La Unión Europea se prepara para restringir desde este verano el consumo de gas

La Comisión Europea considera que ha llegado el momento de pasar de la reducción voluntaria en el consumo de gas propuesta el pasado mes de mayo a medidas obligatorias para poder acumular reservas con vistas a un invierno en el que, con toda probabilidad, Rusia cortará el suministro a la Unión Europea. Bruselas aprueba su plan de ahorro, que incluye, desde la prohibición de mantener el termostato del aire acondicionado por debajo de 25 grados en edificios públicos o centros comerciales a la subasta de capacidades de gas para incentivar a la industria a reducir temporalmente su producción y, por tanto, su consumo energético.

El documento señala que estas medidas son el último paso previo a una posible declaración de emergencia energética en la Unión Europea, una decisión que permite reducir el suministro a cierto tipo de clientes.

El plan de la Comisión parte de la premisa de que “actuar ahora puede reducir en un tercio el impacto de una repentina interrupción del suministro”. Y señala que ya se dan las condiciones para pasar a una segunda fase en las medidas preventivas, lo que supone “una reducción del consumo coordinada a nivel europeo antes de la emergencia”.

El documento de la Comisión, una comunicación titulada Ahorra gas para un invierno seguro, apuesta por comenzar ya a ahorrar combustible y prevé la obligación para los edificios públicos de poner el termostato de la calefacción a un máximo de 19 grados y el del aire acondicionado a un mínimo de 25. Bruselas también propone incentivar la sustitución del gas por otros combustibles en la industria y en la producción eléctrica. Y la organización de subastas de capacidad, en ciertos casos a nivel transfronterizo, para que las industrias que puedan permitírselo ofrezcan una reducción del consumo a cambio de una remuneración.

La Comisión también pide que se apliquen en esta nueva etapa las medidas previstas en la fase de alerta de los planes nacionales de emergencia para el sistema gasista. En el plan de España para el período 2021-2023, se prevé en esa segunda fase la aplicación de la interruptibilidad en todo el sistema, es decir, la posibilidad de parar el suministro a cualquier operador no imprescindible; y la optimización del consumo en las centrales eléctricas de los ciclos combinados, pero sin poner en peligro la producción de electricidad.

La comunicación subraya que las medidas para reducir el consumo “deben adoptarse inmediatamente y de manera conjunta” para “reducir considerablemente los riesgos de un desequilibrio entre suministro y demanda durante el próximo invierno y más allá”. El organismo presidido por Ursula von der Leyen quiere, sobre todo, evitar que se repita el fiasco de los inicios de la pandemia, cuando los gobiernos europeos entraron en pánico uno tras otro frente al virus y cerraron fronteras, poniendo en peligro la unidad del mercado interior y las cadenas de suministro. Bruselas teme ahora que, sin una coordinación a nivel europeo, cada país opte por acaparar el gas disponible y los flujos hacia sus países vecinos, aunque estos se encuentren en mayores dificultades.

Antes de la guerra contra Ucrania, las exportaciones de gas ruso cubrían en torno al 40% del consumo total de la UE. Y aunque ese porcentaje se ha reducido paulatinamente desde principios de año, el impacto podría ser considerable si Moscú ordena el cese del suministro. Bruselas avisa que una interrupción imprevista “tendrá efectos significativos en la economía europea y afectará en todos los Estados miembros, incluso si el más inmediato dependerá del nivel de importación de gas ruso en cada país”.

Prepararse para lo peor

En previsión de esa posible pesadilla, el organismo comunitario fija los cuatro criterios que determinan la secuencia del racionamiento del gas para el consumo de la industria. El primero de ellos prevé mantener el suministro a empresas neurálgicas, como pueden ser las del sector de la salud, la seguridad o la defensa. El segundo criterio evalúa el impacto en las cadenas de suministro, para evitar que afecte a empresas imprescindibles en la producción de ciertos sectores, como el farmacéutico o partes del químico. En tercer lugar, se debe priorizar el corte de suministro a empresas que pueden buscar alternativas al consumo del gas. Y por último, evitar el corte a instalaciones que puedan sufrir daños irreparables por una interrupción del suministro.

Solo en quinto lugar y de manera complementaria, según la Comisión, deben evaluarse los aspectos económicos del corte, como pueden ser el valor añadido de cada sector o su importancia en términos de empleo. El hecho de que esas consideraciones se releguen es prueba de la dramática situación de emergencia que anticipa el organismo comunitario. “El objetivo es prepararnos para lo peor y esperar que no ocurra”, resume una fuente comunitaria.

Las estimaciones de la Comisión apuntan a que los consumidores protegidos, en particular, los hogares podrían tener el despacho de gas garantizado incluso si se produjera una interrupción del suministro ruso a gran escala. Pero la Comisión advierte que esos hogares, que representan el 37% del consumo total de gas de la UE, corren el riesgo de verse afectados si el cerrojazo del grifo ruso coincide con algún otro acontecimiento imprevisto.

Los riesgos más evidentes apuntan a una climatología adversa, tanto por un verano más tórrido de lo habitual que eleve el uso del aire acondicionado, como por un invierno muy duro que disparase el uso de la calefacción. Bruselas subraya que poner en marcha ya durante este verano medidas a nivel europeo para reducir el consumo puede ser esencial para facilitar el llenado de las reservas de gas y mitigar así “la necesidad de reducciones de la demanda más dolorosas durante el invierno”.

Los 18 países que disponen de almacenes de gas, entre ellos España, han acelerado el llenado con el objetivo de llegar al 80% de capacidad antes del mes de noviembre. Pero Bruselas teme que un aumento del consumo durante los meses de verano como consecuencia de las elevadas temperaturas y un corte del gas ruso antes de lo esperado deje las reservas a medio llenar. En todo caso, el máximo volumen de almacenamiento ronda los 100.000 millones de metros cúbicos, poco más del 25% del consumo anual de la UE (412.000 millones de metros cúbicos en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia).

Las estimaciones que maneja la Comisión apuntan que si Putin cierra el grifo este mes de julio, los depósitos podrían quedarse entre el 65% y el 71% de su capacidad, lo que dejaría a Europa con 20.000 millones de metros cúbicos menos de lo necesario para un invierno con temperaturas dentro de la habitual. Esas cifras abocarían, además, unas reservas muy bajas al final del próximo invierno, lo cual complicaría la fase de llenado durante el verano de 2023. “En el caso de un invierno inusualmente frío, el riesgo de más limitaciones drásticas [del consumo] aumentaría”, remata la Comisión.

El plan de la Comisión llega cuando una decena de países de la UE ya han declarado el nivel de “alerta temprana”, primera fase del Reglamento comunitario que establece las medidas para garantizar la disponibilidad de gas en caso de que se produzcan interrupciones del suministro. Alemania, el principal consumidor de la UE, ha pasado ya, además, a la segunda fase de nivel de alerta y se ha quedado a un peldaño del nivel de emergencia, en el que se pueden imponer restricciones al consumo a cierto tipo de clientes.

Cierre abrupto y unilateral

El documento de la Comisión precisa que “las últimas disrupciones en el suministro de gas procedente de Rusia sugieren un riesgo considerable de que la paralización total del suministro puede materializarse este año y de una manera abrupta y unilateral”. El flujo de los gasoductos rusos hacia Europa ya está bajo mínimos. Y el cierre esta semana del grifo de la tubería del Báltico (Nord Stream I) para proceder a una revisión técnica durante 10 días, según la gasística rusa Gazprom, se ha interpretado como el amargo aperitivo previo a la ruptura definitiva de los lazos energéticos entre Rusia y la Unión Europea.

“La UE necesita estar preparada para este escenario y considerar medidas adicionales acordes al desafío que entraña”, avisa la Comisión. El Ejecutivo comunitario calcula que la llegada de gas ruso ya se ha reducido al menos en un 30% en relación con la media del período 2016-2021, el lustro anterior a la invasión rusa de Ucrania. El organismo comunitario señala que parte de la caída se ha debido al afán europeo por buscar suministradores alternativos desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó su guerra contra un país vecino.

Pero reconoce que buena parte del corte también se debe “a medidas repentinas, imprevistas y unilaterales de Gazprom para frenar el suministro a los clientes europeos, con vistas a perturbar su actividad económica y manipular los precios”.

Y Bruselas constata que el impacto ya es evidente en forma de “unos precios de la energía históricamente altos y volátiles, que contribuyen a la inflación y crean el riesgo de un mayor deterioro económico en Europa”. Y la Comisión lanza un último mensaje: “Cuanto mayor sea la reducción del consumo por acciones voluntarias, menos será la necesidad de un racionamiento obligatorio más adelante para la industria”.