Deuda: por una medida del gobierno de Alberto Fernández, el país debería pagar US$20.000 millones apenas vuelva a crecer

Los bonos cupón PBI fueron emitidos con el fin de incentivar a los acreedores a entrar en el canje de deuda pública del 2 de junio de 2005. Se trató de fijar un aliciente o sweetener, según la jerga financiera, para lograr ese objetivo. Básicamente, se trata de un warrant, un instrumento financiero que genera un pago si la Argentina crece más de 3% (una cláusula gatillo promedio, fijada como potencial de crecimiento), y si el nivel del volumen físico del PBI supera la línea de base o el producto potencial, según lo establecido en el prospecto.

La intervención del Indec manipuló la serie del PBI (con base 1993) para mostrar que la economía argentina crecía a tasas chinas y en forma vigorosa entre 2008 y 2015 (www.world-economics-journal.com/Papers/Measuring-Argentinas-GDP-Growth.aspx?ID=577). Al comienzo de la intervención del organismo de estadística, se suponía que la manipulación de los datos oficiales se refería únicamente a los datos de inflación. En 2013, el PBI oficial manipulado de los primeros tres trimestres avizoraban que la Argentina iba a crecer “falsamente” por arriba de la cláusula, gatillando el pago “erróneo” del cupón PBI.

Advertido tardíamente el gobierno de entonces sobre las consecuencias económicas de pegarse un tiro en el pie con su propio relato de “la Argentina crece más que Australia”, el ministro de Economía Axel Kicillof, decidió cambiar el año base de la serie PBI 1993 a 2004 en un solo día, con el fin de no pagar erróneamente el cupón. Cabe aclarar que un cambio de año base para una estadística del PBI toma no menos de dos años.

El prospecto de los bonos establecía que si se cambiaba el año base del PBI se debía definir una nueva línea de base (rebasement) a partir de un año a determinar. Esta definición quedo pendiente hasta fines de 2022.

Sin previo aviso ni análisis alguno, el 15 de diciembre de 2022 el Ministerio de Economía, mediante una resolución oficial, comunicó que 2012 sería el año del rebasement. De esta manera, la nueva línea base cuya superación por el PBI efectivo dispararía el pago del cupón quedó establecida en un nivel mucho más bajo que si se hubiese elegido cualquier otro año para el rebasement (www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comunicado_de_prensa.pdf). Esta decisión oficial aumentó enormemente la posibilidad de pagar el monto pendiente de la deuda pública por adelantado, muchísimo antes que a su vencimiento, en 2035.

Una cuestión que no hubiese sucedido en caso de haberse elegido 2004, como era esperable, dado que es el año base de la nueva serie del PBI. Haber elegido 2012 resulta raro, también, dado que el nuevo Indec había observado la serie PBI base 1993 desde 2008 en adelante.

La resolución oficial de fines de 2022 afecta los intereses económicos de la Argentina y beneficia a los fondos “buitres”, que tienen mayores probabilidades de cobrar por anticipado la deuda pública instrumentada por el cupón PBI.

Esto se evidencia en el incremento del precio del cupón PBI a partir de esta decisión. La cotización se duplicó en el caso del TVYO (en dólares, serie2) pocos días después de la resolución. Asimismo, resulta llamativo que en los días previos a la citada resolución del Ministerio (15 diciembre 2022) se registró un aumento extraordinario de compras del cupón PBI, cuyo volumen fluctuaba entre 0 y 1000, a un máximo de 254.000 en tan solo 15 días.

La resolución oficial del Ministerio de Economía deja como herencia una enorme presión financiera para el país, dado que el esfuerzo de pago del cupón PBI se deberá realizar antes de lo previsto, por una deuda pendiente de 20.000 millones de dólares.

Este monto equivale a casi 10% del PBI, algo que supera lo que Argentina debería pagar por el juicio de YPF. La suma que se deberá pagar por adelantado, gracias a una sola resolución del 15 de diciembre de 2022, equivale a más de la mitad de los sobornos por el caso Cuadernos, a cuyo monto acumulado se llegó tras 11 años (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-04-2019-0039/full/html?skipTracking=true).

La insólita resolución del Gobierno de Alberto Fernández que beneficia a los acreedores de la Argentina se deberá cumplimentar ni bien nuestro país salga de la recesión, e implica una hipoteca para la futura reactivación tan esperada por todos los argentinos.