El extraño caso de la empresa pública que administra millones de pesos y sólo tiene cinco empleados

El océano de las empresas públicas esconde varios misterios para el hombre de a pie. Uno de ellos es el de Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), una compañía cuya dotación de personal, al menos en los últimos cinco años, nunca superó al número de empleados que podría tener cualquier comercio a la calle o microempresa. Pero tiene una diferencia: administra fondos millonarios del Estado. Un ejemplo de eso es lo señalado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que indica que la firma “tuvo la facultad de ejecutar $500 millones del Ministerio de Defensa” y no posee mecanismos de control que “permitan atender posibles desvíos”.

Según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que LA NACION presentó a la Jefatura de Gabinete, las acciones de Polo Tecnológico Constituyentes están repartidas en partes iguales entre el INTI, INTA, la Universidad de San Martín, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Servicio Geológico Minero y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). Curiosamente, tiene más accionistas que empleados. Son los que, en definitiva, conducen la empresa.

El PTC se creó en 1998. Según su propia descripción, se dedica a prestar servicios en el área de investigación y desarrollo tecnológico, asesoría, capacitación, comercialización y vinculación principalmente entre áreas del Estado.

Según informes de SIGEN a los que LA NACION tuvo acceso, solo dos personas conformaron la nómina de Polo Tecnológico Constituyentes en 2019, 2020 y 2021. En 2022 la dotación subió a tres. Y en 2023 se registra un fenómeno especial. Los reportes del Indec muestran que en cinco meses del año pasado no tuvo trabajadores y en los siete restantes ascendió a cinco.

“No sabíamos que había que informar”, argumentó la gerente de Administración de la compañía, Laura Carbonero. A su vez, el presidente de la empresa, Ignacio Rintoul, comentó que la nómina de empleados es reducida porque “no necesitamos más que eso”.

Rintoul especificó que el staff está compuesto por una contadora, dos empleados administrativos y dos asistentes.

Una fuente del sector científico le dijo a LA NACION que una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo tecnológico tiene “entre 10 y 15 empleados como mínimo, y un máximo de entre 250 y 300 empleados”. Si a eso le agregara comercialización y asesoría, “debería tener una planta aún mayor”.

En este punto, Rintoul aclaró que la empresa es una “unidad de vinculación tecnológica”. Esto significa que no investiga ni desarrolla tecnología, sino que actúa como intermediario entre un área del Estado y, por lo general, otra área del Estado que se encargará de desarrollar el proyecto solicitado. “Funcionamos como custodio de dinero y lo ponemos al servicio de los especialistas”, sintetizó.

Un ejemplo puede ayudar a entender esa mecánica de trabajo. Los representantes de la empresa explicaron que si la Armada, que depende del Ministerio de Defensa, necesitara un proyecto del Instituto de Investigación Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), que también depende de la misma cartera, no debería contactarse directamente, sino mediante Polo Tecnológico Constituyentes. Esta función de puente entre áreas del Estado responde a lo reglamentado en distintos decretos sobre contrataciones del Estado.

Por otro lado, el tamaño de la empresa está lejos de igualar al de un “Polo”. De hecho, carece de laboratorio propio y trabaja en oficinas prestadas que pertenecen al Ministerio de Defensa.

La compañía también guarda otro misterio. Encontrar en Google su página web oficial o un usuario de redes sociales corporativo equivale a una verdadera misión imposible. “No tenemos página web porque sale muy caro pagar el servidor”, explicó Carbonero.

El presidente de la compañía enumeró los gastos operativos: bancos, caja chica, cargas sociales. “Lo que no tenemos es el pago de la luz, internet, alquileres. Ese sería el aporte del Estado”.

Sus representantes sostienen que la empresa no genera gastos para el Estado aunque, paradójicamente, vive de los fondos públicos. De hecho, todos los contratos y proyectos enumerados en los informes de SIGEN provienen de entidades oficiales.

El informe del organismo de control detalla que “predomina la modalidad de administración de proyectos de terceros”, por los que el Polo percibe el 5% del total de ese proyecto. Es decir, si el INTI tuviera un contrato por $100 millones y en él interviniera la empresa en cuestión, esta administraría todo ese dinero y se llevaría como ganancia $5 millones, en términos muy esquemáticos.

La documentación relevada por SIGEN muestra que entre 2019 y 2022, año del último informe oficial disponible, el Polo Tecnológico Constituyentes participó en al menos 39 proyectos. Todos ellos tienen a distintas dependencias públicas como el origen de los fondos. Las que más se repiten son el Conicet, organismos del Ministerio de Defensa y los accionistas de la compañía.

Entre todos, sus montos sumaron $152.581.140,36 en ese período. A esos también se sumarían cuatro proyectos de la subsecretaría de Ciberdefensa por los que el Polo ejecutó $500 millones.

“Cuando nosotros ejecutamos es en nombre de quien necesita o pide ese proyecto”, detalló Rintoul.

En paralelo, los informes de SIGEN instaron a la empresa en 2019, 2020, 2021 y 2022 a elaborar manuales de procedimiento, “lo cual sería favorable en materia de transparencia”, eficiencia e integridad. De ahí sus señalamientos sobre la falta de elementos para “atender posibles desvíos”.

Consultado puntualmente por esto, Rintoul respondió: “Este tipo de auditorías no están hechas para felicitarte por las cosas que hiciste bien. Siempre van a encontrar algo para mejorar”. A propósito de la integridad de la empresa, Carbonero agregó que en distintas administraciones -no quiso especificar cuáles- “pidieron cosas raras” y los representantes del Polo, según ella, se negaron.

Otro organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN), advirtió falta de controles en un proyecto del INTI y Polo Tecnológico Constituyentes. “Se verificó que, si bien el mismo contiene cláusulas que prevén el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Proyecto por parte del INTI, dicho expediente carece de elementos que den cuenta de la efectiva realización de tales tareas”, afirma el informe de AGN.

Sobre este caso puntual, los representantes de Polo Tecnológico Constituyentes desligaron a la empresa de la responsabilidad de control dado que le correspondía al INTI. A través de este ejemplo, explicaron que los controles de la realización del proyecto no dependen de ellos sino del área que los desarrolle.

En consecuencia, Polo Tecnológico Constituyentes debería adaptarse a los métodos de fiscalización de cada una de las partes a las que le encarga proyectos de tecnología o investigación. Esto implica que si tuviera trabajos en conjunto con Conicet, regirían los controles de este último, o si fuera con la Armada, entonces valdrían los controles de la Armada.

“No es que sea difícil controlar, lo que no es posible es tener una única forma de control”, mencionó Rintoul sobre la aparente complejidad en las tareas fiscalizadoras.

El Gobierno la había incluido en su primera versión del proyecto de Ley de Bases dentro del listado de empresas públicas que hubieran quedado “sujetas a privatización”. Casi cuatro meses después de aquel primigenio borrador, Polo Tecnológico Constituyentes quedó afuera del interés privatizador de la administración de Javier Milei.