Consecuencias de la mala administración

La carencia de una sólida administración y el mal funcionamiento de controles, en las áreas públicas y privadas, generan a la Argentina una pérdida de dos puntos en su producto bruto interno (PBI), según un informe del Polo de Desarrollo Educativo Renovador (Poder), institución sin fines de lucro que promueve la educación y la formación en conocimientos, habilidades y conductas para la gestión.

En valores estáticos esos dos puntos representan 7500 millones de pesos. Las pérdidas que generan las prácticas corruptas resultan escalofriantes cuando se las analiza con variables como la indigencia o el desempleo. De acuerdo con el análisis de la institución que preside Ignacio González García, los dos puntos de producto bruto interno que se pierden también representan 150.000 puestos de trabajo que dejan de crearse anualmente o 250.000 viviendas -a un costo de 30.000 pesos por unidad- que no se construyen.

El informe, que se realizó extrapolando los datos actuales de corrupción con las ecuaciones del estudio que Paolo Mauro realiza en la publicación "Corrupción y lento crecimiento", muestra que los 7500 millones de pesos que se pierden representan cinco veces la cantidad de dinero para terminar con la indigencia en la Argentina.

En otras palabras, equivale a cinco veces el presupuesto que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, de 2500 millones de pesos. Según este ministerio, 4000 millones de pesos por año alcanzarían para acabar con la indigencia. Lo que se pierde a manos de la corrupción y los malos controles también serviría para reducir del 21% al 14% el IVA. Incluso podría ser aplicado para elevar un 150 por ciento la inversión pública actual.

Si el monto perdido se analizara desde el punto de vista dinámico -una perpetuidad creciente con tasas de 3% a 5% anual y tasas de descuento del 9% al 11%- se estaría hablando de un valor presente de entre 25 y 30 mil millones dólares que resulta suficiente para comprar la deuda en default a los precios de mercado de hoy. En consecuencia, el país podría ahorrarse muchos enfrentamientos con acreedores privados y organismos de crédito internacionales.

Si bien todas las variables analizadas por Poder pertenecen al terreno de lo que se denomina economía oculta, que por su propia naturaleza es extremadamente difícil de medir, la agrupación destaca que las estadísticas existentes más recientes y confiables, y estudios similares realizados en otros países, muestran que la hipótesis del 2 por ciento de crecimiento perdido resulta "moderada o conservadora".

Los lugares en donde puede encontrarse esa corrupción que pone palos en la rueda del crecimiento del país son muchos y lo suficientemente evidentes para que la Argentina figure en el número 92 del ranking de Transparency International, que mide la transparencia institucional y que ubica al país debajo de México, Brasil, Uruguay y Cuba.

Barreras

El informe recuerda, por ejemplo, que "la Argentina tiene el récord mundial de personas con más de 100 años" y que "el resultado es que hay quienes cobran jubilaciones correspondientes a personas que ya han fallecido. No es que las jubilaciones representes sumas siderales, pero son un buen ejemplo de los problemas administrativos y de gerenciamiento de los recursos".

En el mismo estudio, la organización se pregunta, por caso, qué pasaría si el millón de pasajeros que entra en Ezeiza por año declarara correctamente el monto de los productos que está ingresando.

"Con suponer un disimulo moderado, de 100 dólares por persona no declarados -contesta Poder- el fisco tendría 100 millones de dólares de base imponible adicional."

La falta de controles se refuerza con la poca predisposición del ciudadano a denunciar irregularidades, explicada en buena medida por la percepción de un sistema deficiente de premios y castigoo, según la institución.

Así se explica por qué fuentes internas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estiman que más del 70% de la gente no pide factura aunque las asociaciones de consumidores no hagan más que fomentar este tipo de comportamiento.

Sin embargo, para Poder, "es fundamental no dejarse abatir por este determinismo cultural. Existen numerosos mecanismos para combatir la subadministración y la carencia de control. El principal sería tomar la decisión de hacerlo y lograr el contagio de la sociedad".

La agrupación afirma también que "empezar a revertir los hábitos negativos de la administración y el control a nivel nacional requiere una política de estado y la participación del sector privado".

El estudio elaborado por la institución, que en su afán por terminar con las malas prácticas lanzó un programa abierto de formación integral en gestión y valores, indica, por otro lado, que la burocracia funciona como freno a la hora de poner en marcha una empresa y, en consecuencia, desalienta y empuja a la evasión de las reglas a los emprendedores.

A la hora de iniciar un proyecto, el emprendedor argentino tiene que lidiar con 15 trámites y tarda al menos 68 días para abrir las puertas de su empresa. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los países más desarrollados el promedio de trámites para dar vida a un emprendimiento suma siete y se necesitan 30 días para alistar a la firma.

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