Desterrar el fantasma del "cuarto adjunto"

Durante muchos años, el Estado argentino encaró sus vínculos con el sector privado con modalidades prebendarias, en tanto este último, simétricamente, se identificó a través de reclamos encubiertos o de viva voz, pero casi siempre con términos propios del "lobby salvaje". Ahora llegó la hora de hacer un replanteo de ambas partes.

Más aún, la necesidad de afrontar negociaciones económicas internacionales con vistas a formalizar tratados de última generación presenta dificultades de tal envergadura que se hace indispensable institucionalizar la relación público-privada.

Y en busca de articulaciones fructíferas entre ambas áreas se ha difundido en el mundo la práctica de un efectivo seguimiento de las tratativas intergubernamentales por los agentes privados. Es el espacio propio del "cuarto adjunto", que suele dar lugar a distintos tipos de debates respecto de su configuración y oportunidad, como ha ocurrido dentro de los países involucrados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), al principio con motivo de la extensa duración de las tratativas y más tarde por los acelerados avances y ulterior perfeccionamiento de las negociaciones.

Pero no debe sorprender que en la Argentina tales debates y disputas pasen inadvertidos. El período de hibernación, desde el punto de vista de la diplomacia económica y comercial, se prolongó demasiado tiempo.

Pero en breve tanto el funcionariado gubernamental como las agremiaciones empresarias estarán obligados a refrescar algunos conceptos elementales para que mediante sus vinculaciones recíprocas sea posible sustentar posiciones consistentes en las negociaciones que se avecinan.

Parece oportuno entonces empezar por preguntarse qué debería tener en cuenta el sector público a la hora de convocar al sector privado. En primer lugar, sabemos que las materias susceptibles de ser negociadas hoy día son tan diversas como complejas y, por añadidura, tienen una interdependencia tal que decididamente no pueden ser trabajadas en compartimentos estancos. De modo que la fijación de prioridades de política económica -tanto cuando se trata de obtener concesiones como de otorgarlas- requiere información técnica pormenorizada. Y las entidades que se encuentran en condiciones propicias para recolectar, procesar y suministrar esta información son, precisamente, las agremiaciones empresarias con intereses legítimos en cada materia (cámaras sectoriales).

En segundo lugar, las demandas de información han de formularse con la precisión y minuciosidad que requiere una estrategia de negociación ya elaborada en ejercicio de las atribuciones gubernamentales. Es decir que la convocatoria al empresariado no debe alentar temores, equívocos o falsas expectativas a través de preguntas erráticas, imprecisas o abiertas que inciten a una realimentación de aquel "lobby salvaje" propio de sociedades en las que el Estado no puede asumir su papel.

Del otro lado, también cabe preguntarse cuáles deberían ser las pautas a las cuales tendrían que atenerse los agentes privados para interactuar constructivamente ante la convocatoria gubernamental. En sintonía con lo señalado, el empresariado habrá de reconocer, como punto de partida que el interés público no es un agregado de intereses privados. Pero la inevitable contraposición de estos intereses privados, sobre la cual el Estado debe laudar cuando encara una negociación internacional, no tiene por qué dar lugar a la difusión de visiones apocalípticas.

Y tampoco justifica la demanda de "transparencia" entendida como derecho de intervención privada sobre el curso de las negociaciones intergubernamentales. En cambio, el empresariado y, en general, la llamada "sociedad civil" tienen una vía institucional para dirigir los reclamos por la supuesta conculcación de intereses públicos. Es la vía parlamentaria, considerando que como representantes del pueblo de la Nación los legisladores deben organizar comisiones ad hoc para el seguimiento de las negociaciones a fin de recabar antecedentes que permitan luego justificar la aprobación de lo acordado.

Salvo que prevalezca una grosera ignorancia o irresponsabilidad, las políticas encaminadas a la suscripción de compromisos internacionales económicos y comerciales bajo los formatos de tratados de última generación no tienen por objeto la desaparición o sustitución de actividades, ramas o sectores de la producción o el comercio.

En cambio, suelen inducirse nuevos desafíos asociativos o contractuales, que a su vez pueden relacionarse con alteraciones en la calificación de origen de materias primas o insumos o con la reconversión de líneas de producción o comercialización.

Pero en cualquier caso concertar compromisos bajo los tratados de última generación tiene un valor agregado esencial: previsibilidad para las condiciones de acceso a los mercados.

Esta previsibilidad es siempre preferible a los cotos de caza de que gozan algunos privilegiados en una economía enclaustrada y por lo tanto sin perspectivas de desarrollo para el país. Y también es preferible a la incertidumbre y la volatilidad que afecta las transacciones internacionales en economías abiertas, pero que todavía no logran acordar regulaciones internacionales operativas y con marcos y procedimientos institucionales de concertación bajo reglas de reciprocidad.

El autor es investigador y docente en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata

Por Marcelo Halperín

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