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Esa costumbre de no hablar con todos y decidir en mesas chicas
El problema del funcionario que tiene la obligación de bajar costos en un sistema es que siempre será injusta (con algunos) la decisión que tome para favorecer (a otros) en su estructura de costos.
Evitar caer en podas discrecionales de estructuras es el arte del buen político. Y para asegurarse de ser equitativo debe cumplir con una serie de pasos. Debe conocer a fondo el campo donde operará. Debe haber hablado en profundidad con todos los actores. Debe evaluar alternativas si las hay. Debe prever con certeza casi absoluta las consecuencias que su decisión traerá. Debe ser consciente que no está obrando en contra de unos y en favor de otros. No debe operar datos para argumentar en su favor. Y debe, por sobre todas las cosas, tener la grandeza de descartar una opción que perjudica a más de los que beneficia a pesar del rédito político que le dará.
Dentro del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, muchas de estas premisas no se cumplen. La reducción de costos es la única e indiscutida variable posible para mejorar la competitividad. Y rechazan el consenso como valuarte de legitimidad en la toma de decisiones, y el diálogo es visto como tiempo preciado que demora la acción.
Mientras la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a cargo de Jorge Metz apura en obstinada soledad decisiones para bajar costos de practicaje y remolques (que benefician a los armadores extranjeros y no necesariamente se trasladan al flete que paga la carga), la Administración General de Puertos (AGP), de Gonzalo Mórtola, sorprendió con la resolución 76/16 que –por más eufemismos que usen– deja sin efecto el sistema TAP (Transporte Argentino Protegido).
La AGP accedió al pedido de los exportadores que veían en el TAP un costo superfluo. Y desestimó hablar con el resto del sistema que, como dictaminó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dio origen a esta solución para ocupar un vacío legal a partir de la autorregulación. De común acuerdo estaban los importadores, los despachantes, las terminales y los transportistas, que adoptaron este régimen de cobertura. Los exportadores, responsables de sólo el 30% del movimiento de contenedores en el puerto, fueron los escuchados en este caso.
No sólo no hablaron con toda la cadena logística: la AGP reconoció a La Nacion que no habían leído las pólizas del TAP.
Escudarse en que “no es obligatorio” ahora para las terminales exigirlo es pretender ingenuamente minimizar daños colaterales: el vacío legal reaparece y las demoras por verificación de espejo en los gates volverán. Las cucardas políticas de algunos son los costos por contingencias que surgen para otros.
