El Gobierno inició conversaciones con el BID para buscar fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca
Fuentes diplomáticas confirmaron que antes de aprobar una línea de financiamiento precisan un relevamiento completo para determinar montos; en paralelo, existe un crédito internacional de US$200 millones firmado en 2023 con un organismo del Banco Mundial
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
Desde que el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dijo que reconstruir la ciudad azotada por la inundación tiene un costo de $400.000 millones, se disparó una pregunta: ¿de dónde vendrá esa plata? Según confirmaron fuentes diplomáticas a LA NACION, el Gobierno llevó su pedido de ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que “hay conversación permanente”, pero en las últimas horas apareció la idea de explorar una línea de financiamiento que busque revertir los destrozos que dejó el agua, como puentes rotos, rutas intransitables, hospitales, escuelas y otros edificios con riesgo de derrumbe y una obra hidráulica, el canal Maldonado, completamente desbordado.
El BID es un organismo de crédito multilateral que financia obras de infraestructura en América Latina. Por ese motivo, su asistencia en la reconstrucción de Bahía Blanca sería razonable. “Primero, se debe tener un relevamiento serio”, indicaron las fuentes al tanto de los diálogos. Esto significa que, pese a la cifra de $400.000 millones, esta línea diplomática precisa un detalle mayor sobre el alcance de los destrozos para fijar una cifra más exacta en la negociación.
LA NACION consultó de manera formal al Gobierno sobre sus conversaciones con representantes del BID y otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco han brindado información desde la Secretaría de Obras Públicas sobre su involucramiento en la reconstrucción de Bahía Blanca.
En paralelo a esto, el Ejecutivo cuenta con otra vía diplomática, por fuera del BID. Se trata del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que depende del Banco Mundial. En octubre de 2023, la administración de Alberto Fernández firmó un contrato con la entidad por un préstamo de US$200 millones. Según el decreto que habilitó dicho acuerdo, los fondos tenían el objetivo de dar cobertura para “Infraestructura resiliente al clima para la mitigación y adaptación del riesgo de inundaciones en ciudades críticas, Mejora de la Capacidad Institucional y Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión del Proyecto y Componente Contingente de Respuesta de Emergencia (CERC)”.
Según datos oficiales, el Gobierno nunca usó esos dólares disponibles y podría hacerlo en caso de que solicitara desembolsos. Sin embargo, no todo sería tan rápido y fácil como parece. Los fondos comprometidos para ese contrato contenían subproyectos ubicados en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Jujuy. ¿Pueden cambiarse esos subproyectos para destinar la ayuda a Bahía Blanca? Sí, pero llevaría más tiempo, según describieron los especialistas.
La gestión de ese financiamiento que tenía como objetivo desarrollar obras para mitigar posibles inundaciones posee un detalle curioso. La impulsó en 2023 quien estaba al frente de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
También existen otras vías de ayuda económica. Cada vez que alguien cargue nafta podría estar realizando una donación indirecta para la reconstrucción bahiense. Esto surge del impuesto a los combustibles, que tiene, según la ley que lo creó, una asignación específica. Esto implica que lo que recauda tiene de antemano una función prefijada. En este caso, el 4,3% de lo que se paga por este tributo es derivado al Fondo Hídrico de Infraestructura.
En enero, el fisco explicó que por el “Impuesto a los Combustibles ingresaron $262.914 millones con una variación interanual de 470%”. El 4,3% de eso serían $11.305 millones. Y en febrero, la recaudación total del tributo fue de $339.280, razón por la que otros $14.589 millones deberían ser derivados al Fondo Hídrico de Infraestructura. Es decir, en los primeros dos meses del año sumó $25.894 millones.
Otro tributo que tenía asignación específica era el impuesto PAIS. El 19,5% de lo que recaudaba debía destinarse a obras de Infraestructura Económica, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. En diciembre pasado, mediante un decreto firmado el presidente Javier Milei, el Gobierno estableció que la Secretaría de Obras Públicas debía pagarle al Tesoro la cifra de $1 billón, como resultante de los fondos que no se utilizaron, producto de la motosierra en la obra pública.
En consecuencia, debió emitir un pagaré cuya fecha de vencimiento es el 18 de marzo. Independientemente de si Obras Públicas transfirió ese dinero al Tesoro, se trata de movimientos de plata intra Estado.
A su vez, los ojos están puestos sobre la administración de Axel Kicillof. Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza -el bloque está presidido por Agustín Romo- presentaron un proyecto de ley para “la readecuación de partidas presupuestarias destinadas a temáticas de género, pauta oficial, comunicación pública, festivales musicales, etc., para destinadas a la emergencia en Bahía Blanca y la zona”.
Desde la gestión Kicillof informaron que en las próximas horas definirán qué partidas utilizarán para dar asistencia a las personas damnificadas, pequeñas y medianas empresas y obras de infraestructura.
Por Ignacio Grimaldi
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