Economía en modo electoral y anabólicos light

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
A la espera del efecto paritarias, el Gobierno inyecta pequeñas dosis de estimulantes para que el consumo deje de caer antes de octubre
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9 de junio de 2019  

Este año electoral es decididamente atípico. No solo por la indefinición de alianzas y candidaturas de Cambiemos y del peronismo alternativo a menos de dos semanas del cierre de las listas, con excepción de la sorpresiva fórmula presidencial kirchnerista. También, porque nunca el oficialismo de turno debió enfrentar una campaña electoral en medio de un duro ajuste macroeconómico como el que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del préstamo récord de US$57.100 millones.

Por lo general, los gobiernos recurren a políticas monetarias y fiscales expansivas para salir de un pozo recesivo como en el que cayó la Argentina hace casi cinco trimestres, agravado por el fuerte shock cambiario de 2018 y su correlato de alta inflación cercana a 50% anual. Pero el uso de esas herramientas está vedado por el programa con el FMI, cuyo principal objetivo -vale recordarlo- fue evitar otra crisis de pagos externos que habría dejado a la economía más maltrecha de lo que está, aunque Christine Lagarde haya admitido ahora implícitamente el error de diagnóstico de tratar de bajar la inflación solo con el recetario ortodoxo del organismo.

Dentro del estrecho margen de maniobra para poner a la economía en "modo electoral", el avance más importante del gobierno de Mauricio Macri fue negociar el aval del Fondo para que el Banco Central pudiera vender dólares en el mercado y evitar saltos bruscos en las cotizaciones como los de marzo y abril. De hecho, la virtual estabilidad cambiaria de los últimos 40 días, sin que el BCRA debiera intervenir, ya comenzó a reflejarse en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de mayo y en un repunte del índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella. Por lo pronto, esto corrobora que el dólar quieto o sin sobresaltos pasó a ser un indicador tanto o más relevante que el de inflación con su rezago de 15 días. Además, la devaluación del peso por debajo del IPC mensual reduce su impacto sobre el índice de precios mayoristas y apuntala el congelamiento de precios de la canasta de 64 "productos esenciales" acordado hasta fin de octubre.

Fuente: LA NACION

Aunque se descuenta que la dolarización de depósitos o inversiones en pesos se acentuará antes de las PASO de agosto y también después (según sus resultados), entre los especialistas gana consenso la perspectiva de que, sin las manos atadas, el BCRA cuenta hasta las elecciones con "poder de fuego" para frenar eventuales corridas, a costa de un endurecimiento monetario aún mayor.

Mientras tanto, la Casa Rosada aprovecha el respiro cambiario para lanzar medidas destinadas a tonificar la alicaída actividad en los sectores más castigados por la recesión, a través de estímulos al consumo, especialmente de clase media. En todos los casos, se trata de anabólicos light inyectados en pequeñas dosis para no potenciar su costo fiscal o monetario. Sin embargo, en lo que resta de 2019 difícilmente alcancen a contrarrestar el impacto de la caída del salario real, el crédito y la inversión sobre PBI (no agrícola).

Uno de los más recientes y relevantes es el relanzamiento del plan Ahora 12 en cuotas sin interés (tras una baja inicial de tasas de 45% a 20% anual por reducción de encajes bancarios), al que ya adhirieron unas 200 cadenas de electrodomésticos, línea blanca, electrónica, indumentaria, calzado, colchones, mantenimiento del hogar, motos, muebles y jugueterías, entre otros rubros, además de pequeños comercios, para tratar de revertir la caída de ventas de los últimos 12 meses. Como en otras ediciones, el beneficio se aplica a compras realizadas entre jueves y domingos, y el precio en cuotas sin interés deberá ser el mismo que de contado. No deja de ser un subsidio financiero, si se tiene en cuenta que el crédito al consumo paga tasas superiores a 60% anual.

Más discutible es el aporte estatal vía reducción de costos fiscales para bonificar las compras de autos 0 kilómetro en $50.000 y $90.000 -según los precios de venta sean de hasta $750.000 o superiores, hasta un tope de $2 millones- que regirá solo por 30 días. El plan Juni0km fue anunciado vía Twitter por el propio Macri el último martes, tras un acuerdo con la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Ya es aplicado por 10 terminales automotrices en 60 modelos de 233 diferentes versiones, excepto en planes de ahorro previo. Y podrá ser acumulable con otras promociones de las fábricas, que no podrán aumentar sus precios. En la misma red social, Lucas Llach, exvicepresidente del BCRA, se preguntó si "vale la pena subsidiar gasto a consumidores de altos ingresos en sectores de alto contenido importado -ergo, menos multiplicador- para que ganen más plata empresarios protegidos".

Por su alcance limitado a un mes, todo indica que el descuento apunta a desagotar stocks, ya que la producción automotriz en lo que va del año cayó menos (-32% interanual) que las ventas a concesionarios (-59%) y se traduce en suspensiones de personal en varias terminales. Los beneficios fiscales acordados (mayores reintegros, baja de aranceles), en cambio, no tienen fecha límite.

Estas medidas se suman al congelamiento de tarifas de electricidad, gas y transporte hasta fin de año, y de telefonía celular para líneas prepagas por cinco meses, anunciado en abril. También, a los créditos Anses de $20.000 a $200.000 con plazos de 24 a 60 meses (y con un costo financiero de 50,8% a 44,7% anual) para jubilados y pensionados, y de $ 1000 a $12.000 en 24 o 36 cuotas (con costos de 54,1% y 48,9% anual) para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que desde marzo fue incrementada en 46% (algo previsto en el acuerdo con el FMI, como vía de contención social).

Según el Estudio Broda, el costo fiscal de estas últimas medidas, más el refuerzo de partidas presupuestarias para obras públicas y subsidios a tasas de interés para pymes, asciende a $90.000 millones y equivale a 0,5% del PBI. Como contrapartida, la suba de la tasa de estadística para importaciones (a 2,5%) y el plan de refinanciación de deudas dispuesto por la AFIP para pymes, reforzarán los ingresos en $37.000 millones, con lo que el déficit subirá en algo más de 0,2% del PBI.

Todas esas medidas sirven de puente hasta que el pago del medio aguinaldo de junio y las subas salariales fraccionadas surgidas de paritarias, comiencen a estimular el consumo más consistentemente. En muchos casos no se recuperará a corto plazo la pérdida de poder adquisitivo de 2018. Los jubilados, a su vez, tendrán el ajuste trimestral indexado por la inflación más alta de los últimos meses.

Un amplio informe publicado por el diario El Cronista, revela que en los acuerdos anuales ya cerrados en paritarias, los mayores aumentos corresponden a petroleros (45% en tres tramos y revisión en septiembre y marzo); gastronómicos (43% con similar secuencia); metalúrgicos (36% en tres tramos, sumas fijas mensuales y revisión en el último trimestre) y comercio (30% en 5 sumas no remunerativas y 4 tramos porcentuales con revisión). A ellos se sumarían los camioneros, que reclaman 45% (más el pago de una suma fija y revisión por inflación); UTA (40% con revisión trimestral) y aeronáuticos (40% y revisión automática por inflación). Los de menor magnitud (23%) fueron suscriptos por encargados de edificios (en dos tramos hasta junio y con revisión en julio); Luz y Fuerza (en tres tramos y revisión automática en julio) y Obras Sanitarias (tres tramos y revisión en septiembre) También se cerraron acuerdos cortos con bancarios (19,5% hasta junio, con suma fija de $12.500 y revisión en julio); ferroviarios (17% por cinco meses más un bono remunerativo de 10%); construcción (15% y ajuste trimestral por inflación desde agosto); sanidad (11,8% de mayo a agosto y ajustes trimestrales por inflación ) y Smata (10% de enero a marzo y acuerdos trimestrales).

El esquema oficial de anabólicos, parches, medidas aisladas y congelamientos de precios y tarifas a plazo fijo que se asemejan a resortes apretados, se ubica a años luz de una política para desindexar la economía, bajar la inflación y recuperar el crecimiento, a través de un plan integral que debería apoyarse en acuerdos políticos amplios. Mucho pedir en la previa de una campaña electoral incierta y decisiva, aunque solo falte medio año para que asuma quien resulte ganador.

nestorscibona@gmail.com

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