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Dólar: qué hay detrás de la pelea por el manejo de la economía
El ministro necesita enviar una señal de reducción del gasto a los socios del FMI para cerrar un nuevo acuerdo y evitar mayor presión sobre el mercado cambiario
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LA NACIONSofía Diamante
Después de reestructurar la deuda privada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene como objetivo principal cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una condición necesaria para estabilizar la economía y quitarle presión al mercado cambiario. Para ello le dedicó en los últimos dos meses 22 días para viajar por Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Francia y Rusia, y convencer a los principales socios del organismo que le permitan posponer la devolución del crédito de US$44.000 millones.
El apuro de las últimas semanas pasa, además, por la deuda de US$2300 millones que tiene la Argentina con el Club de París, cuyo vencimiento es este mes (algunos documentos oficiales dicen que es el 5 de mayo, otros el 31, pero en todo caso hay 60 días de gracia para pagar). Guzmán ya admitió públicamente que pidió un “puente” para que lo dejen posponer el vencimiento hasta cerrar un acuerdo con el FMI.
La mayoría de los analistas económicos admite que el Fondo no es el mismo organismo que antes, pero hay un requisito con el cual es inflexible: la reducción del déficit fiscal.
En ese sentido, Guzmán se comprometió para este año que el gasto que se destina a la energía se mantendrá constante en 1,7% términos del PBI, como figura en el presupuesto que aprobó el Congreso. Se trata de un número no menor, si se tiene en cuenta que el déficit estimado total para 2021 es el 4,5% del producto.
Para cumplir con su palabra, al Tesoro no le queda otra alternativa que subir las tarifas de luz y gas. Sobre todo, luego de que el año pasado la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, se comprometiera a pagarles a las productoras de gas un precio mayor en dólares durante cuatro años para que incrementen su producción.
La lógica detrás del gasto fiscal que se le destina al Plan Gas, y que la Secretaría de Energía le explicó al FMI en reiteradas oportunidades, es que si no se aumentaba el precio a las empresas, iba a seguir cayendo la producción y aumentarían las importaciones, que son más caras y que, por lo tanto, implican mayor gasto.
Además, el Ministerio de Economía informó que, de forma gradual, los usuarios residenciales pagarían cada vez más de ese precio que el Gobierno les prometió a las empresas. Actualmente, en las tarifas residenciales se refleja el 40% de lo que cuesta producir el gas. El resto lo financia el Estado con subsidios y, a medida que se devalúa la moneda, la recaudación por tarifas cubre un porcentaje menor.
En electricidad, la situación es similar: los usuarios residenciales pagan solo el 35% de lo que cuesta la generación eléctrica. Para lo que sigue del año, con las proyecciones de suba del tipo de cambio, se espera que la cobertura promedio anual baje al 30%.
El esquema de segmentación, que el Gobierno ve como opción para reducir el gasto en subsidios y, al mismo tiempo, para amortiguar el impacto de un aumento tarifario, todavía está en desarrollo. En la práctica, tanto empresas como consultores de energía creen que es muy difícil implementarlo. Por ejemplo, en la Argentina todavía hay “lecturistas” que van domicilio por domicilio a documentar cuánto se consumió de gas y electricidad, mientras que en los países avanzados ya tienen instalados medidores inteligentes.
Durante la gestión del exministro de Energía Juan José Aranguren se intentó implementar una segmentación por consumo: aquellos que más gas o electricidad consumían, pagaban más caro. El problema es que en la Argentina están instalados muchos medidores comunitarios, que pueden representar a varias familias y por lo tanto la segmentación no es representativa.
Durante 2020 se suponía que los interventores en el ENRE y Enargas, Federico Basualdo y Federico Bernal, respectivamente, representantes del Instituto Patria, avanzarían con un plan para segmentar los subsidios. Si bien en reiteradas veces dijeron que estaban trabajando en ello, ningún proyecto vio la luz. Basualdo luego asumió como subsecretario de Energía Eléctrica, y en el cargo del ENRE dejó a Soledad Manin, aunque en la práctica siguió teniendo injerencia.
Mientras tanto, en el primer trimestre, los subsidios a la energía aumentaron casi 80% en términos interanuales, según cálculos de la consultora Ecolatina, y casi duplicaron la inflación promedio de ese periodo, que fue poco más de 45%. La confirmación de que las tarifas de Edenor y Edesur aumentarán 9% y que las de gas, en principio, subirían 7% promedio no ayudará a mejorar los números fiscales.
Antes esta situación Guzmán pierde credibilidad frente a los socios del FMI, quienes le pidieron alguna señal de consistencia fiscal. Si bien en Cancillería ya tienen todo listo para que el presidente Alberto Fernández vaya a Europa en los próximos días para negociar un nuevo acuerdo, al que sumaría el ministro, en la Quinta de Olivos no dan por confirmado el viaje. Según dicen, “por cuestiones sanitarias” no está confirmado y descartan que la razón sea la imposibilidad de poder despedir a Basualdo, quien representa al sector duro del kirchnerismo, que se opone a una suba mayor de las tarifas.
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