización de los bienes)"hay que garantizar los derechos caso por caso" mientras el sistema de aduana en factoría prevé una garantía global y "hacer una declaración detallada que también se estaría eliminando" , señaló.

En tanto, funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) negaron que el decreto pueda ir en contra del Código Aduanero y de la Constitución Nacional.

Por el contrario, según afirmaron, se procura disminuir la capacidad ociosa del orden de un 80% que tiene la industria automotriz -una de las principales impulsoras del régimen- por la abrupta baja de la demanda de automotores en el mercado interno y para evitar que derive en suspensiones y despidos.

A juicio de la DGA, las Pyme que no quieran exponerse a una mayor carga fiscal para exportar bienes terminados pueden importar en forma temporaria los insumos. "El decreto sólo reglamenta el código. No se está creando una destinación suspensiva, que ya existe, sino que se le da un plazo", indicó el director de la Secretaría Técnica Institucional de la DGA, Edgardo Cervantes.

Agregó que en estos casos "no tiene sentido que la Aduana acumule toneladas de garantías". Más que resguardar los intereses del fisco supondrían un costo que deben abonar operadores solventes a las compañías de seguro, según afirmó.

Asimismo, el personal del organismo que estará en la planta de los grandes operadores accederá a la contabilidad para ver el valor de los bienes, los datos de documentos de transporte y los inventarios y puede aplicar sanciones si se comprueban inexactitudes, dijo Cervantes.

Desde la industria automotriz también salieron a defender el régimen. "Como recién se liquidan los aranceles si el bien va al mercado interno, se podrían lograr exportaciones marginales que responden a pedidos muy puntuales porque se cotizaría con un precio más bajo que si tengo que cargar el IVAy los aranceles", dijo una fuente del sector, que pidió la reserva de su nombre.

Tampoco se estaría propiciando el reemplazo de autopartistas locales por extranjeros porque hay que tener un nivel mínimo de componente local para cumplir con las regulaciones del Mercosur y, en términos logísticos, "es más barato tener los proveedores cerca de la línea de producción", comentó la fuente.

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