La Argentina es el país con mayor carga tributaria sobre las empresas exportadoras

Las exportaciones argentinas (de bienes y servicios), en 2023, sumaron US$83.359 millones (hubo déficit en las balanzas por US$9215 millones). Caímos (en cálculos preliminares) al último lugar en el ratio exportaciones/PBI en Latinoamérica: 13,5% (en la región es 28%). Y (aun si ese ratio se relativizara por la compleja medición del PBI en dólares) puede computarse que nuestra participación en las exportaciones planetarias cayó a 0,25%, el menor histórico.

¿Cómo nos recuperaremos? Pues ha reaparecido -en plena discusión reformista- la preocupación por el tipo de cambio. Pero el problema es más integral.

Incluye el entorno productivo donde el orden macroeconómico es un requisito (estabilidad cambiaria y de precios). Una mera devaluación no es solución: la Argentina y Venezuela son los más devaluadores y los de peor performance exportadora de este siglo en la región.

Y requiere un mejor régimen impositivo: no solo con menos carga (bajar presión tributaria y aligerar la administración/cumplimiento de las obligaciones) sino también quitando tributos específicos (derechos de exportación, impuesto PAIS, altas tasas por servicios en frontera). La Argentina es el país con mayor carga tributaria sobre empresas exportadoras.

Hay necesidades mesoeconomicas (infraestructura, transporte y logística, acceso a recursos y servicios -incluyendo recursos humanos-). Y deben producirse otras reformas sistémicas (como la laboral y de marco legal de administración de producción y comercio). La Argentina es uno de los dos peor ranqueados en el índice de burocracia regional.

Todo lo cual debe permitir mejor acceso al financiamiento (bancario, del mercado de capitales y/o de vínculos interempresariales). Somos el país con menor crédito al sector privado en la región.

Por ende, resulta de suma utilidad avanzar en el proceso de “hipo-neo-regulacion” (reducir la intensidad regulativa y renovar calidad de las regulaciones), lo que suele llamarse “desregulación” y está dentro de diversas iniciativas gubernamentales (el DNU 70/23, la llamada Ley Ómnibus y otras varias decisiones oficiales -algunas ya tomadas y otras en curso-).

Otro plano es el fronterizo: se requiere (importaciones/exportaciones) con menos intervencionismo en frontera; agilidad en aduanas; mejores puertos; mejores prestaciones para certificaciones, aprobaciones y habilitaciones. Y será crítico discutir, en el Mercosur, nuestra estructura arancelaria (que triplica la carga mundial). En promedio, un cuarto de todas las exportaciones mundiales se compone de importaciones dentro de sí y la Argentina es uno de los tres países con menor contenido importado en su oferta (ergo: con menos intensidad tecnológica).

Un plano adicional es el exterior. Estamos entre los países que más costos de acceso a mercados padecen (con aranceles de ingreso en más de 2/3 de nuestros mercados y otros costos por inexistencia de convergencias regulativas). Se requieren tratados de integración comercial internacionales: 70% de todo el comercio internacional planetario se beneficia hoy con arancel 0% en frontera y nosotros no participamos mayormente de ello. Y hay que sumar alianzas no comerciales que mejoran la reputación y el acceso a inversión y participación en cadenas internacionales de valor (contamos en nuestro territorio con apenas 0,2% del stock total de inversión extranjera del planeta -era 0,9% a inicios de este siglo-).

Y, mientras y con todo eso, deberá entonces el sector privado lograr una sustancial mejora en la oferta exportadora, que también se necesita.

Las reformas pendientes son muchísimas. La agenda debe ser intensa. Y el compromiso, de todos.