Quejas por los verificadores de la Aduana

Los importadores que ingresan mercadería en el país sujeta a verificación de la Aduana se suelen encontrar, cada vez con mayor frecuencia, con que los funcionarios aduaneros realizan denuncias por supuestas declaraciones inexactas pese a que existe indentidad entre el bien declarado y el examinado por el organismo del control.

Sin embargo, la denuncia suele surgir a partir de que los funcionarios objetan la clasificación(asignación de una posición arancelaria) del bien por importarse y proponen otra, que debe pagar un monto mayor en concepto de tributos que gravan a la importación.

Así, el supuesto hecho ilícito queda encuadrado dentro del artículo 954 del Código Aduanero, que sanciona estas declaraciones inexactas con multas que van de uno a cinco veces el valor del presunto perjuicio fiscal. Sin embargo, la abogada del Instituto Argentino de Estadios Aduaneros (IAEA),Marta Chiappe, indicó que la interpretación de los verificadores contraviene en muchos de los casos el sistema armonizado, que establece reglas para clasificar los productos y tiene jerarquía de tratado internacional. "El efecto disparador de la denuncia formulada en condiciones en las que no existe una causa jurídica para hacerlo produce perjuicios preocupantes porque coloca al importador en una situación muy gravosa", dijo la letrada durante una conferencia que tuvo lugar el jueves último en el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Presiones

En tanto, el titular del IAEA, Héctor Vidal Albarracín, indicó que este accionar de los funcionarios aduaneros "se presta a una discrecionalidad que va de la mano de la corrupción; se trata de un medio de presión". Es que en estos casos los importadores pueden liberar su mercancía pero no sólo deben garantizar, en efectivo o con avales bancarios,la diferencia de tributos sino también el monto de la multa que pudiera corresponder.

Además, deben enfrentar más costos porque se amplían los plazos de depósito de la mercancía, de alquiler de los contenedores y, además, se incumplen compromisos comerciales. El Estado también se estaría haciendo cargo de gastos innecesarios en épocas de fuertes restricciones fiscales, al destinar recursos materiales y humanos a continuar con procedimientos previstos para denuncias que pueden estar mal formuladas.

Por eso, Chiappe recomendó que se instrumente un sistema en el cual el verificador deba consultar a un organismo técnico de la Aduana antes de realizar la denuncia por no compartir la clasificación arancelaria.

Este organismo se podría expedir en forma vinculante en un plazo no superior a las 24 horas. La puesta en marcha de este mecanismo podría realizarse por medio de la sanción de una simple resolución de la Dirección General de Aduanas (DGA), según indican los especialistas del IAEA.

Además, la entidad prevé elevar una propuesta en tal sentido al Comité de Simplificación conformado por funcionarios aduaneros y operadores de comercio exterior que funciona en la órbita de la DGA.

Por Leandro Uría

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