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El turno de la zona franca de Santa Fe
Un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación podría poner fin a la actual controversia
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ROSARIO.- Un dictamen elaborado por la Procuración del Tesoro de la Nación podría poner fin a la actual controversia que existe para la localización de la Zona Franca Santafecina (ZFS) y destrabar la paralización judicial de las obras de infraestructura que fueron iniciadas por la empresa concesionaria, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Tecsa y Mercocarga.
El expediente, cuyo examen técnico fue concluido por el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, sugiere "que se respete el orden de las competencias de la normativa por aplicar para la localización definitiva de la ZFS". La conclusión fue remitida a la titular de la secretaría de Comercio, Débora Giorgi, que ahora deberá emitir un dictamen final.
"Entendemos que el escrito es favorable para dar localización definitiva en el predio de 25 hectáreas que fue adquirido por la empresa concesionaria, Tecsa y Mercocarga. En estos días remitiremos un pedido a Giorgi para que la ubique y se pueda reanudar el proyecto santafecino", dijo con optimismo el presidente del Ente de Fiscalización, Ricardo Galano.
En efecto, el dictamen final de Marcer alega que "la localización de la ZFS está aún pendiente de cumplimiento". En ese contexto, el funcionario opinó que "no hay que alterar el orden de las atribuciones respectivas, que se desprende de los preceptos de la ley 24.331".
La conclusión de Marcer quedó reflejada en un escrito donde el funcionario hace un análisis de las referencias normativas, del proceso de licitación, la expropiación del área de localización, las actuaciones judiciales, el recurso de consideración planteado y un examen final de los aspectos consultados.
Para las autoridades del Ente de Fiscalización de la ZFS de Villa Constitución, la opinión de Marcer sugiere lisa y llanamente que el Estado "deberá respetar la decisión de la autoridad de aplicación, que aprobó la adjudicación para la concesión de la ZFS", es decir, en el predio de 25 hectáreas ubicado sobre las márgenes del río, a la vera de la ruta 21. El conflicto para la localización definitiva del enclave santafecino comenzó cuando la Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó una ley de expropiación declarando de utilidad pública los terrenos linderos a esas 25 hectáreas, propiedad de la familia Fernández.
Por su parte, Angel Guillermo Fernández, titular del establecimiento rural, presentó un recurso contencioso administrativo al amparo de la ley 10.000, de intereses difusos, para que se declare nula la localización propuesta por Tecsa y Mercocarga, lo que fue tenido en cuenta por el juzgado interviniente.
Posteriormente, la provincia de Santa Fe pidió una revisión de la decisión, que fue rechazada, e incluso la Justicia desestimó un recurso posterior de apelación elevado al mismo ámbito. No conforme con ese fallo, Santa Fe presentó una queja en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
La sala primera de la Cámara revocó el fallo de primera instancia por entender que la autoridad de aplicación "había ya aprobado la adjudicación y la localización de la Zona Franca Santafecina (ZFS)". En contra de esto, la familia Fernández presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, que aún no esta resuelto.
La familia Fernández también inició una demanda judicial contra la provincia de Santa Fe, invocando su carácter de propietaria de los terrenos por expropiar, y también un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Economía de la Nación contra la resolución de aprobación.
Luego la parte demandante desistió de este último recurso cuando la Subsecretaría de Comercio Exterior le informó que la autoridad de aplicación "no había dictado hasta ese momento ningún acto administrativo que estableciera la localización de la ZFS".
Pero Fernández prosiguió con su plan de no vender sus terrenos y reiteró una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de localización de la ZFS. El tema pasó a otras reparticiones del gobierno, y hoy es la Secretaría de Comercio la que tiene que resolver la ubicación del enclave.
Preocupación
Las demoras ocasionadas por la controversia generaron preocupación en la empresa concesionaria y en la dirigencia de esta provincia. La razón es que desde que la concesionaria de la ZFS ganó la licitación, a fines de 1997, una serie de inconvenientes opacó la posibilidad de concretar el emprendimiento.
A partir del dictamen de la procuración, el Ente de Fiscalización de la Zona Franca Santafecina solicitará a la Secretaría de Comercio de la Nación "que se expida en forma definitiva para la localización del enclave". Galano explicó que ese pedido se efectuará con la colaboración de la Procuración de Santa Fe.
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