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El Gobierno pone en marcha un plan para bajar lo que gasta en alquileres
Según datos oficiales, se dieron de baja 71 contratos y otros 21 no se renovaron; el ahorro anual proyectado supera los $2000 millones y con la fusión de organismos se espera abandonar oficinas y profundizar ese ajuste
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“¡Afuera!”, gritaba Javier Milei antes de asumir la presidencia. Ya en funciones, comenzó a seguir de cerca el tablero con todas las estructuras del Estado, confeccionado en el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Según datos oficiales, se cerraron organismos y se eliminaron 45.164 empleos. Entonces, ¿qué pasa con las oficinas donde antes trabajaban?
De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Gestión de Activos Físicos, existen 52 dependencias del Estado que alquilan algún tipo de propiedad. Entre ellas se encuentran ministerios, secretarías, empresas públicas, universidades nacionales y organismos descentralizados. La necesidad de obtener más oficinas, o de recortar su cantidad, también habla del tamaño de la administración pública.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informó en 2024 que “se dieron de baja 71 contratos de alquiler” en todo el territorio nacional. A su vez, el informe presentado al Congreso por la Jefatura de Gabinete agregó que en el primer trimestre del año no se renovaron otros 21 contratos.
En consecuencia, el Gobierno proyecta un ahorro anual superior a los $2000 millones, que podría aumentar con la continuidad de reformas que adelantó Milei. De todos modos, esa cifra se queda pequeña en comparación con los $25.611 millones que el Estado gastó en alquileres durante 2024.
Las cinco dependencias que encabezan el ranking de erogaciones por alquileres son ARCA (ex AFIP), ANSES, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Secretaría de Obras Públicas.
En el caso del fisco, su gasto ascendió a $5737 millones, según datos oficiales. Fuentes de ARCA indicaron que el organismo comenzó a cerrar agencias y receptorías alquiladas. De esta manera, proyectaron un ahorro anual de $798 millones solo en alquileres. Si se consideran los servicios de limpieza y seguridad, el recorte llegaría a $2289 millones.
La Anses registró un gasto de casi $3000 millones en alquileres. En parte, esto se debe a su territorialidad y la presencialidad de sus trámites.
La Superintendencia de Servicios de Salud reviste una situación particular. En agosto vence el contrato de alquiler de sus oficinas en el microcentro porteño. Al no renovarlo, sus autoridades explican que recortarán buena parte de sus gastos en este rubro, al tiempo que cuestionan decisiones de la gestión anterior.
Tal como narraron, la SSS funcionó tradicionalmente en un edificio ubicado a tres cuadras del actual, pero en noviembre de 2023, un mes antes del traspaso de mando, se firmó el contrato vigente, cuyo costo mensual es de $221 millones y representa el 94% de los gastos en esta materia.
Si bien la Superintendencia de Riesgos del Trabajo pagó $2382 millones por alquileres en 2024, sus autoridades indicaron que se financia con “partidas extrapresupuestarias”. Es decir, no demandó fondos al Tesoro, sino que cubrió sus obligaciones con lo que las ART pagan por su intervención.
La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, se ubicó quinta en el ranking, con casi $165 millones mensuales en alquileres. Sin embargo, los recortes prometen reducir ese número. Fuentes oficiales explicaron que el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) desencadenó un proceso de desocupación del décimo piso del edificio de Avenida Corrientes 1750. Además, detallaron que la Secretaría ocupa el 55% del edificio YPF ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 765.
Un informe del área comandada por Sturzenegger indica que la reducción de alquileres también impactará en otros gastos vinculados al cuidado de inmuebles, como seguridad y limpieza.
En retrospectiva, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estimó que el ahorro generado por los cierres, reducción de personal y cambios en la infraestructura laboral alcanza los US$1761 millones.
A propósito, cuando LA NACION reveló que un exfuncionario de la gestión bonaerense de Daniel Scioli, Luis “Chiche” Peluso, duplicó sus contratos con el Estado a través de su empresa de limpieza Lincer Sacis, una fuente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes adelantó que, en la próxima reestructuración, dicha dependencia podría tener menos oficinas y modificaría contratos como el mencionado.
Este caso también aplica en la Anses, una de las dependencias con más alquileres. De hecho, la empresa de Peluso recibió cinco contratos en un mismo día por servicios de limpieza en varias de sus sedes regionales. Ese 6 de febrero obtuvo esas licitaciones por un total de $17.827 millones.
