El Gobierno barrerá áreas y fusionará organismos por decreto y se desata la pelea de los funcionarios por sobrevivir
Entes como el ENRE y el Enargas podrían fusionarse, así como también el INTI y el INTA; en el mundo del transporte hay varias reparticiones que terminarán por desaparecer
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LA NACIONDiego Cabot
Achicar el Estado fue siempre uno de los grandes ejes de la campaña electoral que lo llevo a Javier Milei a la presidencia, pero además se convirtió en uno de los pilares de su gestión. Terminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno inició un debate interno para darle forma final a la estructura administrativa con la que la Casa Rosada enfilará hacia la segunda parte de su mandato.
Una batería de decretos se debate en el seno de la administración libertaria. La idea los funcionarios que trabajan cerca del Presidente es publicar todas las normas necesarias como para modificar estructuras, eliminar oficinas, fusionar unas con otras y crear nuevas dependencias que concentren funciones duplicadas.
El camino de esas normas empezó a transitar, por estas horas, el momento más turbulento. Sucede que los equipos técnicos avanzaron con su trabajo que consistía en detectar qué dependencia u organismo podría ser modificado o incluso eliminado. Esa carpeta ingresó, ahora, en el maravilloso territorio de la política. Y ahí empezó la complicación.
Para entender: Cada número uno de un organismo tiene una terminal en el vértice de la Casa Rosada. Y nadie quiere perder manejo de políticas públicas, presupuesto, personal, en una palabra, poder. Los eliminados o fusionados, levantan la voz; y los lugares nuevos que manejarán varias áreas que antes estaban divididas se disputan como siempre hizo la política.
A los ejemplos. Según lo que confirmaron varias fuentes que trabajan en el asunto, hay decenas de oficinas que podrían cambiar su fisonomía actual y hasta desaparecer. “En todos los ministerios hay casos concretos”, dijo un funcionario que trabaja en la iniciativa.
En el mundo aerocomercial ya se prepara hace tiempo una simplificación de los organismos. Allí se puede contar a la Secretaría de Transporte Aerocomercial, a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Para poner números, la ANAC cuenta con 1721 empleados; el Orsna, 201 trabajadores y la EANA, 2361 dependientes. A ellos se suma todos los que prestan servicio en la subsecretaría que depende, además, de la Secretaría de Transporte. Varios equipos técnicos empezaron a revisar la estructura. La idea era fusionar todo en un solo lugar.
Y empezaron los problemas. El más fácil de eliminar es el Orsna, un ente de control que maneja la tasa aeroportuaria, decide su destino y autoriza obras en el Sistema Nacional de Aeropuertos. Es decir, trabaja para el contrato que tiene Aeropuertos Argentina 2000 con el Estado. Ese organismo tiene los días contados.
La ANAC, más allá de la política que se metió hace tiempo, especialmente cuando La Cámpora y sus dirigentes se hicieron cargo, debería ser un organismo técnico. A su vez, tiene firmado acuerdos internacionales para el control y autorización de vuelos de las aeronaves. Gran parte de los cambios deberían ser aprobados por las otras partes en esos acuerdos con agencias internacionales. Igualmente, es posible que la Subsecretaría, la ANAC y el Orsna caminen hacia una confluencia.
La EANA es una sociedad del Estado. Entonces, el camino debería ser una liquidación y no la fusión con otro organismo. Claro que podría quedar en una repartición oficial, pero el camino es otro dado que la rige la ley de Sociedades.
En el supuesto caso que esto se pudiera resolver, aparece el problema de quién manejará el área, que tendrá el poder absoluto en el tema. El terreno de la política y el poder se mete de lleno en el asunto. En esta área, por ejemplo, se cruzan los intereses del secretario de Transporte, Franco Mogetta; los del asesor presidencial, Santiago Caputo, y los de otros funcionarios que fueron colocando sus alfiles.
Otra de las áreas que se revisa con atención son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y su primo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El primero tiene 2391 empleados y el segundo, 6412. A este mundo se suma el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, con otros 5530 empleados. Allí cerca está la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), con una nómina de 1235 dependientes. Como si esto fuese poco hay una estructura administrativa, que alguna vez fue ministerio, y que tiene varias reparticiones con funciones similares.
“¿Podría surgir una agencia que maneje toda esta estructura?”, preguntó LA NACION a un empinado funcionario. “Difícil poder congeniar semejante cantidad de cosas y funciones, pero esa era la idea principal. Como la ANAC, también en estos organismos existen compromisos internacionales, certificaciones y validaciones cruzadas. Nada es sencillo pero la intención es esa, fusión y desaparición.
Dos cuadras más allá está la Junta Nacional de Seguridad del Transporte con 512 empleados, y vecina de ella, la Comisión Nacional de Control de Regulación del Transporte (CNRT), con 1721. Nadie puede asegurar que seguirán igual después de esta batería de decretos.
Hay más. Dos organismos de control, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) tienen sellado el futuro. Se creará uno nuevo que subsuma ambas funciones, pero hasta que no funcione, los anteriores continuarán en ejercicio de sus atribuciones. “La intención es consolidar una sola estructura”, dijo un funcionario. El controlador del sistema eléctrico tiene 342 empleados, mientras que el otro 537, según datos del Indec actualizados a febrero, último reporte disponible.
La reconfiguración de las áreas inevitablemente derivará en una reducción de la cantidad de trabajadores empleados en ambas dependencias. Hay más, quedó en la mira también el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y las dependencias de la Secretaría de Energía.
Hay un órgano de control más que también podría terminar en un archivo: el Ente Regulador de Aguas Sanitarias. El ERAS solo controla un contrato, el de la estatal Aguas y Saneamientos (AySA). Pero como la empresa es pública, no hay contrato de concesión. Con el tiempo, el ERAS se ha transformado en una recepción de quejas de los usuarios. Además, según lo que el mismo organismo declama, realiza tareas de concientización sobre le consumo responsable del agua. Tiene los días contados.
A su lado convivía el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), un organismo estatal que se encargaba de la planificación, ejecución y gestión de obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y que fue disuelto por el Gobierno el 13 de noviembre de 2024. Sus funciones fueron absorbidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ese será el destino de muchos despachos oficiales.
De acuerdo con datos de Indec, se reportan 68 dependencias que se denominan “administración descentralizada”. Allí conviven desde el Conicet hasta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y en total tienen 122.447 empleados. En ese universo están, por caso, Instituto Nacional de Vitivinicultura (457 empleados) y el Instituto Nacional de Semillas (243 trabajadores), dos de las dependencias que tienen anotadas en el margen un enorme signo de interrogación.
En el área de la minería, donde hay una secretaría de Estado, también se posó la mira como para subsumir algunas áreas en otras. Por caso, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), con 329 empleados, podría terminar dentro de la estructura de la administración central.
Otra de las fijas es la desaparición de Vialidad Nacional, así como también de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.
Los tiempos son escasos. Intentarán llegar a tiempo para que todo suceda antes de que se cumpla el año de vigencia de la ley Bases, es decir, el 9 de julio próximo. Sucede que entonces se caen las facultades delegadas de las que goza el Presidente. “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, dice la ley.
Por último: ¿sólo se trata de achicar el Estado? Claro que no, detrás subyace otro tema y que es achicar la cantidad de cargos con poder de decisión concretas. El Presidente no quiso servirse muchas veces de los equipos técnicos que tiene y le ofrece el expresidente Mauricio Macri. Y sin la suficiente gente de confianza, lo mejor es tener menos casilleros que llenar, aunque tengan más funciones.
Ahora queda pulir la cuestión técnica, pero, sobre todo, ver quienes ganan las pequeñas pulseadas para controlar más lugares con una misma persona. En definitiva, ver quién acomoda mejor sus alfiles en un tablero más pequeño.
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