La necesidad de actuar ante la pesca indiscriminada en el Atlántico Sur

Todos los años, entre 300 y hasta 400 barcos pesqueros de bandera china, taiwanesa, coreana y otros buques con pabellón de conveniencia, se concentran en el área adyacente a la zona económica exclusiva de la Argentina para explotar las especies que se encuentran allí, tanto se trate de especies transzonales o straddling stocks, como el calamar illex, así como otras de alto valor comercial que conforman el mismo ecosistema. De hecho, existe una abundante reglamentación nacional para la pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva (200 millas), pero una milla más allá no existe nada, sólo libertinaje.

La presencia constante de estas flotas en la explotación de dichos recursos pesqueros se traduce en pesca indiscriminada, carente de regulación alguna; conducta que irremediablemente conduce a la sobrepesca y a la depredación de especies interdependientes que pertenecen y habitan nuestra plataforma continental y su adyacencia (con serio riesgo de extinción). A su vez estas flotas, en la mayoría de los casos, fuertemente subsidiadas y ajenas a cualquier legislación nacional o internacional sobre la conservación y sustentabilidad de los recursos, provoca graves perjuicios para la industria pesquera nacional, la que sí, obviamente, debe atenerse a la legislación local y a las normas internacionales vigentes.

Aun cuando la gravedad del problema se ha profundizado en la última década, la situación irresoluta de disputa de soberanía por las islas Malvinas ha sido y sigue siendo la razón invocada por el gobierno argentino para justificar la falta de acciones públicas destinadas a obtener medidas de cooperación internacional que permitan regular la pesca en la zona –deber y facultad que se halla prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Unclos– y en la propia ley federal de pesca. Dicha complejidad geopolítica, supuestamente, impide a nuestra política exterior generar acciones oficiales de ordenamiento para las aguas internacionales sin comprometer la postura nacional respecto de la discusión con Gran Bretaña.

Por ello, los mecanismos previstos por el derecho internacional para alta mar, acuerdos de cooperación bilaterales, multilaterales u organizaciones subregionales o regionales de pesca no serían asequibles desde la órbita oficial bajo estas circunstancias. No obstante, ello es relativo. Debe notarse que ni siquiera ha habido reclamos oficiales a los países del pabellón de estos buques ni denuncias ante los órganos internacionales competentes acerca de esta conducta depredatoria y abusiva.

Si bien nos hallamos frente a una difícil coyuntura de política externa en la zona, no existen dudas de que los recursos pesqueros y el sistema biológico del Atlántico Sur en su integridad no conocen de conflictos ni pueden esperar su solución, cualquiera que sea esta.

Mientras tanto los buques extranjeros se llevan nuestros recursos y depredan el área para abastecer sus mercados y sus exportaciones a terceros países, con total desprecio a las convenciones internacionales vigentes a sus obligaciones y a los derechos e intereses del país ribereño.

La situación actual llegó a niveles de tal magnitud que dio origen a que un grupo de empresarios, productores y profesionales de la actividad pesquera hayan decidido actuar desde el ámbito privado con iniciativas concretas destinadas a ordenar la explotación de los recursos en las aguas adyacentes a la jurisdicción nacional, procurando llenar el vacío reglamentario y administrativo existente desde la gestión legítima de una ONG de productores, convencidos de que su intervención, con un rol activo a nivel internacional, puede lograr avances en la regulación y conservación del sistema ecológico regional y obtener una administración responsable y sostenible de la pesca en alta mar.

Con este objetivo, consistente con la evolución del derecho internacional y con la intervención activa y protagónica de las ONG, de los actores privados y stake holders en las discusiones, debates y elaboración de herramientas y comisiones de regulación y administración, para las áreas que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales, se ha constituido la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (Opras), como asociación civil sin fines de lucro.

Este es un paso necesario y oportuno para obtener la cooperación institucional de los organismos multilaterales, su reconocimiento y su intervención directa para detener la pesca ilegal y no declarada en todos los espacios marítimos que carecen de regulación para la explotación responsable y sostenible; principio y concepto este que el mundo, tanto político como académico como productivo persiguen con creciente impulso y decisión.

Corresponde señalar, por último, que en las Naciones Unidas se está llevando a cabo y continuará en 2018 una conferencia convocada por la Asamblea General referida a este tema y a la regulación de las áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés) en búsqueda de un nuevo instrumento de derecho internacional vinculante que refuerce e innove sobre las normas de la convención internacional actual, que destaca: “El deber de todos los Estados bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es proteger y preservar el ambiente marino tanto dentro de su Zona Económica Exclusiva como en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Por lo tanto, al desarrollar un nuevo instrumento vinculante bajo la Convención, se puede sugerir fuertemente que el mandato general de conservación respaldaría otorgar a los Estados costeros una mayor influencia sobre la gestión de los recursos a los que se encuentran adyacentes”.

El autor es ex subsecretario de Pesca de la Nación

Eduardo Pucci