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Congelamiento de tarifas. Según las empresas del sector implica menos inversiones y más gasto del Estado
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LA NACIONSofía Diamante
La confirmación de la extensión del congelamiento de tarifas hasta fin de año retrotrajo a la memoria de las empresas los casi 12 años en los que las boletas de luz y gas no tuvieron variaciones de precios. Las consecuencias que generó esa política fue falta de inversiones, que se reflejó en los cortes de servicios, y un aumento sideral de subsidios, que deterioró las cuentas fiscales. La situación ahora es peor: el nivel de inflación y el ritmo de devaluación carcomen más rápido los ingresos, y el Estado no tiene caja para subsidiar a los usuarios, sobre todo en este contexto de crisis económica.
"El panorama no da para aumentar", fue la respuesta en el Gobierno, en la cual coinciden las empresas a medias, ya que creen que hay un segmento de la población que podría afrontar un mayor costo. Las tarifas de luz no aumentan desde marzo del año pasado y las de electricidad, desde abril de 2019.
Los menores ingresos se reflejan en menores inversiones en extensión de red y en aperturas de oficinas comerciales. Lo único que mantienen, dicen las empresas, son los gastos en mantenimiento para garantizar el servicio y la seguridad.
"El congelamiento es como la cuarentena: es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir", indicaron en una empresa distribuidora de electricidad. "El panorama está muy complicado. A fines de 2017 y principios de 2018, luego de sucesivos aumentos, el usuario pagaba en promedio casi 80% del costo de la electricidad. Después, con la ola de devaluaciones y congelamientos, ahora el cliente paga entre el 35% y 40%. El resto está subsidiado", agregaron.
El Tesoro no solo le transfiere a Cammesa, la compañía con control estatal que decide los despachos de energía y le paga a las generadoras, el 60% restante del costo de la electricidad, sino que tiene que cubrir la caída en la cobrabilidad, ya que en este contexto, las distribuidoras no le giran a Cammesa todo el dinero que deberían. Al ver disminuidos sus ingresos, las empresas le pagan 6 de cada 10 pesos, según datos del Gobierno.
Esto se refleja en el incremento de subsidios energéticos, que solo en los primeros cuatro meses del año aumentaron US$950 millones, según el último informe de tendencias energéticas del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Del total, Cammesa recibió el 80% de las transferencias ($54.692 millones), lo que equivale a un incremento de 134,3% en relación al mismo cuatrimestre de 2019.
Los congelamientos de tarifas no comenzaron con este gobierno. Ya en la administración de Mauricio Macri se había decido posponer los incrementos que correspondían en mayo y agosto de 2019 para la electricidad, y en octubre para el alza de gas, en plena campaña electoral. El gobierno de Alberto Fernández luego logró que el Congreso aprobara la ley de Solidaridad, que volvía a congelar las tarifas por 180 días. Finalmente, hoy se prorrogó es plazo a través de un decreto.
En lo que se refiere al servicio de gas, según datos de la cámara que agrupa a las distribuidoras, las tarifas acumulaban solo hasta marzo pasado un atraso de 40%. El congelamiento de las tarifas impacta también en los productores –YPF, Pan American Energy, Total, Wintershall, Tecpetrol, entre otros–, ya que las distribuidoras –Metrogas, Camuzzi, Naturgy, por ejemplo– no tienen una Cammesa a la cual le pueden dejar de pagar, sino que compran el gas directamente a las productoras. En abril, la cámara que reúne a las petroleras manifestó que se había cobrado solo un 10% de los $4000 millones que adeudaban por las facturas de enero, que es un mes de bajo consumo.
La situación podría agravarse con la llegada del invierno y el aumento de la demanda. Por eso, en el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajan en la idea de implementar un nuevo Plan Gas 4.0, que le aseguraría un precio base a las petroleras para que sigan invirtiendo en la producción. El Estado se haría cargo así de la diferencia de valores entre lo que pueden pagar los usuarios y lo que necesitan las empresas para cubrir sus costos. Esto impactará, por su parte, en todavía mayores subsidios.
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