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De la estabilidad al crecimiento
Lograr un crecimiento elevado y sostenible a largo plazo exige resolver deudas estructurales en educación, infraestructura, informalidad laboral e innovación, además de bajar el riesgo país
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PARA LA NACIONDaniel Artana
Esta semana se llevó a cabo en Iguazú el Congreso del IAEF, con el objetivo central de discutir cómo transitar de la estabilidad al crecimiento. En las siguientes líneas, resumo los puntos principales de mi presentación.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, para el crecimiento. Ni la teoría económica ni la evidencia empírica respaldan la idea de que la inflación estimula el desarrollo a largo plazo. Al contrario, la inflación distorsiona las señales de precios relativos y desalienta la inversión. Por ejemplo, una inflación elevada genera una mayor volatilidad macroeconómica, lo que añade un costo de incertidumbre severo para los inversores.
Existe un amplio consenso en que el crecimiento del PBI per cápita depende crucialmente de la acumulación de capital y de las ganancias de productividad. Históricamente, América Latina ha mostrado tasas de inversión bajas y mejoras de productividad mediocres (e incluso negativas en ciertos períodos) en comparación con las economías asiáticas. Este pobre desempeño de la productividad suele explicarse por factores como la alta informalidad laboral, la escasa innovación, la infraestructura deficiente y el menor capital humano.
El caso argentino representa un extremo. En 2023, la inversión se encontraba en niveles bajos y la productividad permanecía estancada en los valores de hace dos décadas. A la luz de las experiencias internacionales exitosas, la desregulación y la apertura económica aparecen como motores indispensables para revertir este atraso. Además, sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos tienen el potencial de acelerar su productividad a tasas muy superiores al resto de la economía. Sin embargo, esta transformación no es indolora. Los costos de la transición económica se habrían moderado, pero no eliminado si se hubiese buscado un tipo de cambio real de equilibrio algo más depreciado, mediante una acumulación de reservas internacionales más temprana y agresiva por parte del Banco Central.
Desde finales de 2023 hasta la actualidad, el cambio estructural implementado ha permitido un salto significativo en las exportaciones. No obstante, la inversión es la variable macroeconómica con peor desempeño relativo. Esto se explica, en parte, por la caída en el sector de la construcción debido al fuerte recorte en la obra pública. Si bien las privatizaciones son una herramienta válida, tienen sus propios tiempos de ejecución y no pueden sustituir por completo la inversión estatal, ya que para ello requieren de una demanda privada dispuesta a pagar tarifas que financien la infraestructura.
Por otro lado, la inversión en maquinaria y equipo también ha sido débil. Inicialmente, este freno se explicó por el adelantamiento de compras que hicieron las empresas para aprovechar el “subsidio” implícito de la brecha cambiaria anterior. La capacidad ociosa remanente en varios sectores es otro factor determinante. Sin embargo, el principal freno actual parece ser la postergación de decisiones a la espera de certezas políticas. Los inversores aguardan señales claras sobre si la esencia del programa económico actual continuará más allá de 2028.
Desde 2023 el horizonte temporal de las reformas en la Argentina ha sido corto. Al principio de la gestión actual, la incertidumbre radicaba en la debilidad legislativa de un gobierno expuesto al riesgo de juicio político. Luego de las elecciones legislativas, la preocupación se traslada a la posibilidad de que retorne el populismo. La principal alternativa política no parece haber procesado el fracaso económico del cuatrienio 2020-2023 ni el estancamiento del período 2011-2015. Llama la atención la falta de autocrítica sobre una gestión previa que culminó con inflación mensual de dos dígitos y prácticamente sin crecimiento. En su lugar, se insiste con propuestas disruptivas como expropiaciones, reestructuraciones forzosas de la deuda pública nacional, el regreso de subsidios energéticos masivos y la utilización del Banco Central como una caja política paralela, desprovista de controles presupuestarios y propensa a la emisión monetaria descontrolada.
Si los pilares fiscales y monetarios del programa económico se consolidan después de 2027 (equilibrio en las finanzas públicas, política monetaria diseñada para lograr una inflación anual de un dígito, apertura y desregulación), la Argentina podría eliminar la brecha de riesgo país con el promedio de la región (hoy en torno a los 200 puntos básicos). Esta reducción del costo del capital, sumada a un horizonte temporal más previsible, sería suficiente para reactivar la inversión privada.
Sin embargo, lograr un crecimiento elevado y sostenible a largo plazo exige, además, resolver deudas estructurales:
- Educación: mejorar la calidad educativa requiere un trabajo coordinado entre la Nación y las provincias.
- Innovación: exige una coordinación entre el esfuerzo público y privado, yendo más allá del avance logrado por la modernización de las leyes de patentes.
- Infraestructura: demanda planificación de largo plazo y coordinación financiera entre los tres niveles de gobierno.
- Informalidad laboral: requiere programas eficaces de reentrenamiento laboral (cuya evidencia de éxito global aún es mixta), mejoras educativas y profundizar la baja de impuestos al trabajo, que siguen estando entre los más altos de la región. Asimismo, es clave profundizar la regulación laboral —incluyendo el tema del financiamiento a los sindicatos— y que la Corte Suprema convalide la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso que hoy se encuentran cuestionadas por tribunales inferiores.
Finalmente, cabe preguntarse cuál debe ser el rol de la política industrial (entendida como el apoyo estratégico a sectores competitivos y no solo a la manufactura tradicional). Un estudio reciente del FMI demuestra que las intervenciones estatales exitosas a nivel global siempre siguieron un modelo orientado a la competencia internacional y a la innovación, en lugar de proteger industrias ineficientes. En la misma línea, el Banco Mundial enfatiza la importancia de la calidad institucional, la provisión de bienes públicos (ecosistemas científicos, capacitación) y el apoyo a la I+D, rechazando la protección arancelaria o las reglas rígidas de contenido local, siempre bajo un marco de estricta solidez macroeconómica.
En la gestión actual, esta política se canaliza a través del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y la desregulación sectorial. De hecho, uno de los primeros proyectos aprobados y en ejecución pertenece a la industria del acero.
Muchos de los beneficios del RIGI son sumamente razonables:
- Créditos fiscales de IVA: acelerar su devolución evita que los proyectos de larga gestación deban absorber un costo financiero importante antes de generar ventas.
- Impuesto al cheque: permitir su acreditación plena contra otros tributos reduce el peso de un gravamen altamente distorsivo.
- Divisas: garantizar la libre disponibilidad de divisas es de sentido común para toda la economía, pero en especial para proyectos netamente exportadores que se financian con deuda internacional.
Sin embargo, otros incentivos son más cuestionables, como la combinación de una alícuota reducida en el impuesto a las ganancias junto con la amortización acelerada y la excepción a las reglas de capitalización exigua. Este combo dará como resultado una tasa impositiva efectiva extremadamente baja. Si a esto se le suma la exención total de derechos de exportación a partir del tercer año —sin condicionarla, por ejemplo, al nivel de los precios internacionales—, el esquema luce generoso.
Tipo de trabajo:análisis
