Critican el eventual uso de fondos previsionales para fines productivos

CANCUN, México.- "Creo que se les hace un flaco favor a los trabajadores si con el dinero de su cuenta de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) se financia a la microempresa, a la vivienda o a los productores rurales, porque estas opciones pueden no ser las más convenientes en la relación riesgo-retorno."

La definición pertenece a Klaus Schmidt-Hebbel, gerente de investigación económica del Banco Central de Chile. "Si el Estado considera que hay que prestarles a esos sectores socialmente meritorios debería ser con fondos estatales que provengan, por ejemplo, de los impuestos a los capitales: que eso lo paguen los ricos, pero no los trabajadores", agregó.

El funcionario indicó que el cuidado del nivel del beneficio que cobrará el trabajador cuando se jubile y el respeto al derecho de propiedad del ahorro deben ser los objetivos primordiales del sistema previsional de capitalización. Por eso se opone sin dudarlo a cualquier tipo de inversión cuya decisión no se rija estrictamente por esos principios.

Según el economista, una reforma del sistema de pensiones que pase de reparto a capitalización, como la que hizo Chile hace casi 23 años, hoy replicada en 25 países -entre ellos la Argentina-, tiene de por sí un efecto dinamizador en la economía, que se refleja en tres aspectos: mayor ahorro e inversión, por la atracción que genera el orden fiscal; crecimiento del empleo, principalmente del formal, y una mejora del mercado de capitales.

En esos tres ítem centró el estudio que presentó en el seminario de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, que terminó el viernes último. El informe concluye que del crecimiento promedio del PBI que tuvo Chile desde 1980 hasta 2001 (del 4,63% anual), 0,50 punto se explica sólo por la reforma de pensiones.

El resto del índice, según apuntó en diálogo con LA NACION, tiene que ver con otras reformas casi paralelas. "Esto se hizo como parte de un sistema de reformas estructurales que habían comenzado en 1974 y que tendieron a dar un rol importante a la iniciativa privada", recordó, sin dejar de destacar que todos los gobiernos que pasaron respetaron el programa económico.

El sistema de administradoras de fondos de pensiones de Chile maneja más de US$ 35.000 millones, un 55% del producto bruto. Una de las motivaciones que llevó a su creación fue la visión de la crisis de los sistemas de reparto, que "en el proceso de envejecimiento de la población son cada vez menos financiables". Pero esa razonabilidad fiscal que llevó a la reforma, según aclara Schmidt, no evitó un mayor déficit y por tanto mayores esfuerzos fiscales en el corto plazo, porque los aportes se derivaron a las cuentas individuales y no al Estado, mientras que hubo que pagar las viejas prestaciones.

-¿Con qué instrumentos el sistema de pensiones contribuyó al crecimiento de Chile?

-Hay tres canales: uno es el esfuerzo de ajuste fiscal para financiar la transición que, cuanto mayor sea, genera mayor efecto sobre el ahorro y la inversión en el país. Eso es así para toda política fiscal.

-Usted señala en su trabajo que se incentivó el empleo.

-Ese es el segundo canal: ocurre que en el viejo sistema de reparto hay una relación muy débil entre lo que el individuo aporta y lo que recibe cuando se jubila. En capitalización los fondos son invertidos en mercados de capitales y la tasa de rendimiento es mucho mayor que la tasa de crecimiento del salario y del PBI, que es el retorno del sistema de reparto. Por eso estimamos que existía un impuesto implícito, definido como la diferencia entre el retorno del mercado de capitales y el crecimiento de los salarios, elevada a 25 años. En Chile, es de entre el 60 y el 85 por ciento. Ese impuesto implícito desincentiva el empleo y por eso estimamos que con la reforma creció el empleo en torno del 2%, y el del sector formal, un 5 por ciento.

-¿Es correcto destinar parte de los fondos capitalizados para financiar a productores y la construcción de viviendas, como quiere el nuevo gobierno argentino?

-Yo creo que lo correcto es no hacer nada de eso. Si el Estado fuerza a las AFJP a dirigir sus recursos a ciertos sectores socialmente muy meritorios tal vez lleve los fondos a un destino donde la combinación riesgo-retorno es desfavorable con respecto a otros sectores. Hay experiencia ya con los sistemas de reparto de nuestros países, que empezaron acumulando muchas reservas y el Estado empezó a invertirlas mal y se gastó todo. Hay que respetar el derecho de propiedad. En la Argentina el Estado ya dejó de hacerlo al obligar a las AFJP a comprar bonos públicos.