El Ciadi condenó al país a pagar US$ 165,2 millones

El debate por el destino de las concesiones de servicios públicos se volvió a instalar ayer en la agenda del Gobierno. Aunque esta vez las novedades llegaron desde Washington.

El tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de dirimir diferencias respecto de inversiones (Ciadi, según sus siglas en inglés) condenó a la Argentina a pagarle a la firma Azurix, ex concesionaria del servicio de agua potable y cloacas de 71 ciudades bonaerenses, 165,2 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños que sufrió cuando el gobierno provincial le rescindió el contrato. La firma de capitales estadounidenses reclamaba una compensación total de 565 millones de dólares.

La noticia se conoció ayer, aunque la notificación sobre el laudo se notificó a última hora del viernes. Ahora, la Procuración del Tesoro, organismo que tiene a su cargo la defensa del país, cuenta con 120 días para pedir la nulidad del laudo o, en su caso, dejar firme el pronunciamiento y acceder a pagar el importe.

"Recién estamos estudiando el laudo. Es muy extenso. Vamos a analizar cuáles van a ser los caminos que vamos a seguir", dijo una alta fuente de la Procuración del Tesoro que dirige Osvaldo Guglielmino.

Más allá de que el reclamo se planteó contra el país por ser el que firmó los tratados bilaterales de protección de inversiones, en este caso quien deberá pagar el monto, en caso de que no se pida la nulidad, es la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del organismo rescataron que "el monto que le conceden a la empresa como indemnización es sólo el 29% de lo que había reclamado".

El ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos bonaerense, Eduardo Sícaro, destacó que Azurix sólo obtuvo una cuarta parte del monto que reclamaba, y consideró la decisión de otorgar sólo 60 millones como estimación del valor de la empresa como "un antecedente muy importante", porque "significa que el riesgo empresario de invertir un valor elevado no va contra el Estado, sino contra la propia empresa".

Pero el funcionario también consideró un "error garrafal" del Ciadi que no considerara comprobado que Azurix formaba parte del grupo empresario Enron, "un grupo inversor muy agresivo que concretó la estafa más grande de los últimos cien años en los Estados Unidos". Eso, dijo Sícaro, "me parece que era un elemento a considerar".

Reclamos cruzados

Por último, el ministro recordó que la provincia de Buenos Aires le inició un juicio a la empresa que abandonó la concesión. "Ahora veremos cómo resulta" ese proceso, que se tramita ya en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, dijo Sícaro.

Azurix, una empresa controlada por el grupo norteamericano Enron, participó en la privatización de la compañía de aguas bonaerenses en 1999 a cambio de desembolsar un cánon de 439 millones de pesos, por entonces equivalente en dólares. Azurix Buenos Aires (ABA) mantuvo siempre una relación conflictiva con la administración bonaerense. En 2000 los problemas aumentaron y el grupo anunció su retiro del país.

En enero de 2002, el gobierno provincial rescindió la concesión del servicio en 72 ciudades y 41 municipios del sur provincial, la zona costera y el norte de Buenos Aires, incluyendo las ciudades de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, entre otras. La gestión pasó a manos de los trabajadores en medio de reclamos cruzados entre la administración provincial y la empresa.

En la demanda presentada ante el Ciadi la firma pidió que se le reembolse el total del canon, es decir 438 millones de dólares. "El Tribunal no hizo lugar a esto porque dijo que la Argentina no expropió nada. Por este concepto le reconocieron 60 millones de dólares porque consideró que ése era el valor comercial de la concesión al momento de la rescisión", comentó una fuente de la Procuración.

Por lo bajo, los abogados del Estado festejaban estos argumentos del Tribunal. Sucede que la mayoría de los 34 reclamos que el país aún enfrenta en el Ciadi dice que la Argentina expropió sus activos en el país. "El Tribunal dijo que los tratados internacionales no amparan el riesgo empresario. Que si la empresa entró en el país y le fue mal, eso era el riesgo que debía asumir el concesionario. Sólo le reconoció 60 millones de ese monto reclamado", agregó la fuente.

Otro de los conceptos que reclamó la empresa es por las inversiones que realizó. Azurix pidió US$ 112 millones por los aportes de capital, y el Ciadi le otorgó casi la totalidad: 105 millones.

En el Ciadi tramitan 34 causas contra la Argentina, con lo que es el Estado más demandado en el Banco Mundial. Con el de ayer, ya son dos los laudos que condenan al país. El primero fue el del accionista minoritario de Transportadora Gas del Norte (TGN), CMS Gas. Allí también hubo un condena por US$ 133,2 millones.