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Cristina contra Alberto: una guerra en la que la primera víctima es el relato
En su afán por despegarse el uno del otro, ambos admitieron indirectamente la intervención política en el Indec entre 2007 y 2015, una polémica que parecía olvidada, pero que la justicia aún investiga; hoy se conocerá IPC de abril y volverá a tensionarse la interna
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LA NACIONJosé Luis Brea
La vicepresidenta acaba de tener un lapsus, es decir, un “error cometido por olvido o descuido”. En su intento por diferenciarse de Alberto Fernández y demostrar que ella sí había sabido contener la inflación, se autofelicitó porque su gobierno había logrado bajar el índice de precios al consumidor. “Se nos fue a un 38% en 2014, pero al año siguiente la bajamos a un 24, 25%”. Pero sucede que la primera cifra es la de la medición alternativa del llamado “IPC Congreso” (38,5%) y no la que había informado en su momento el Indec, intervenido políticamente desde 2007, que había arrojado un dudoso 23,9%. Por otra parte, los índices alternativos de 2015 habían dado cifras por encima del 25%, como en el caso de CABA (casi 27%) y San Luis (31,6%).
La forma en que Cristina Kirchner se refirió al dato inflacionario de 2014, casi como al pasar, sugiere que la maniobra estaba absolutamente naturalizada dentro de su administración y que ahora parece haberse olvidado de seguir sosteniendo aquella ficción en público.
Dos políticos que en aquel entonces estaban detrás del índice del Parlamento, Sergio Massa y Marco Lavagna, son hoy parte del Gobierno. ¿Se sentirán reivindicados por la tardía admisión o incómodos por el recordatorio de que se pasaron al bando que por aquel entonces enfrentaban?
Acaso la sorpresa sea aún mayor en el actual gobernador bonaerense y entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, para quien el relevamiento alternativo era una jugada de la oposición fogoneada por los medios. “Lo llaman IPC Congreso, pero es un IPC opositor, que cuando les preguntan la metodología, no miden un solo precio; hacen un promedio entre todas las consultoras privadas. Ya fracasaron con que el dólar se iba a ir a 60 pesos y ahora quieren instalar lo del 40% [de inflación en 2014]”, había dicho en diciembre de ese año durante la conferencia de la UIA.
Pero para sintetizar lo que sentía el kirchnerismo por la medición que cuestionaba al Indec basta con citar el título de una columna sobre el tema escrita por Federico Bernal, actual interventor en el Enargas, rival interno del ministro Martín Guzmán y entonces director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec): “Sobre el IPC-Congreso: cuando la mierda de toro adquiere valor científico inobjetable” (https://www.oetec.org/nota.php?id=%20893&area=%2021). En Oetec también participaban funcionarios y referentes del oficialismo como Daniel Gollán o Nicolás Kreplak, y la exdiputada Fernanda Vallejos.
La respuesta más picante a las comparaciones y críticas de la vice a la política económica salió de boca del propio Presidente. “Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo. Soy peronista y cuando veo un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento”, retrucó, en una sutil alusión a la manipulación estadística y al pretendido éxito del modelo.
En 2014 Fernández ya no era jefe de Gabinete de Cristina (dejó el gobierno en 2008) y había ensayado una tibia autocrítica respecto de lo actuado en el Indec, aunque siempre cargando las culpas sobre el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno: dijo que él había convencido a todos de que dentro del ente estadístico había una intencionalidad política de perjudicar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Del lado “albertista” tampoco faltará gente confundida. Y es que si de hablar de la pobreza se trata resuenan dos frases memorables. Una, la de Kicillof y su explicación de que no se medía “para no estigmatizar a los pobres”; la otra, la del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien en 2015, como jefe de Gabinete de Cristina, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”.
Las consecuencias políticas del “debate interno” son casi anecdóticas en comparación con el costo reputacional y el potencial daño económico para el país. Ambos fueron resumidos en un artículo de The Economist, publicado en febrero de 2012 bajo el título “No me mientas Argentina”. Allí, el prestigioso semanario británico anunciaba que dejaba de considerar las estadísticas producidas por el gobierno argentino. “Las cifras parecen ser un intento deliberado de engañar a los votantes y estafar a los inversores”, fue la explicación. Similar lectura hizo un grupo de fondos de inversión, que impulsan demandas contra el país en los tribunales de Nueva York por otro presunto desvío estadístico: el del crecimiento económico y su impacto en los bonos con cupones atados al PBI. En total los reclamos podrían superar los US$1000 millones, según cálculos privados. ¿El lapsus cristinista podría darle un nuevo impulso a esos juicios? El tiempo dirá. También sigue adelante la causa en los tribunales locales que investiga si hubo violación del secreto estadístico por parte de Moreno.
La interna oficial entrega hoy esta insólita paradoja: Cristina tratando de despegarse del gobierno de Alberto y Alberto intentando despegarse del gobierno de Cristina. Hoy se conocerá el IPC de abril, que se acercaría al 6%, y seguramente empezará otra batalla dialéctica. Una guerra (es una metáfora) en la que la primera víctima ya no es la verdad, sino el relato.
Tipo de trabajo:análisis
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