Salmón: el producto, que no se desarrolla en el país, quedó entre las importaciones restringidas

Las restricciones a las importaciones instrumentadas por el Gobierno nacional ante la escasez de dólares alcanzó al salmón. La Argentina importa de Chile todo el que consume, en lo que va del año ingresaron por U$S39.785.194. A partir de la resolución A 7532 del Banco Central, que limita el acceso a dólares, esa variedad quedó incluida entre los 350 productos que no se producen en el país o son considerados por el Gobierno como “lujosos” y sus importadores no podrán acceder a dólares oficiales por 180 días.

Claro que, ante otros faltantes o escasez de insumos, el del salmón parece un problema menor pero hay quienes interpretan que el país podría producirlo y exportarlo además de atender la demanda interna. Desde hace un año rige en Tierra del Fuego la única ley en el mundo que prohíbe su cría. El primer rechazo fue impulsado por organizaciones ambientalistas y de científicos en 2018, cuando se empezó a debatir el posible establecimiento de salmoneras en el Canal de Beagle.

Hay quienes sostienen la presunción de que la Argentina podría producir salmón y exportarlo como lo hace Chile, pero el biólogo marino e investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas-Conicet, Gustavo Lovrich, explica que no son casos comparables. Ese planteo parte, según describe, de la falacia de que hay suficiente extensión de costa: “Chile cuenta con 40.000 kilómetros de costa patagónica, el equivalente a una vuelta al mundo y la Argentina tiene solo 150 kilómetros, en el resto de la Patagonia hay corrientes fuertes y mareas muy altas que no son condiciones adecuadas”.

Francis Castro, dueño de Agro Comercial del Carmen, cuenta que, a comienzos de los 80, fue uno de los pioneros en la cría de truchas en Alicurá, en la Patagonia argentina. La empresa desarrolla su propia comercialización y, fundamentalmente, la industrialización del ahumado que comienza a exportar a Brasil y a Alemania. “Los chilenos, necesitados de producir regionales, en unos años se transformaron en los segundos productores del mundo de salmón. Sus características geográficas y la presencia de fiordos ayudan porque contienen a las jaulas de cría del oleaje”, describe.

Su empresa es, en la actualidad, una de las principales distribuidoras de salmón chileno en la Argentina, tanto fresco como ahumado. Entiende que con las restricciones vigentes ingresará entre 40% y 50% de lo que se venía importando. Las operaciones de importación deben realizarse con el dólar “contado con liqui”, por lo que encarece mucho el precio final.

El coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 y director del CEPXXI del Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Schteingart –cuando se sancionó la ley fueguina– explicó en sus redes sociales que todo el salmón que se consume en el país viene de Chile, donde la actividad está “muy desarrollada”. En ese último año se había importado por US$45 millones, cifra “récord” para el segmento; el pico anterior –bastante más bajo– fue en octubre del 2017.

“Junto con las bananas, el café, el cacao, la carne porcina, la palta y las almendras, el salmón está entre los alimentos que más importamos –agregó Schteingart–. La Argentina es un exportador neto de alimentos pero en estos rubros somos deficitarios”. Indicó que el salmón es comprado por hogares de ingresos medios y altos: “Más de la mitad del consumo lo explica el 20% de mayores ingresos. Esa cifra sube aún más si contemplamos el gasto en salmón vía restaurantes (mayormente sushi)”.

También planteó que la acuicultura nacional (marina y de agua dulce) en la actualidad es “marginal”, pero “puede y debe ser desarrollada” con diversas especies, por ejemplo la trucha, y “hacerlo sosteniblemente. Eso es fundamental para el desarrollo territorial y para generar exportaciones”.

Sobre ese punto insistieron desde el Club Gastro Japo, que reúne a emprendedores de gastronomía nikkei y no nikkei dedicados a la cocina japonesa. Emitieron un comunicado que señala que “todo momento de crisis es una oportunidad para probar cosas nuevas, cambiar hábitos, buscar nuestras fortalezas” y, en esa línea, sostienen que la pesca nacional tiene muchas “riquezas” y esta es su “oportunidad”. La apuesta es a la trucha patagónica como reemplazo del salmón, aunque podrían incorporar besugo, lenguado y hasta pejerrey.

Al 27 de junio último –cuando salió la resolución del Banco Central–, el salmón ocupaba el segundo lugar entre los 10 productos más importantes a los que alcanzó la restricción a importaciones. De esa lista, el resto eran carne de cerdo congelada sin deshuesar (US$58,1 millones); paltas (US$33,3 millones); consolas de videojuegos (US$21,8 millones); perfumes (US$21 millones); tabaco (US$15,6 millones); trozos y despojos de aves congeladas (US$14,7 millones); cerveza de malta (US$13,8 millones); extractos de perfumes (US$10,8 millones) y helicópteros de menos de 3500 kilos (US$9,8 millones).

Chile es el segundo productor de salmónidos del mundo después de Noruega, con el 27% del total. Sus exportaciones en 2021 llegaron a US$5180 millones (alza interanual de 18,2%) y ocuparon el segundo puesto en valor exportado después del cobre. Según fuentes del Consejo del Salmón de ese país, desde 2010, el crecimiento de las exportaciones de salmones y truchas (8,8% promedio anual) es el mayor registrado para esas operaciones totales (2,6% promedio anual) y también en comparación con productos distintos del cobre (3% promedio anual).

Los principales mercados son Estados Unidos y Brasil (cinco destinos concentran 85% de las ventas); la Argentina es “relevante” en Latinoamérica, recibió 13.684 toneladas de las 723.363 toneladas de salmones y truchas exportadas al mundo por Chile. De acuerdo con el informe trimestral del consejo, en el primer semestre de este año los envíos sumaron US$3224 millones, 30,5% de alza interanual. La entidad señala que “crecieron las ventas y los costos también por alzas significativas en los fletes a destino final” por la suba de combustibles y dificultades logísticas. Por la guerra, hubo incremento de las materias primas que se usan en la elaboración de alimento, principal insumo en la salmonicultura.

El caso chileno

Los primeros procesos de carácter experimental en Chile datan del siglo XIX, pero “pasaron 50 años hasta que el Estado se involucró, y recién en 1969, en un programa impulsado por la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se pusieron los primeros cimientos de la industria”, consignan desde el consejo. Fue en el área de Puerto Montt y Chiloé. Ese esquema permitió el desarrollo de capacidades tecnológicas y de conocimientos para la producción que, en un principio, usaba jaulas de madera para los centros de cultivo. A mediados de los 70, comenzó la fase industrial y comercial con la instalación de compañías japonesas y holandesas que se sumaron a las locales.

La producción pasó de 1200 toneladas en 1985 a 60.000 toneladas en 1991. Desde el consejo indican que las técnicas de alimentación y limpieza de desechos “se fueron perfeccionando y dieron paso a nuevos procedimientos, con mayores grados de profesionalización y la adopción de estándares internacionales”. En los 90 se produjo la “definitiva internacionalización”; en la actualidad la producción es con “prácticas operacionales del mismo nivel” que las de Noruega, Escocia y Canadá. En el sector operan empresas de todo el mundo.

Respecto de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas, desde el Consejo del Salmón plantean que están “convencidos” de que es posible “compatibilizar el cuidado del medioambiente, el respeto a las comunidades vecinas y el desarrollo de nuestra actividad económica”.

Admiten que hubo “algunos episodios de contaminación”, pero, como gremio, dicen haber “sido rápidos en rechazar y solicitar la aplicación de sanciones a quienes se descubra operando sin respetar las regulaciones y generando daños al medio ambiente sin medidas de mitigación”.

Definen la salmonicultura como un “gran aporte” a las regiones del sur austral de Chile, ya que en su entorno “se generan diversos encadenamientos productivos que terminan siendo un verdadero motor de crecimiento, de empleos de calidad y de desarrollo profesional” y mencionan que Chile es el país que “más hectáreas tiene de áreas marinas protegidas, y la salmonicultura y sus concesiones utilizan sólo una fracción muy pequeña, inferior al 0,2%” sumadas todas las superficies concesionadas.

Sostienen que el salmón y la acuicultura marina en general provocan “muchas menos emisiones de efecto invernadero” en su producción, y que el salmón consume menos agua dulce.

En esa línea apuntan al “consenso científico” de que el mundo –para suplir su demanda por proteínas en los próximos 30 años– tiene que “aumentar la producción de alimentos azules o marinos, entre ellos el salmón, por sobre otras proteínas como el ganado, el cerdo o incluso las aves”.

Prohibición local

En 2018, durante la visita de los reyes de Noruega a la Argentina, se firmó entre los dos países el Plan de Desarrollo Acuícola. Con el impulso de la gestión de Mauricio Macri, por Tierra del Fuego lo suscribió la entonces gobernadora Rosana Bertone. En el mismo acto se adelantó que se harían los estudios ambientales y de factibilidad.

La decisión generó múltiples cuestionamientos y, casi un año después, la administración fueguina comunicó que el método convencional de cría de salmónidos –con jaulas en el mar– “se contrapone con el modelo de desarrollo sostenible que tiene el gobierno provincial para el Canal de Beagle”.

La ley prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” y tiene como objetivo “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de Tierra del Fuego.

Sí permite “actividades de cultivo para el repoblamiento”.

El diputado Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) fue quien presentó el proyecto que se convirtió en ley hace un año; insiste en que la norma –aprobada por los representantes de todos los partidos políticos– es una “contundente definición institucional” que pone de relieve la importancia de la “protección y conservación” de los “recursos naturales, del patrimonio genético de nuestros seres vivos y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible”.

También indica que la ley reglamenta y reconoce las explotaciones para trucha en tierra.