La Aduana y las restricciones para importar o exportar

Una de las principales “multas” que puede pagar un importador (o exportador) es la que tiene que ver con la declaración inexacta que involucra una mercadería sujeta a una restricción, cualquiera sea ésta. En realidad no importa tanto la sanción aduanera, sino más bien el costo total (almacenaje, alquiler de contenedor, lucro cesante) que debe abonar el importador tan sólo por haberse detectado, durante la verificación por parte del servicio aduanero, una diferencia entre lo declarado y lo efectivamente constatado.

Veamos un ejemplo: la importación definitiva de una mercadería alcanzada por requisitos de seguridad eléctrica donde por cualquier motivo durante la verificación se detecta que no coincide el número de serie del producto en la etiqueta con el del respectivo certificado, es automáticamente considerada por el servicio aduanero como una infracción, tipificada en el artículo 954 inciso b del Código Aduanero. Con esto, el trámite del despacho se detiene hasta que el jefe del área legal disponga la apertura del sumario y el interesado decida ya sea defenderse –con patrocinio letrado– o bien allanarse al pago de la multa de una vez el valor de la mercadería. En cualquier caso, para retirar la mercadería deberá presentar el certificado con el error subsanado y, si optó por defenderse, constituir además una garantía.

Si bien recientemente la Aduana dispuso un trámite rápido para estas infracciones, obtener ese certificado corregido puede demandar un tiempo muy significativo, acumulándose cuantiosos costos mientras la mercadería permanece detenida. Más allá de esto, interesa analizar si esta situación configura en sí una infracción aduanera.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en 2012 en la causa “NATE” sobre el alcance que debe darse a las restricciones a la importación y exportación de mercaderías versus las prohibiciones contempladas en el Código Aduanero.

Esa causa tenía que ver con la importación definitiva de un buque usado realizada por el Citibank y entregado en leasing a NATE. En ese momento, al igual que ahora, la norma permitía la importación de determinadas mercaderías bajo ciertos requisitos de reacondicionamiento, con la condición de que el importador sea su “usuario directo”. La Aduana consideró que se trataba de una prohibición por lo tanto su entrega en leasing fue considerada como una “transgresión a una excepción de una prohibición”.

En concreto, la Corte Suprema de Justicia compartió los fundamentos de las instancias anteriores, que afirmaban que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma; de esta forma, tanto la regla general como la respectiva sanción a su inobservancia podrán ser efectivamente discernidas y constatadas.

Entendió también que si bien toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto trámites administrativos, declaraciones y demás requisitos propios del régimen, ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional (“…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe…”), elevando así erróneamente tales requisitos al grado de prohibición. En consecuencia, concluyó que -al no tratarse de una prohibición- dicha situación carecía de tipicidad para configurar una infracción aduanera.

Volviendo a nuestro ejemplo del material eléctrico, la norma regulatoria dispone que para su importación deben cumplirse determinados requisitos de seguridad, pero en ningún momento la prohíbe. De manera similar puede suceder con diferencias detectadas en importaciones de juguetes, de aceros para la construcción o con determinados instrumentos de medición, solo por mencionar algunos casos.

Por eso, al momento de comprobar una diferencia entre lo declarado y lo verificado, el servicio aduanero debería detener el curso del despacho hasta tanto se subsane el error, pero no considerarlo en sí una infracción, evitando complejos procedimientos aduaneros y costos a los operadores. Podría incluso la Aduana emitir alguna normativa para permitir liberar la mercadería sin derecho a uso, de forma tal que permanezca en lugares del importador donde su almacenaje sea menos oneroso hasta tanto se cumplan aquellos requisitos.

El autor es gerente general de Clément Comercio Exterior