Polémica: se fue con casi $110 millones cuando lo despidieron del Enacom y lo contrataron en el INTA al día siguiente

Una incorporación impulsada por la Dirección General de Administración (DGA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desató una polémica dentro del organismo y podría obligar al Consejo Directivo a revisar una decisión que ya había aprobado. El caso involucra a Daniel Alfredo Neira, quien hasta fines de julio se desempeñó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y recibió al dejar ese organismo una liquidación final neta de $109.781.999,73. No obstante, un día después ocupaba el cargo de “gerente de contabilidad” del organismo tecnológico.

La controversia surgió cuando comenzó a trascender la incorporación de Neira en el organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso llegó a integrantes del Consejo Directivo, quienes recientemente tomaron conocimiento de las condiciones en las que Neira había salido del Enacom.

Según documentación a la que accedió LA NACION, el organismo de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio de 2026 y lo notificó de la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La planilla correspondiente a su liquidación consignó, entre otros conceptos, $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73.

Poco después de esa salida, su currículum llegó al Consejo Directivo del INTA a pedido de la Dirección General de Administración (DGA) para incorporarlo como director asistente del área, según indicaron a LA NACION fuentes conocedoras del proceso. Actualmente, la DGA está a cargo de Gustavo Javier Abaurrea. LA NACION intentó tener la versión oficial del organismo para conocer las condiciones en que se pidió la contratación de esta persona, pero no hubo respuesta hasta el momento.

“Fue un pedido de la DGA para que asista en la Administración. Nunca nos informaron nada de la situación del agente”, explicó una fuente con conocimiento de la contratación de Neira.

En rigor, la incorporación de Neira había sido formalizada por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre pasado. El acta dispuso su designación transitoria como “gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad”, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración (DGA), con nivel de puesto 11, por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga si durante ese período no se realizaba el procedimiento de selección correspondiente. La propia resolución dejó asentado que Neira se había desvinculado del Enacom el 31 de julio de 2026 y que, por esa razón, correspondía impulsar su designación interina en el INTA a partir del 1° de agosto.

Según reconstruyó este medio, el tema había sido tratado en una de las últimas reuniones del Consejo Directivo, que coordina el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sobre la base del currículum enviado por esa dirección para que se efectúe el procedimiento administrativo. Aclararon que, en efecto, en el currículum constaba su experiencia laboral dentro del Enacom. No obstante, se “omitió que había sido desvinculado”, que ya “había sido indemnizado” y no pertenecía más al ente de comunicaciones o una dependencia del Estado.

“Ahora vamos a rever la aprobación y, de ser necesario, no aceptamos la incorporación. Ya nos va a informar Jurídicos cómo proceder”, indicó una fuente al tanto de la situación.

Sobre la modalidad de cobertura de esos cargos, explicaron que en algunos casos las designaciones pueden ser transitorias para cubrir una función hasta que se realice el concurso correspondiente. Esta es una regla general del INTA. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señaló. También planteó que es necesario agilizar esos procesos y reducir la burocracia para que las vacantes puedan cubrirse con mayor rapidez.

La discusión se produjo, además, pocos meses después de que el propio INTA avanzara con un amplio programa de retiros voluntarios para reducir justamente su dotación de personal. El INTA tenía hasta hace meses un total de 5750 empleados. Pero con los cambios impulsados por el Gobierno el organismo habilitó dos procesos de retiros voluntarios en menos de dos años. El primero se realizó en noviembre de 2024 y alcanzó a 394 trabajadores. El segundo se instrumentó en junio de 2026 y comprendió a alrededor de 850 agentes. En este último caso, algunas solicitudes no llegaron a concretarse, no por una decisión del organismo de rechazarlas, sino porque a esos trabajadores no se les computaron los años desempeñados como personal no permanente (PNP) para acceder al beneficio, según planteó el gremio.

El régimen fue aprobado por el Consejo Directivo mediante la Resolución 144/2026 y su instrumentación quedó justamente en manos de la Dirección General de Administración. Uno de los puntos establecidos para quienes accedieran al retiro era una prohibición de volver a incorporarse o prestar servicios bajo cualquier modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde la baja. La restricción comprendía empleo, contrataciones, cargos de autoridades, funciones extraescalafonarias y asesorías.

Por el momento, sin embargo, no se conoce si alguna restricción de reingreso al Estado resulta aplicable al caso de Neira, ya que su desvinculación fue del Enacom mediante una indemnización por despido. LA NACION también consultó al Enacom para obtener precisiones sobre la desvinculación de Neira. Desde el organismo únicamente confirmaron que había trabajado allí, pero no brindaron mayores detalles. Este medio también intentó comunicarse con Neira para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Por Belkis Martínez

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