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Crecen las sombras de la "re-regulación"
El Congreso discute poner impuestos distorsivos y la DGI busca prohibir las compras con efectivo
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La burocracia paralizante, el estatismo que ahogaba la vida personal y la corrupción generalizada en la Argentina y en otras partes del mundo se iniciaron con leyes, decretos y resoluciones que so pretexto de "reglamentar el ejercicio" de las libertades constitucionales, procedieron a limitarlas, casi hasta extinguirlas. La Argentina inició ese camino con normas de higiene para la insalubre industria frigorífica y terminó teniendo reglamentos nacionales de botes de remo, normas sobre refugios antiaéreos con separaciones por sexo y disposiciones que obligaban a contratar números vivos antes de pasar películas de cine o que prohibían almacenar azúcar.
Se crearon miles de registros, de expedientes, de inspectores, de permisos, de habilitaciones, de declaraciones juradas, de intervenciones de profesionales, que constituyeron una barrera de obstáculos para la vida y para el progreso, con la peculiaridad de que bajo la sombra de cada valla se instaló un boletero que cobraba peaje para poder continuar, ya sea para conseguir un teléfono, para evadir impuestos o para entrar en el teatro. Eso y no otra cosa era la fenomenal "corrupción estructural". Una sociedad de coimeros forzados, con los valores desarticulados por una inflación endémica que había destruido la unidad de medida de las cosas, desembocó en el colapso productivo y en el asesinato como metodología política.
¿Vuelta atrás?
Hemos salido de eso. ¿Queremos volver? Si al analizar la "re-reelección" nos interrogábamos acerca de la debilidad de nuestras maltrechas instituciones republicanas, ahora ésta es la pregunta que debemos hacernos al observar con pánico las tendencias hacia la "re-regulación".
Tal vez la medida más revolucionaria del gobierno de Carlos Menem haya sido el dictado del decreto 2284/91, de "desregulación", obra política del presidente e instrumental de funcionarios como Cavallo, Domenicone, Liendo, Rojo o Ingaramo, cuyos nombres merecen recordarse. Allí estableció el Presidente, luego ratificado por el Congreso, que todas las normas que trabaran la libre circulación de bienes y servicios, su oferta y su demanda, debían considerarse derogadas. Al día siguiente se autorizaron cosas tan sencillas como instalar una panadería a menos de 300 metros de otra o el ejercicio de la profesión de un abogado de una provincia en otra.
Aire puro
La Argentina se sacó de encima las telarañas y respiró hondo aire puro, por primera vez en mucho tiempo. Se volvía a creer en cada persona como algo valioso e importante y por lo tanto libre.
Ahora el Congreso discute poner impuestos distorsivos como el caso de internos o dispone la regulación de las tarjetas de crédito, mientras la DGI busca prohibir las compras con dinero en efectivo, pero, lo que es más grave como síntoma, se intenta prohibir la instalación de supermercados.
Atrás de cada tirano siempre hubo buenas intenciones y alguien a quien se le ocurrió hacer beneficencia con lo ajeno. A esa perversión siempre se sumó otra: beneficiar a minorías concretas, aunque se perjudiquen las enormes mayorías anónimas: hay que defender a ciertos comerciantes, aunque se perjudique todo el pobre pueblo consumidor, que no podrá comprar más barato y mejor. ¡Contra ese tipo de normas impuestas por el colonialismo se hizo la Revolución de Mayo! Contra eso se creó la Argentina, con un éxito tal, que nuestras madres patrias, empobrecidas por la falta de libertad, vieron emigrar largas filas de humildes, pero futuros prósperos argentinos.
Remedio
Ante las pocas luces o los muchos intereses ocultos de los "re-reguladores", corresponde oponer el verdadero remedio: la información y la competencia. Si el dinero no va a los bancos es porque ellos cobran demasiado y ofrecen demasiado poco. Si los bancos cobran tasas muy altas es porque no hay suficiente competencia y porque la gente no tiene información de lo que ofrece cada uno. Si los supermercados generan circuitos de comercialización que redundan en precios más baratos para el consumo popular, el interés público no es impedirlo.
Por eso estamos convencidos de la razón de los reguladores británicos posteriores al proceso de privatización: la única intervención legítima de los gobiernos es aquella para simular competencia allí donde no la hay. Desde el liberalismo afirmamos que el capitalismo es y será profundamente inmoral si no hay competencia, pues la competencia es el freno moral del sistema y el freno efectivo del afán de lucro basado en el abuso. Desde el realismo decimos que no hay competencia sin información. Desde el sentido nacional, paternal y familiar, sabemos que no hay futuro sin libertades personales en serio.
El autor es diputado nacional por el Partido Demócrata, de Mendoza.
Por Por Carlos M. Balter <br/> Para <i> La Nación </i>
